Al menos 97 por ciento de las madres buscadoras en México ha enfrentado violencias y afectaciones al buscar a sus desaparecidos, entre las que destacan amenazas, extorsiones, ataques, desplazamientos forzados, secuestros, tortura, violencia sexual, desapariciones y asesinatos, reveló el informe «Desaparecer otra vez» de Amnistía Internacional (AI).
Además de afrontar la búsqueda de sus seres queridos, entre las más de 128 mil víctimas de desaparición en el país, las madres buscadoras enfrentan «además un creciente número de violencias y afectaciones, que han llegado al extremo de costarle la vida al menos a 16 de ellas», señaló AI en el informe, que reúne 600 testimonios de mujeres de 30 estados de México y de países como El Salvador, Guatemala y Honduras.
Además de las agresiones más comunes, de acuerdo con el informe una de cada dos buscadoras ha sufrido discriminación por género, situación económica, identidad étnico-racial, pertenencia a pueblos indígenas y por origen nacional o situación migratoria. «Se detectó también que una de cada dos buscadoras ha sufrido estigmatización y revictimización por parte de las autoridades e incluso de sus propias familias y comunidades», señala el documento.
«No es lo mismo un rico que un pobre. Desapareció alguien con dinero y lo encontraron porque fue prioridad para la Fiscalía, mientras que a mí ni siquiera me dan citas para buscar a mi hijo», se lee en un testimonio anónimo de una madre buscadora en la capital de Colima.
Entre las violencias las mujeres también señalaron la «reiterada falta de compromiso y actuación en las búsquedas» por parte de las instituciones públicas, así como denunciaron los obstáculos oficiales para para ser reconocidas como víctimas. Además, indicaron que los apoyos que les brindan las comisiones estatales de atención a las víctimas son «insuficientes, demorados y culturalmente inapropiados», a lo que AI agregó que los retos para la atención «son aún mayores para las mujeres buscadoras indígenas y las familias de personas migrantes desaparecidas».
De acuerdo con el informe, sólo 17 por ciento de las mujeres buscadoras acudió a las autoridades para denunciar actos de violencia y afectaciones o a solicitar sus servicios, principalmente por factores como desconfianza en el gobierno, desconocimiento de derechos y la percepción de cooptación de servidores públicos por el crimen organizado.
«A diferencia de otros países donde los Estados son quienes buscan a las personas desaparecidas, en México son las mujeres quienes encabezan la búsqueda, con sus propias manos, picos y palas, localizan y excavan fosas. Lo hacen en condiciones de alto riesgo, ingresando a zonas peligrosas o incluso cruzando fronteras para seguir buscando a sus seres queridos. Estas omisiones del Estado no sólo las colocan en una situación de grave vulnerabilidad, sino que además les impiden el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, como es su derecho», dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.
La organización de derechos humanos reiteró la urgencia de que las autoridades mexicanas garanticen el derecho de las mujeres a buscar a sus seres queridos y adoptar medidas que detengan «las constantes y continuadas violaciones de los derechos humanos que ellas sufren al realizar su labor», por lo que incluyó en el informe una serie de recomendaciones para avanzar en la protección de las colectivas de búsqueda.
COMUNICADO:
Las mujeres que se encargan de buscar a sus seres queridos, entre las más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas en México, deben enfrentar además un creciente número de violencias y afectaciones, que han llegado al extremo de costarle la vida al menos a 16 de ellas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en el Informe Desaparecer Otra Vez. Éste incluye el testimonio de 600 mujeres buscadoras de 30 estados de México y de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Las mujeres generosamente compartieron sus experiencias a través de cuestionarios, grupos de enfoque y entrevistas.
“Las mujeres buscadoras realizan una labor muy importante de defensa de derechos humanos en un ambiente sumamente hostil. A pesar de las graves violencias y afectaciones que viven, han sido sororas con otras familias que pasan por la misma situación. Han impulsado leyes, políticas públicas y la creación de instituciones orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades deben garantizarles el derecho a buscar a sus seres queridos y también adoptar las medidas que pongan fin a las constantes y continuadas violaciones a los derechos humanos que ellas sufren al realizar su labor”, declaró Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, se acompaña de la campaña #BuscarSinMiedo que exige a las autoridades acciones concretas para proteger a las mujeres buscadoras en Las Américas.
¿Qué sucede a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos?
El informe detalla que 97% de las mujeres buscadoras entrevistadas declaró haber enfrentado violencias y afectaciones al buscar a personas desaparecidas. Entre las primeras destacan amenazas (45%); extorsiones (39%); ataques, (27%), desplazamientos forzados (27%); secuestros (6%), tortura (10%), e incluso violencia sexual, desapariciones y asesinatos.
“Mi casa fue balaceada, fueron 100 balazos, estaba con mis hijas, fue espantoso”
Testimonio de una mujer buscadora anónima en Chilpancingo, Guerrero.
Además, una de cada dos buscadoras ha sufrido discriminación por género, situación económica, identidad étnico-racial, pertenencia a pueblos indígenas y por origen nacional o situación migratoria. Se detectó también que una de cada dos buscadoras ha sufrido estigmatización y revictimización por parte de las autoridades e incluso de sus propias familias y comunidades.
