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“¿A los uniformados quién los cuida?”: policías de CDMX protestan en el Zócalo tras agresiones del 2 de octubre

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han ofrecido garantías suficientes para proteger al personal que se despliega en eventos de riesgo, como en marchas.

Para exigir mejores condiciones de seguridad durante protestas como la del 2 de octubre, y la destitución de algunos mandos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se manifestaron este lunes en la plancha del Zócalo.

Los elementos de seguridad declararon ante medios que las autoridades no les han ofrecido garantías para protegerlos en manifestaciones en donde se les pone en riesgo, en particular, por el llamado “boque negro”.

“En México está permitido agredir, golpear, lesionar y asesinar al policía”, dijo uno de los uniformados que salió a protestar.

En sus pancartas se leían mensajes como “Nadie cuida a los policías, ya basta” “¿A los uniformados quién los cuida?” “Justicia para el policía, el bloque negro es la delincuencia disfrazada” “No más abusos ni amenazas contra los policías”.  Mientras gritaban “¡Policía escucha, tu familia está en la lucha!”.
De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han ofrecido garantías suficientes para proteger al personal que se despliega en eventos de riesgo, por lo que demandaron cambios estructurales y atención inmediata a sus peticiones.

Policías resultaron lesionados tras marcha del 2 de octubre

Durante la marcha del 2 de octubre, elementos de seguridad fueron agredidos por manifestantes, dejando 94 policías lesionados, de los cuales cinco permanecen hospitalizados.

Autoridades capitalinas indicaron que 350 personas con el rostro cubierto participaron en las agresiones a establecimientos y comercios, así como a los uniformados.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, dijo: “Queremos ser enfáticos, condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación. No cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada por modelos del pasado, pero no. Es una policía que avanza con la mirada en el futuro”.

Tras los hechos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, publicó un mensaje en el que expresó su solidaridad “con quienes resultaron heridos” en la protesta, e informó que instruyó un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación para los elementos de la policía capitalina.

“Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”, añadió.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

A un año de la despenalización, fiscalía de Michoacán abrió 11 carpetas de investigación contra mujeres por abortar

Hace un año, la marea verde tomó espacio en Michoacán, logrando la despenalización del aborto; no obstante, la lucha continúa, pues la criminalización y las múltiples barreras impuestas por el Estado siguen poniendo en riesgo el derecho de las mujeres a un servicio seguro, gratuito y accesible.

El 10 de octubre del 2024, el estado de Michoacán declaró que la interrupción del embarazo sería legal pero desde entonces la Fiscalía General del Estado, se han abierto 11 carpetas de investigación contra mujeres michoacanas.

El municipio que ha abierto más carpetas fue Morelia, con un registro de 6, seguido de La Piedad con un total de 2, y Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora con 1 caso investigado cada uno.

Además, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud, en Michoacán se registraron 24 muertes maternas, de las cuales se destacó que el aborto ha sido una de las principales causas de fallecimientos.

Sumado a ello, en entrevista con Cimacnoticias, Fernanda Serrato, integrante de Defensoras Digitales Michoacán, denunció las múltiples trabas que siguen enfrentando las mujeres para acceder al aborto, pues declara que las instituciones de salud cuentan con una nula capacidad para proporcionar un servicio óptimo.

Esto se ha visto reflejado en la falta de hospitales que cuentan con personal capacitado, falta de protocolos, violencia obstétrica y la centralización del servicio, que deja afuera a todas aquellas que residen lejos de la capital.
Asimismo, uno de los grandes retos que han enfrentado es la objeción de conciencia, por lo que el personal de salud ha llegado a negarles el servicio bajo el argumento de que va en contra de su moral; sin embargo, asegura la defensora, que si un médico se niega, deben asegurar que otro proporcione el servicio, situación que no ha ocurrido en Michoacán.
Cabe destacar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su texto Directrices sobre la atención para el aborto, se ha recomendado a los Estados que regulen la objeción de conciencia para proteger el acceso integral a este servicio. Dado que deben asegurarse de ofrecer las mejores prácticas clínicas internacionales y proteger a las mujeres que soliciten un aborto, están obligados a garantizar que la negativa del personal de salud no socave ni obstaculice el acceso a un aborto seguro y de calidad.

Además de la criminalización judicial que aún enfrentan en la entidad, la criminalización social no se ha eliminado, por lo que persisten los estigmas y la discriminación contra aquellas que deciden ejercer su derecho. Esta situación resulta alarmante, pues las michoacanas no solo no reciben apoyo institucional, sino que la misma sociedad se interpone contra sus derechos.

El haber logrado la despenalización del aborto, pese a que ha sido un logro que ha querido adjudicarse el gobierno, señala que el movimiento feminista luchó por él desde 2018, situación que advierte no se les ha otorgado el crédito, pues se ha politizado la causa, olvidándose de garantizar el aborto en su totalidad, por lo que ahora nuevamente son los movimientos sociales los que seguirán luchando para que esto se materialice.

Ante ello, Fernanda exige a las autoridades que, en cuanto a infraestructura y equipamiento, los hospitales cuenten con instalaciones adecuadas, instrumentos y todos los insumos necesarios, incluyendo los más básicos en materia de higiene y salud. Señala que la escasez de insumos y la falta de espacio en algunos lugares afectan directamente la atención que se brinda a las pacientes. 

Además, al tratarse de una decisión compleja, considera indispensable contar con psicólogas o psicólogos que puedan proporcionar una atención adecuada y especializada. 

Finalmente, en materia de prevención, solicita que la atención de salud sexual y reproductiva se imparta con perspectiva de género, y que se establezca por ley la obligación de implementar capacitaciones dentro de las instituciones para eliminar estigmas y garantizar que las pacientes no sufran tratos indignos.

No es un hecho aislado

Esta situación no es nueva, ni aislada. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ya había señalado que el IMSS cuenta con una norma interna que impone requisitos adicionales que obstaculizan el acceso al aborto durante las primeras doce semanas de gestación.

En su informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México”, GIRE reportó que en junio de 2023 interpuso un amparo contra dicha norma, que antes solo aplicaba en casos de violación, pero que ahora se ha extendido a todos los casos.

Entre los requisitos impuestos por el IMSS, se encuentran: obligar a las mujeres a realizarse un ultrasonido, presentar una opinión jurídica, contar con la firma de dos testigos o con una orden de un juez o agente del Ministerio Público.

Cimacnoticias previamente ya ha documentado que en estados como Zacatecas, mujeres que han acudido a unidades médicas que presuntamente brindan “aborto seguro» se les ha indicado que, para poder acceder al procedimiento, ellas mismas deben comprar su medicamento.

De igual forma, la criminalización del aborto en Veracruz ha ocasionado que, en su mayoría, las instituciones de salud no sigan métodos y protocolos correctos; haya desabasto de medicamentos abortivos; se haga revictimización y falta de empatía en el trato médico; y exista desinformación sobre la ruta de acceso a un aborto.

También se tiene identificado que el estado de Oaxaca sigue enfrentando dificultades en el ámbito operativo para que el acceso al derecho a decidir sea una realidad. Entre los principales problemas se encuentran la falta de información adecuada, insuficiencia de medicamentos necesarios o que los plazos para realizarlo no alcanzan en relación a las distancias geográficas de las unidades de salud.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: PAOLA PIÑA.

Cárteles ofrecen hasta 10 mil dólares por secuestrar y asesinar a agentes de ICE: Noem

Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), aseguró, el 5 de octubre de 2025, que cárteles del narcotrafico y pandillas ofrecían recompensas de hasta 10 mil dólares por secuestrar y asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

“Pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas conocidas han puesto recompensas por las cabezas de varios de nuestros agentes del orden. Estos disturbios violentos no se tratan de libertad de expresión. Se trata del estado de derecho contra la anarquía. Ganaremos”, escribió, en su cuenta de la red social X, la funcionaria federal estadounidense.

Noem acompañó esa declaración con un video de parte de la entrevista que tuvo con la cadena Fox News, la tarde del mismo día, en la cual aseguró que los cárteles y pandillas estaban organizados, además de que, según ella, “están reclutando más personas para su equipo con el fin de atacar a oficiales y están planeando en buscarlos y matarlos”.

La titular del DHS detalló que había oficiales y agentes específicos por quienes se ofrecían recompensas de dos mil dólares por secuestrarlos y de diez mil dólares por matarlos. Incluso, según dijo, que había publicado sus fotografías y las habían distribuido entre sus redes criminales.

“Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes”, afirmó Noem, quien luego informó que ya habían asignado protección a dichos agentes y habían cambiado algunas de sus operaciones, para mantenerlos a salvo.

“No se equivoquen, esto no es solo sobre protestar o que no les guste que se haga cumplir la ley. Están diciendo abiertamente, maten a estas personas y les daremos esta cantidad de dinero por hacerlo”, enfatizó la funcionaria federal estadounidense.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

“No soy traficante, soy inocente”, afirma Julio César Chávez Jr.

El boxeador sinaloense Julio César Chávez Carrasco afirmó, el 6 de octubre de 2025, que era inocente de las acusaciones en su contra, por sus presuntos vínculos con “Los Chapitos” y/o “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, una facción del Cártel de Sinaloa que lideran Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Güero Moreno” y/o “El Alfredillo”, así como a Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, estos últimos presos en Estados Unidos.

Durante una entrevista concedida con la cadena deportiva TUDN, el hijo del campeón de boxeo, Julio César Chávez González, narró cómo fue su detención en Estados Unidos y su deportación a México -luego de haber sido trasladado por tierra, durante más de 30 horas-, así como el proceso legal en su contra, por su supuesta vinculación con el crimen organizado.

“Claro que lo soy [inocente], no soy traficante. En Culiacán [de Rosales] todo mundo lo sabe, yo golpear gente para un cártel y esas cosas, no, no, yo no, gracias a Dios no he tenido la necesidad”, aseveró el pugilista sinaloense, de 39 años de edad.

“Muchas veces no se puede [alejarse de delincuentes], muchas veces hay que seguir la onda, porque no soy una persona que ande con gente cuidándome, ando solo, y si me saludan pues no sé quiénes son. Si me toca saludar a alguien espero estar bien y que se porten bien conmigo y convivir, no voy a estar preguntando quién es quién”, añadió Chávez Carrasco.

“Cuando me detuvieron en California me llevaron a una cárcel ahí que tenían como algo provisional a llenar el papeleo y yo me dije, ‘me van a deportar, pues estoy a dos horas de Tijuana, mándenme con mi papá’, y yo así de, ‘me hubieran dicho y me salgo solo, pero no’”, contó el boxeador sinaloense.

“Ahí empezó la travesía, de California fue a Arizona, que son tres horas, y luego seguimos 28 horas en cinco carros diferentes y me llevaron hasta Texas, y me tuvieron en una prisión ahí cinco días y después nos movieron a todos [los que estaban ahí] en un avión, todos esposados de pies y manos y me bajan en Arizona y ahí estuve 44 días detenido”, reveló Chávez Carrasco.

“[La detención] fue un shock para mí, jamás me lo esperaba, pues, que me detuvieran, tenía visa y tenía todo. Me salí a pasear en el patín y en la segunda vuelta que di llegó la patrulla, y llegaron cinco, y yo de ‘tengo visa, esta es mi casa’, y me la cancelaron ese mismo día”, recordó el pugilista sinaloense.

La Fiscalía General de la República (FGR) apeló, el 29 de agosto de 2025, la libertad provisional que un juez federal le concedió al boxeador sinaloense Chávez Carrasco, en el proceso que le iniciaron por sus presuntos vínculos con “Los Chapitos”, líderes de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) interpuso el recurso de apelación ante el juez de control Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora.

El juzgador federal turnará este recurso al Tribunal Colegiado de Apelación en dicha entidad, para que resuelva en segunda instancia si prevalece, modifica o revierte la libertad otorgada al boxeador sinaloense, una medida cautelar que la FGR considera ilegal.

El 23 de agosto de 2025, el juez Hernández Miranda vinculó a proceso a Chávez Carrasco por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos de tráfico de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, además de que fabrique armamento, municiones, cartuchos y explosivos.

Como medidas cautelares, Hernández Miranda sólo le impuso al boxeador sinaloense, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, así como no convivir, acercarse o comunicarse con los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y testigos, responsables de recabar los datos de prueba existentes dentro de la carpeta de investigación.

“Medidas cautelares que estarán vigentes hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente proceso penal, quedando a disposición de los jueces integrantes de este Centro de Justicia Penal Federal”, indicó el juez federal en su fallo, quien también fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La imputación contra Chávez Carrasco se basa esencialmente en dos conversaciones telefónicas de presuntos narcotraficantes en las que es mencionado, así como en los antecedentes que entregó Estados Unidos sobre sus registros migratorios y su detención por conducir alcoholizado.