“No es lo mismo un rico que un pobre. Desapareció alguien con dinero y lo encontraron porque fue prioridad para la Fiscalía, mientras que a mí ni siquiera me dan citas para buscar a mi hijo”.
Testimonio de una madre buscadora anónima en Colima, Colima.
También se detectaron afectaciones al núcleo familiar por la desaparición de uno de sus integrantes. Al respecto, de las 600 mujeres buscadoras entrevistadas para el informe, 60% reportó deterioro de las relaciones familiares, problema que se acrecienta por la falta de un sistema de cuidados que les permita seguir sus roles como cuidadoras a la par de realizar labores de búsqueda, 70% han tenido afectaciones en materia de salud física y mental, como depresión, insomnio y aparición de enfermedades o deterioro de enfermedades preexistentes y 60% reportó pérdida de recursos.
“Tenía problemas para respirar, me ahogaba constantemente, tienes que ir al dentista porque pierdes la dentadura. Hay un desgaste físico y mental de buscar 15 años”.
Araceli Rodríguez, madre buscadora del Estado de México.
“Ya no había gasolina para salir a buscar a mi hijo. Duré casi un año y medio sin luz, sin agua, a veces sin comer”.
Verónica Durán, buscadora de Guanajuato.
Desconfianza en las Autoridades
Las mujeres buscadoras identificaron en las instituciones públicas una reiterada falta de compromiso y actuación en las búsquedas de personas desaparecidas, lo cual ha llevado a las primeras a realizar la mayor parte del trabajo, incluso en las búsquedas organizadas por las autoridades.
“A diferencia de otros países donde los Estados son quienes buscan a las personas desaparecidas, en México son las mujeres quienes encabezan la búsqueda, con sus propias manos, picos y palas, localizan y excavan fosas. Lo hacen en condiciones de alto riesgo, ingresando a zonas peligrosas o incluso cruzando fronteras para seguir buscando a sus seres queridos. Estas omisiones del Estado no solo las colocan en una situación de grave vulnerabilidad, sino que además les impiden el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, como es su derecho”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.
El informe indica que solo 17% de las mujeres buscadoras acudió a las autoridades para denunciar actos de violencia y afectaciones o a solicitar servicios. Esto se debe a diversos factores, como desconfianza en el gobierno, desconocimiento de derechos e, incluso, percepción de cooptación de servidores públicos por el crimen organizado.
Las mujeres entrevistadas consideraron positivo que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los mecanismos estatales de protección les reconozcan como defensoras de derechos humanos y les brinden medidas de seguridad. Sin embargo, advirtieron que “[para] quien no está en los reflectores, el mecanismo no sale a dar la cara”. Además, señalaron que dichos mecanismos de protección no aplican un enfoque integral con perspectiva de género y de infancias al brindar medidas de seguridad. Tampoco realizan un adecuado seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas.
Las buscadoras refirieron problemas para ser reconocidas como víctimas y que los apoyos que les brindan las comisiones estatales de atención a las víctimas son insuficientes, demorados y culturalmente inapropiados. Los retos para la atención son aún mayores para las mujeres buscadoras indígenas y las familias de personas migrantes desaparecidas.
Como víctimas indígenas “estamos en un piso diferente, mucho más desproporcional cuando venimos de los pueblos”.
Beatriz Zapoteco, buscadora de Guerrero.
Las mujeres también mencionaron que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República recurrentemente mantienen prácticas contrarias a los estándares internacionales, como pedirles que esperen 72 horas para interponer una denuncia por desaparición.
“No querían que pusiera la denuncia [de desaparición de mi hija], porque tenía que esperar 72 horas porque, según ellos, estaba con el novio muy feliz y por eso no sabíamos de ella”.
Testimonio de una madre buscadora anónima en Juárez, Chihuahua.
Respecto al Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, un mecanismo creado para facilitar el acceso a la justicia a personas migrantes y sus familias que se encuentran en otro país, las mujeres buscadoras enfatizaron las dificultades que tienen las familias de personas migrantes desaparecidas para interponer las denuncias, dar seguimiento a sus casos y acceder a territorio mexicano.
“Una de las principales dificultades es ir a México, porque no hay tarjeta por razones humanitarias. Cruzar las fronteras es lo que más se nos dificulta. Si no estamos con organizaciones de la sociedad civil no nos toman en cuenta, nunca nos darían esas tarjetas”.
Mary Rodríguez, buscadora hondureña.
La investigación incluye una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas para avanzar en la protección de las colectivas de búsqueda. Entre ellas, Amnistía Internacional insta a las autoridades mexicanas a reconocer la importante labor de las mujeres buscadoras y el derecho que tienen a buscar, ya sea en conjunto con las autoridades o de forma independiente, y que se garanticen sus derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.
“Todas las medidas gubernamentales en materia de desaparición deben contar con la efectiva participación de las buscadoras. Hoy seguimos recordando que ¡sin las familias, no! Es fundamental reconocer también el rostro femenino de la búsqueda e incorporar una perspectiva de género e interseccional”, destacó Edith Olivares Ferreto.