La FGR incluyó como probanzas unos partes informativos de la Policía Federal Ministerial con notas periodísticas que refieren que el boxeador sinaloense se encuentra estable en un centro de rehabilitación.

Con base en las conversaciones telefónicas, la FGR presume que Chávez Carrascp era un “esbirro” del Cártel de Sinaloa porque presuntamente golpeaba, como costales de box, colgados, a los miembros de la organización que incurrían en descuidos que pudieran delatarlos.

Por encargo, el boxeador sinaloense supuestamente golpeaba a los subordinados de Néstor Ernesto Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”, detenido el 11 de noviembre de 2023 en Culiacán de Rosales y extraditado a Estados Unidos seis meses después.

Chávez Carrasco fue deportado el lunes 25 de agosto de 2025 y entregado en la Garita de Nogales, Sonora, tras ser detenido el 2 de julio del mismo año, en California, debido a la orden de captura solicitada por la FGR.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sorprende presencia de camión militar dentro de la UNAM

La UNAM informó que la incursión duró menos de cinco minutos y fue por una 'vuelta incorrecta'.

Jóvenes universitarios capturaron un video en el que se aprecia un camión del Ejército mexicano circulando dentro de Ciudad Universitaria, en el sur de la Ciudad de México.

En la parte trasera de la unidad viajaban una decena de elementos uniformados.

Los jóvenes que convivían en una de las áreas verdes del campus se sorprendieron por la presencia militar.
 

La escena llamó la atención porque la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está a cargo de su propia seguridad y la incursión de elementos del Ejército o la policía solo puede darse cuando exista plena cooperación, o en escenarios determinados de flagrancia o ante una orden judicial.

Este mismo lunes se registró el desalojo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ante una amenaza de bomba. Tras una revisión, no se encontró ninguna amenaza.

Además, planteles de educación media superior de la UNAM enfrentan críticas por la política de seguridad, ante el ataque de un estudiante que dejó un muerto y un herido en el CCH Sur.

La UNAM explica

Después del revuelo, la UNAM informó en comunicado que este lunes, a las 9:07 horas, un camión del Ejército Mexicano ingresó al circuito vehicular de Ciudad Universitaria, por avenida del Imán.

Personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvieron el vehículo para preguntar a dónde se dirigía, a lo que el conductor explicó que, por equivocación, dieron una vuelta incorrecta, indicándoles por donde podían retomar su ruta.

El vehículo salió por la calle Delfín Madrigal, a las 9:13 horas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Habilitarán registro único de salud para que derechohabientes se atiendan en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en enero próximo se habilitará un registro único para que los derechohabientes puedan atenderse en cualquiera de las instituciones públicas de salud.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que en enero del próximo año se habilitará un registro en el Sistema Nacional de Salud, con el que se buscará que los derechohabientes puedan atenderse en cualquiera de las instituciones públicas y sus historiales médicos se puedan compartir.

“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS Bienestar de acuerdo con lo que ellos nos digan o lo que cada persona diga”, señaló en conferencia.

“Para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones, porque el objetivo es generar un esquema para que, a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa, si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, y puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública”.

Destaca “fortalecimiento” del IMSS Bienestar

En su discurso por el primer año de su gobierno en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el IMSS Bienestar “se fortalece cada día” en las 23 entidades de la República Mexicana en las que opera.

Señaló que a finales de este año se habrán inaugurado 31 nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La mandataria federal destacó que durante su gobierno se implementó el programa Laboratorio en tu Clínica.
“En la gran mayoría de los centros de salud podrá haber laboratorios para poder diagnosticar adecuadamente a las personas. En diciembre será realidad para los 23 estados de la República, y también para Yucatán que se incorpora al IMSS Bienestar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU sanciona a ocho personas y una red de empresas por suministrar precursores de fentanilo a Los Chapitos

Las sanciones contemplan a integrantes de la familia Favela López, que incluyen a los hermanos Victor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Guadalupe, quienes operan para la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho mexicanos y una red de 12 empresas con sede en México, las cuales presuntamente están afiliadas a la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Esta red supuestamente suministra precursores químicos del fentanilo a la organización criminal.

De acuerdo con un comunicado, más de 500 mil estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo. El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera estadounidense, John K. Hurley, afirmó que el presidente Trump dejó en claro que detener el tráfico ilegal de drogas es “una prioridad máxima de seguridad nacional”.

“Bajo el liderazgo del subsecretario Bessent, el Departamento del Tesoro se ha comprometido a desmantelar las complejas redes financieras que apoyan a estas organizaciones terroristas”, indicó John K. Hurley.

Las sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló a la empresa de productos químicos y equipos de laboratorio o Sumilab, S.A. de C.V. Indicó que fue fundada en mayo de 2001 en Culiacán, Sinaloa, y fue sancionada por autoridades antinarcóticos por primera vez el 9 de mayo de 2023.

“Sumilab ha sido designada hoy por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para y a miembros y asociados del Cártel de Sinaloa”, de acuerdo con el comunicado.

Autoridades estadounidenses aseguraron que Sumilab está dirigida por la familia Favela López, que incluye a los hermanos Víctor Andrés Favela López, Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López y María Gabriela Favela López.

Además, participan en la empresa Jairo Verdugo Araujo, esposo de María Gabriela, y Gilberto Gallardo García, quien está casado con otra hermana de la familia Favela López.

Los dirigentes de la empresa presuntamente operan para la facción de Los Chapitos y son los responsables del suministro y distribución de precursores químicos y equipos de laboratorio para la producción de fentanilo y metanfetamina ilícitos.

“Además, los productos químicos se venden a empresas de Estados Unidos, donde se sintetizan para convertirlas en drogas ilícitas y, finalmente, se venden a clientes con sede en el país”, resaltó el Departamento del Tesoro.

La familia también opera una red de empresas químicas, de equipamiento de laboratorio y relacionadas con la agricultura, entre las que se incluyen Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V., y Distribuidora de Productores y Servicios Viand, S.A. de C.V.

Además de Favelab, S.A. de C.V., Favela Pro, S.A. de C.V., Qui Lab, S.A. de C.V. y Storelab, S.A. de C.V. “Poco después de que la OFAC sancionara a Sumilab en mayo de 2023, varios miembros de la familia intentaron distanciarse, al menos sobre el papel, de numerosas empresas de su red”, indica el comunicado.

Estados Unidos sancionó también a Martha Emilia Conde Uraga, conocida como “Martita”, quien presuntamente opera como intermediaria para el Cártel de Sinaloa y controla varios almacenes en Culiacán.

“Mediante facturas fraudulentas y otros métodos de ocultación, Conde Uraga suministra precursores químicos a narcotraficantes y operadores de laboratorios que trabajan para la facción Los Chapitos”, agregó el Departamento del Tesoro.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Peso avanza ante el cierre de gobierno de Estados Unidos

El dólar continúa debilitándose, pues ya se cumplen seis días desde el inicio del cierre de operaciones del gobierno estadunidense, situación que ha incrementado la incertidumbre en los mercados.

En este 6 de octubre, el peso inició la sesión con una ligera apreciación de 0.02%, cotizando en torno a 18.39 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg. 

Durante la jornada nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.48 pesos y un mínimo de 18.37 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el dólar continúa debilitándose, pues ya se cumplen seis días desde el inicio del cierre de operaciones del gobierno estadunidense, situación que ha incrementado la incertidumbre en los mercados. 
“El mercado está evaluando la probabilidad de que se logre un acuerdo entre republicanos y demócratas”, detalló la institución financiera. 
La atención de los inversionistas se centra en el Senado de Estados Unidos, que se reunirá a las 13:00 horas con el objetivo de votar, alrededor de las 3:30 p.m., una ley de gasto de corto plazo.

Esta sería la quinta votación realizada con el propósito de reabrir el gobierno, paralizado por la falta de consenso en el Congreso. 

Para aprobar la iniciativa se requieren 60 votos, lo que implica que los republicanos necesitan al menos siete votos demócratas para que el proyecto prospere. 

Entre los reportes que no se publicarán durante la semana si se mantiene el cierre, se encuentran la balanza comercial de agosto, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo correspondientes a la semana previa, y las finanzas públicas de septiembre. 

Banco Base recordó que aún está pendiente la divulgación de uno de los indicadores más relevantes para el mercado laboral. 
“Además, sigue pendiente la publicación del reporte de empleo de septiembre, que estaba originalmente programado para ser publicado el viernes 3 de octubre”, detalló.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

La Conade con Rommel Pacheco, el segundo piso de Ana Guevara

Fuera de la realización de eventos deportivos –un jugoso negocio– y de repetir hasta el cansancio que aumentó el monto de las becas y es cercano a los deportistas, el director de la Conade ha pasado sin pena ni gloria el primer año de su gestión.

A un año de haber tomado las riendas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el director Rommel Pacheco responde así a la pregunta de cuáles son sus acciones más importantes:

“La cercanía con los atletas. Muchos de ellos tienen mi número de teléfono, me escriben, me preguntan o me hablan y los canalizamos a cada una de las áreas para poder resolver (...) creo que eso, el aumento de becas; el planificar con los entrenadores qué viajes, qué competencias (...) lo que es facilitarles cosas (...) eh, hubo un incremento de monto de becas desde un inicio”.

Esta respuesta la dio durante una conferencia de prensa realizada el lunes 29 de septiembre a pregunta realizada por Proceso. Pero mientras el funcionario alardea sobre su cercanía y trato a los deportistas el pasado 20 de agosto, durante el último de día de trabajos de la sesión del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), que tuvo lugar en un hotel de San Pedro Garza García, Nuevo León, tildó de malagradecidos a los integrantes de la selección de para tiro con arco, quienes por esas fechas publicaron un video en el que le pidieron expresamente que destinara recursos para que 10 deportistas, y no sólo cuatro, pudieran participar en el Campeonato Mundial de Corea que se realizaría en septiembre.

“No puedo creer que sean tan mal agradecidos, todavía de que los tenemos en el Cnar (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento). Gracias a la intervención de Gabo (en alusión a Gabriel Ramos, presidente de la federación de este deporte, World Archery México) bajaron el video, pero no se vale. Cuéntales que hiciste”, reclamó Pacheco, visiblemente enojado.

“Hablé con ellos, le dije que debemos tener un canal de comunicación, que el dinero a veces no alcanza y que ellos no pueden hacer eso”, dijo Ramos, quien también es el empresario consentido de la Conade para la realización de eventos desde tiempos de Alfredo Castillo y de Ana Guevara. 

Cabe aclarar que los seleccionados de para tiro con arco no utilizan ni se concentran en el Cnar. Ellos, por ser del deporte adaptado, lo hacen en el Centro Paralímpico Mexicano conocido como Cepamex. 

Pacheco aprovechó para felicitar a Ramos por el excelente desempeño que está teniendo al frente del tiro con arco, pese a que esta federación, que calificó como “exitosa” aunque genera sus propios recursos sigue dependiendo del dinero que la Conade le otorga. No hay que olvidar que Ramos con sus empresas y aliados es quien ejerce los recursos públicos para realizar el grueso de los eventos deportivos. 

Durante la misma reunión del Sinade, Rommel Pacheco cuestionó que los deportistas y entrenadores se alleguen recursos de la Conade, pero también de los institutos de los estados a los cuales representan e incluso de las propias federaciones, del Comité Olímpico Mexicano y de la Secretaría de la Defensa. Esto, señaló, no debería ocurrir, pero pasa “por la falta de comunicación” entre estas instituciones. Y remató: “Luego parece como que no hacemos nada”.

También dijo que, aunque él no les va a decir cómo gastarlas, las becas que reciben los deportistas “deberían usarlas para financiar su preparación” y puso como ejemplo a las gemelas jaliscienses Lía y Mía Cueva, medallistas mundiales y campeonas panamericanas junior de clavados, quienes “recibían dos mil pesos de la Conade y ahora recibirán 44 mil” cada una, lo cual consideró que es demasiado dinero. Como deportista Pacheco hizo lo mismo que ahora cuestiona. 

No está por demás recordar que muchos deportistas han estado viajando a competencias durante 2025 con sus propios recursos que la Conade prometió reembolsar y otros no han ido a competencias porque la dependencia federal no les destinó dinero. 

Eventos, eventos y nada más que eventos

En la citada conferencia de prensa, Proceso también le preguntó a Rommel Pacheco acerca de los eventos, es decir, las competencias internacionales de dististas disciplinas deportivas de las cuales México ha sido sede desde que asumió como director.  

Extrañamente, Pacheco no mencionó una palabra acerca de alguno de ellos, pese a que en total, de acuerdo a los anuncios que ha hecho en conferencias y en sus redes sociales, suman en total 31 durante 2025, de los cuales sólo faltan cinco por llevarse a cabo entre octubre y diciembre de este año. 

El más importante de ellos el Grand Prix de judo que tendrá lugar en Guadalajara, del 17 al 19 de octubre y que, por la falta de dinero de la Conade, lo operará a reembolso el empresario Guillermo Ramírez González, un cercano al presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega. 

Igual que como ocurrió con Ana Guevara, Rommel Pacheco continúa operando de la mano de dos personas clave que son quienes conocen el teje y maneje con las federaciones: el coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, Ricardo Baez, herencia del grupo del priista Alfredo Castillo, y Alejandro Gutiérrez López, quien indebidamente es beneficiario de una beca de 45 mil pesos mensuales como si fuera deportista, integrante de un equipo multidisciplinario o analista técnico. Como ni siquiera es servidor público puede operar libremente.

Así Pacheco ignoró la instrucción que públicamente le dio la presidenta Claudia Scheinbaum sobre la necesidad de romper con las inercias del pasado.
Vamos a impulsar de diferentes formas el deporte social, el deporte comunitario y a través de esto queremos que se rompa la inercia que ha afectado mucho al deporte nacional. Creemos que la transformación del país tiene que ver también con el deporte, no podemos seguir con las mismas inercias que han existido por mucho tiempo -dijo la mandataria en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes 2025 que tuvo lugar en Palacio Nacional-.
Ahí mismo Rommel Pacheco se comprometió a terminar con las malas prácticas que prevalecieron durante la gestión de Guevara, el cual calificó como “un sistema que ya caducó”. Sin embargo, está siguiendo la misma línea que su antecesora.

Sin brújula

Durante el año que ha ostentado el máximo cargo del deporte nacional, Rommel Pacheco ni siquiera ha presentado su programa sexenal de trabajo como sí lo hicieron otros directores de la Conade. Públicamente nunca se ha referido a cuáles son las líneas de acción ni sus objetivos.

Lo que se sabe hasta ahora es lo que durante la sesión del Consejo Directivo del Sinade dio a conocer a los miembros y lo que se publicó el 5 de septiembre último en el Diario Oficial de la Federación sobre el Programa Sectorial de Educación 2025-2030 que hace referencia a garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, a partir de la promoción y estímulo de la educación física a nivel nacional, el deporte comunitario y el de alto rendimiento para fomentar la cohesión social y mejorar la salud de la población. Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública es la cabeza de sector de la Conade. 

Con excepción del eje número 12 denominado “deporte seguro”, las propuestas de Pacheco son una calca de otros programas presentados en administraciones pasadas, sobre todo durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, periodo en el cual el medallista olímpico Jesús Mena y el policía Alfredo Castillo estuvieron al frente de la Conade, como por ejemplo la creación de academias del deporte, la construcción de centros de alto rendimiento y la realización de eventos internacionales.

La Olimpiada Nacional, un derroche de recursos

De acuerdo con los convenios disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia a través de este instrumento la Conade gastó 654 millones de pesos sólo durante el primer semestre de 2025, de los cuales 300 millones se usaron para la Olimpiada Nacional, el máximo evento del deporte mexicano que durante los años 2023 y 2024, en tiempos de Ana Guevara, costó alrededor de 120 millones de pesos anuales, es decir, Rommel Pacheco incrementó el precio de ese evento masivo en un 250 por ciento. 

Solamente al estado de Jalisco que fue el lugar donde se realizaron el grueso de las competencias le entregó 144.3 millones de pesos, a Tlaxcala, entidad gobernada por la morenista Lorena Cuéllar y que ha sido favorecida como sede de múltiples eventos internacionales como el voleibol de playa y el tiro con arco, le dio otros 82.5 millones.

A Yucatán, estado natal de Rommel Pacheco, y el cual está claramente perfilado para convertirse en el nuevo paraíso de los eventos deportivos, le dio 32 millones. Y a los otras dos sedes, Colima y Puebla, les destinó, 29 y 12 millones de pesos respectivamente para llegar a la cifra histórica de 300 millones que se traducen en un derroche de recursos considerando, sobre todo, que la Conade no le pagó nada al Comité Olímpico Mexicano por utilizar el nombre de Olimpiada Nacional. 

Si se trata de federaciones deportivas, durante la gestión de Rommel Pacheco, igual que con Ana Guevara, la más favorecida es la de ecuestre que encabeza Juan Manuel Cosío, un deporte de élite que practican quienes forman parte de la clase social más favorecida de México. Al deporte de los ricos del país les entregó 40 millones de pesos durante los primeros seis meses del año, más el millón de pesos que les dio a finales de 2024 para el Campeonato Nacional de Salto en Querétaro. 

El segundo deporte con más beneficios es el tiro con arco, cuya presidente de la federación es el tlaxcalteca Gabriel Ramos, el empresario consentido del sexenio de Ana Guevara y también de Alfredo Castillo, quien junto con un grupo de empresas aliadas y amigas ha monopolizado la realización de eventos deportivos, entre ellos la propia Olimpiada Nacional, y los mencionados de voleibol de playa y de tiro con arco. Este deporte recibió 34.8 millones de pesos. 

La tercera disciplina que entre enero y junio de 2025 recibió más recursos de la Conade es el softbol con 23.4 millones de pesos. Esto equivale a que en ese periodo el 70 por ciento de los recursos públicos fueron a dar a sólo ocho beneficiarios entre institutos del deporte y federaciones deportivas. 

Dejando de lado el alto rendimiento para enfocarse en lo que se supone que es lo más importante del deporte entre los 100 compromisos de la presidenta Scheinbaum, Rommel Pacheco determinó entregarle 20 millones de pesos al Instituto del Deporte de los Trabajadores (Indet) para el programa de activación física denominado “Ponte Pila”. Para el mismo objetivo le dio otros 23 millones de pesos a 12 estados del país: Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Chihuahua y Colima.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.

Regresión democrática en una Constituyente de facto

Sin extender su mandato ni convocar a una Asamblea Constituyente, Andrés Manuel López Obrador logró que su Plan C se convirtiera en norma constitucional.

Un año después de concluir su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puede ufanarse de que su Plan C es ya, en sus puntos medulares, letra constitucional.

Y esto lo hizo sin necesidad de convocar a un proceso constituyente, como lo han hecho otros mandatarios latinoamericanos decididos a cambiar el régimen político de sus países. Y lo hizo, también, sin necesidad de extender su mandato.

Sólo le bastó dejar escrito el guion de su proyecto transexenal, el Plan C, que la presidenta Claudia Sheinbaum y el Legislativo –donde Morena y sus aliados tienen mayoría calificada, lo que les permite modificar la Constitución– han seguido al pie de la letra desdeñando a la oposición política, a la academia y a la sociedad civil.

López Obrador mostró el camino en septiembre de 2024, su último mes de gobierno, cuando en 15 días, ya con un nueva Legislatura en funciones, sacó adelante la reforma judicial que le habría de dar a Morena el control del Poder Judicial en las elecciones de junio de este año, las cuales estuvieron marcadas por los famosos “acordeones” para “orientar” a los votantes.

Antes de entregar el poder presidencial a Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, el líder moral de Morena también dejó lista la reforma constitucional que integró formalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que selló la militarización de la seguridad pública.

Lo que siguió después, ya en el gobierno de Sheinbaum, ha sido la implementación expedita de los puntos de gran calado del Plan C, como la extinción de los organismos autónomos, la redefinición del control estatal en empresas estratégicas y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.

También, la aprobación de las leyes secundarias de las reformas judicial y de la Guardia Nacional.

Desde su finca en Palenque, López Obrador ha visto cómo sus principales postulados políticos ya adquirieron rango constitucional.

El profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Colombia, Nicolás Figueroa García-Herreros, afirma que lo ocurrido en México en el último año a nivel legislativo “tiene todas las características de un proceso constituyente” diseñado para lograr “un cambio de régimen basado en la hegemonía de un partido”.

Y señala que, a diferencia de procesos constituyentes que ampliaron la democracia, el pluralismo y los derechos ciudadanos, como la Asamblea Constituyente de 1991 en Colombia, lo que está en marcha en México es un proceso de reformas constitucionales profundas que han llevado a la concentración del poder y a la imposición de nuevas reglas para posibilitar la continuidad del proyecto político lopezobradorista.

En ese sentido, afirma el abogado, doctor en sociología y autor de varios estudios sobre procesos constituyentes en América Latina, el caso mexicano se parece más a la Constituyente de Hugo Chávez en 1999, que marcó el inicio de la militarización y de la captura de todos los poderes del Estado por parte del chavismo en Venezuela, que a la Constituyente colombiana de 1991.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Hallan muerto a sacerdote de Mezcala, Guerrero; tenía dos días desaparecido

El cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue localizado en el municipio de Eduardo Neri.

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 4 de octubre, fue localizado muerto la tarde de este lunes en el municipio de Eduardo Neri, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Mediante un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que, tras tener conocimiento de los hechos, personal de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de Servicios Periciales acudieron al sitio realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, señaló que inició una carpeta de investigación por homicidio calificado en agravio del sacerdote.


Iglesia lamenta muerte de párroco

El Consejo de Pastoral de la Parroquia de San Cristóbal lamentó el hallazgo sin vida del sacerdote y agradeció a la comunidad que se sumó a la búsqueda de Pantaleón Estrada.

Asimismo, invitó a velar “a quien durante 8 años estuvo frente a nuestra parroquia” e informó que el cuerpo llegaría a la comunidad alrededor de las 20:00 horas de este lunes.

La desaparición del sacerdote en Guerrero

Bertoldo Pantaleón Estrada, sacerdote en funciones de la parroquia de San Cristóbal en Mezcala, Guerrero, fue visto por último el pasado sábado 4 de octubre en la comunidad de Atzcala, municipio de Cocula.

“Ante los acontecimientos (…) en estos momentos ya he pedido a nuestras autoridades civiles que activen el protocolo de búsqueda y localización del padre Bertoldo”, señaló un comunicado firmado por José de Jesús González Hernández, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, y Jorge Armando Vázquez Rodríguez, canciller-secretario.

Los religiosos pidieron a las “comunidades parroquiales” orar para que sea respetada la integridad del sacerdote y pueda ser localizado con bien, además de evitar especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano también hizo un llamado a la oración para la localización del miembro de su comunidad, mantener la esperanza y confiar en las autoridades.

“Que la Virgen de Guadalupe lo cubra con su manto de protección y nos guíe en la esperanza”, señaló la publicación.

Diversos integrantes de la Iglesia católica, organizaciones y parroquias —incluida la de San Cristóbal, en Mezcala— difundieron los comunicados y la ficha de búsqueda del padre Bertoldo.

Guerrero es uno de los estados más violentos del país: ocupa el sexto lugar en cuanto a homicidios dolosos, con 979 casos entre enero y agosto de este año, y se tiene registro de 4 mil 465 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con datos oficiales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen en Durango a “Don José”, por secuestro y tráfico de personas; ligado a “Mayos”

En acciones encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ejecutaron cinco órdenes de cateo en Durango, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas José Luis Delgadillo López, alias “Don José”, líder de grupo criminal dedicada al secuestro y tráfico de personas.

Dicha organización delictiva estaba ligada a “Los Mayos”, una fracción del Cártel de Sinaloa, ligada al capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, de 76 años de edad, quien se encuentra preso en el Centro Correccional Metropolitano, en Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), y liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

“En una operación encabezada por el Ejército Mexicano @Defensamx1 y @FGRMexico detuvieron en Durango a 6 personas, entre ellas a José Luis ‘N’, alias ‘Don José’, quien cuenta con orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona dedicada al secuestro y tráfico de personas. Se aseguraron 5 inmuebles relacionados con sus actividades delictivas. Con estas acciones, el @GabSeguridadMX reafirma su compromiso de detener a los generadores de violencia y garantizar la seguridad de las familias en la región”, escribió Omar Hamid García Harfuch, titular de la SSPC Federal, en su cuenta de la red social X.

“Derivado del desarrollo de líneas de investigación relacionadas con el secuestro y tráfico de personas, se ubicaron inmuebles en el municipio de Durango que eran utilizados para estas actividades, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles en cinco inmuebles, donde se obtuvieron los datos de prueba necesarios que fueron entregados a un Juez de control, quien liberó las órdenes de cateo”, indicó el Gabinete de Seguridad Federal, en un comunicado conjunto.

“Con esto, los agentes de seguridad desplegaron operativos simultáneos para ejecutar las órdenes de cateo en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, donde fueron detenidas seis personas, entre las que se encuentra José Luis ‘N’, identificado como líder de la célula delictiva. Además, se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un radio de comunicación, tres vehículos, una motocicleta”, detalló el Gobierno de México.

“A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades. Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la sociedad para inhibir delitos y recuperar la tranquilidad de las familias”, finalizó el Gobierno Federal.

Según lo reportaron medios locales, además de “Don José” fueron detenidos Diana Estefanía Villalobos Rueda, alias “La Patrona”; José Juan Quiñones Galván; Rocío Quiñones Galván, “La Licenciada”; José Raymundo Freyre Mendoza y José Orlando Barrientos Hernández; a quienes se les aseguraron cargadores, cartuchos, celulares y vehículos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Deuda sin fin: la suiza Sulzer exige a Pemex el pago de 528 millones de pesos por obras en refinerías

Solicitan a la petrolera mexicana el pago de 40 facturas vencidas, algunas con 15 meses de atraso

No se ve fin a los adeudos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

La empresa suiza Sulzer Chemtech informó que la petrolera le debe 528.4 millones de pesos por trabajos en el Sistema Nacional de Refinación (SNR).

De acuerdo con la carta SULZER57-25, en poder de Proceso, la compañía solicitó al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que se finiquiten 40 facturas vencidas, algunas de ellas con 15 meses de retraso.

“La falta de pago está comprometiendo de forma crítica nuestra capacidad para seguir suministrando los insumos y servicios necesarios para los proyectos actualmente en ejecución con Pemex”, señaló la misiva.

Sulzer insistió que sin el pago correspondiente no podrá garantizar la continuidad operativa de las plantas combinadas en distintos centros de trabajo, ni el cumplimiento de las normativas ambientales y contractuales, entre ellas la NOM-001-SEMARNAT-2023.

“Le solicitamos su gestión para el pago inmediato de las 40 facturas vencidas por un monto total de 528.4 millones de pesos correspondientes al suministro de internos para las torres de destilación del SNR, siendo importante reiterar que algunas facturas tienen 15 meses de atraso en su pago, así como el plan/calendario de pagos propuesto para estas facturas”, insistió la carta firmada por Eugenio Flores Gómez Murray, gerente de Ventas de Sulzer Chemtech.

Los trabajos realizados por la compañía para Pemex se concentraron en las refinerías de Minatitlán, Salina Cruz, Cadereyta y Tula, donde Sulzer suministró componentes esenciales para el procesamiento de crudo y la modernización de las torres de destilación del SNR.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Sheinbaum condena actos violentos en marcha del 2 de octubre y señala actos de provocación

La presidenta señaló que el grupo de encapuchados que agredió a elementos policiales buscó provocar para construir una narrativa de represión similar a la de 1968.

“¿Qué buscaban?”, preguntó la presidenta Claudia Sheinbaum en nueve ocasiones sobre los actos de violencia en la marcha en conmemoración de la matanza de 1968, a lo cual también respondió: “Un 2 de octubre (...) que dijeran ´ay un régimen represor, que reprime estudiantes en un 2 de octubre´”. 

A cuatro días de los hechos en que 94 policías resultaron lesionados, la mandataria federal dijo que se trató de una provocación y, sobre todo, celebró la contención de los elementos policiacos porque no alimentaron la narrativa de la oposición, en especial apuntó a las publicaciones de Claudio X. González, aunque algunos de los elementos fueron quemados y uno continúa “en situación delicada”, dijo esta mañana, además de los 29 civiles también heridos.

“Primero mucha provocación, ¿de qué sirve esta violencia? Este uso de... incluso había bombas molotov, ¿de qué sirve? ¿A quién le sirve? ¿Qué buscaba este grupo que lleva cubierta la cara?, ¿qué buscan?, ¿por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades?, de plena libertad, absoluta y plena libertad. ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía... Un 2 de octubre”.  

Redundó: “¿Qué buscaban con esta posible respuesta? Pues que dijeran ´ay un régimen represor, que reprime estudiantes en un 2 de octubre´. A mí me llama la atención -lo pongo como temas que aparecieron ese día- una publicación de Claudio X. González búsquenla porque no la voy a poner aquí porque es muy ofensiva del Jr. tóxico y la provocación. Querían decir que el régimen de la cuarta transformación... el gobierno de la cuarta transformación es igual que el gobierno del 68, reprime. Lo pongo aquí para el análisis general”.  

Reiteró: “¿Qué buscan estos grupos que se cubren la cara? Que -primero mi apoyo a los policías, nuestro apoyo a los policías que resultaron heridos y su valentía por la contención la verdad, es increíble cómo contuvieron sin caer en ninguna provocación, con heridas personales- pero hay que preguntarse ¿qué buscan estos grupos ¿Cuál es su intención?”. 

Después habló de los delitos que se cometieron los integrantes de este llamado “bloque negro”, para lo cual la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación para identificar a quienes participaron en estos hechos, particularmente en las agresiones directas a policías. 

“Porque ellos, los policías contenían y la agresión vino de un solo lugar, de este grupo de personas” y admitió que es necesaria “obviamente mayor capacitación y fortalecimiento de la policía de la Ciudad para poder contener situaciones como las que se presentaron”.  

Se expresó en contra de las manifestaciones violentas que no se deben dar “menos en una ciudad de libertades como es la Ciudad de México, de un país de libertades”. 

Puede haber personas que, dijo, no estén de acuerdo con el gobierno, “pero esta agresión a personas, a periodistas tiene que revisarse”.  

Llamó también a que las manifestaciones sean pacíficas “y la pregunta es ¿qué ganan estos grupos?, ¿qué buscan? Porque los extremos se juntan, los supuestamente muy radicales también se juntan con la derecha ahí están bien juntitos. Por eso llamo la atención de las publicaciones de ese día y ¿qué buscaban? ¿Qué esperaban más allá de la crítica constructiva de mayor contención?”. 

Además de que dijo que es muy importante que la policía de la capital del país no cayó en provocaciones “porque entonces hubieran alimentado la narrativa que tenían ese día”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Designan a Javier García Tinoco en el TSJ en medio de críticas por nepotismo

Los nombramientos de familiares y personas cercanas a diputadas y diputados en el Órgano de Administración Judicial provocaron críticas por presunto nepotismo y manipulación.

Javier García Tinoco, excomisionado de Mejora Regulatoria del gobierno estatal, fue designado como quinto integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Morelos, en representación del Poder Ejecutivo. Su nombramiento ocurre en medio de cuestionamientos por presunto nepotismo y manipulación en la integración de dicho órgano, atribuida al Congreso local. 

El pasado 30 de septiembre, la gobernadora Margarita González Saravia Calderón formalizó la designación con base en la Constitución del Estado y el Decreto 165, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el 19 de mayo de 2025. Dicho órgano tendrá a su cargo la administración y vigilancia del Poder Judicial, con facultades sobre recursos humanos, financieros y logísticos.

García Tinoco fue representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) durante los comicios de 2024. Previamente colaboró con Margarita González Saravia en la Lotería Nacional, donde se desempeñó como gerente de la Prosecretaría, y hasta el pasado 30 de septiembre fungió como comisionado de Mejora Regulatoria en el gobierno estatal. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), maestrante en Educación por la Universidad Tres Culturas y alumno de la Maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuenta con una trayectoria de 15 años en el servicio público estatal y federal. Ha ocupado cargos en la Consejería Jurídica del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Turismo y Cultura. 

De acuerdo con exintegrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y especialistas en la materia, García Tinoco “es el perfil con mayor experiencia entre los designados”. Sin embargo, los otros nombramientos han sido objeto de críticas por presuntos vínculos familiares y políticos. 

Cuestionamientos y defensa de los nombramientos

Las críticas hacia las recientes designaciones se intensificaron luego de que el Congreso de Morelos nombrara a Humberto Paladino Valdovinos —suegro del diputado panista y presidente de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas— y a Miguel Enrique Lucía Espejo, asesor del diputado morenista Rafael Reyes. 

Posteriormente, el Poder Judicial designó a Yadira Crystal Casarreal Olmedo, excolaboradora del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes, y a Catalina Pimentel Mejía, hermana del diputado morenista y presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía. 

Los cuatro nombramientos han generado críticas de actores políticos, juristas y ciudadanía, quienes denuncian presunto nepotismo y una posible concentración de poder por parte del Congreso. 

Proceso buscó a los aludidos para conocer su postura. El único que no respondió a la solicitud de entrevista fue el diputado panista Daniel Martínez Terrazas —el mismo que en las elecciones de 2021 se ostentó como indígena para obtener una diputación federal—. 

Diversos actores políticos, juristas y ciudadanos han expresado su inconformidad, señalando “una evidente injerencia del Congreso en el Poder Judicial”. 

“Hay opiniones a favor”, responde el presidente del TSJ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, respondió a las críticas por la designación de las dos mujeres vinculadas al Congreso. 
“Así como hay críticas, también hay opiniones a favor. Creo, en lo personal, que el hecho de que dos mujeres se incorporen —mujeres jóvenes, con conocimiento de lo que sucede al interior del tribunal— para mí es positivo”, dijo en entrevista. 
Ante los señalamientos sobre la falta de experiencia de una de las designadas, aseguró que “ella tendrá la oportunidad de adecuarse, adaptarse y aceptar el reto que le está planteando el tribunal”.

Sobre las versiones de presuntas negociaciones con el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, a cambio del haber de retiro para magistradas y magistrados, Elizalde rechazó cualquier pacto: 
“Eso es lo que se comenta, pero la propuesta emanó de un grupo amplio de magistrados. El haber de retiro es una condición ya establecida en el marco normativo; no tiene nada que ver”. 
El presidente del TSJ minimizó los señalamientos políticos:
“Lamentablemente, uno quisiera que todo fueran alabanzas, pero no; hay que prepararse para las críticas. También son importantes para nosotros”. 
Reyes niega nepotismo

El diputado de Morena, Rafael Reyes, también defendió los nombramientos y rechazó cualquier irregularidad: 
“No es algo que yo haya decidido de manera directa; se resolvió por 19 de los 20 diputados, con la ausencia de uno y la abstención de otro”.
Reconoció que una de las personas designadas había trabajado con él, pero insistió en que el proceso se dio conforme al procedimiento legislativo.
“Efectivamente, una persona que había venido participando conmigo fue una de las propuestas, pero esto se decidió a partir del voto de los integrantes del Congreso”. 
El legislador negó cualquier vínculo familiar con los designados:
“Es mentira que se configure un nepotismo en el caso particular del Poder Legislativo, porque Miguel Lucía Espejo no es familiar mío”. 
Y subrayó:
“Todos saben de mi amistad con muchísima gente, y eso no implica caer en la dinámica del nepotismo”. 
Pimentel defiende la designación de su hermana

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, defendió el nombramiento de su hermana, Catalina Pimentel, como integrante del órgano judicial, negando conflicto de interés.
“La determinación no la tomó el Poder Legislativo, la tomó el Poder Judicial por unanimidad”, aseguró. 
Pimentel reconoció el parentesco, pero afirmó que su hermana “llegó por mérito propio”.
“Es mi hermana y me da mucho gusto que, como dice la gobernadora, en tiempos de mujeres se reconozca la capacidad y el derecho a superarse”. 
Añadió que ella cuenta con seis años de experiencia en el Tribunal:
“Ha sido secretaria de acuerdos, actuaria, proyectista de la Junta. Cumple con el perfil. No es una persona nueva o desconocida”. 
Frente a las versiones de presuntos acuerdos políticos, el diputado concluyó:
“De las especulaciones se puede inventar mucho, pero no son reales. Son cuerpos colegiados con autonomía e independencia de poder.” 
Finalmente, Pimentel sostuvo que los recientes movimientos fortalecerán la coordinación entre los tres poderes del estado. 
“Vamos a seguir caminando de la mano los tres poderes por el bien de Morelos.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Aumentan 31% incidentes aéreos en México; faltan 500 controladores de tráfico aéreo

En los primeros siete meses de 2025, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) registró 137 incidentes aéreos en México; cifra superior en 31% a la reportada el mismo periodo del año pasado. Los incidentes más frecuentes corresponden a errores en la separación de aeronaves y deficiencias en las comunicaciones, según datos obtenidos por el periódico El Financiero.

El aumento en los incidentes se debe a la falta de personal, fallas de equipos obsoletos sin mantenimiento, así como errores en el rediseño del espacio aéreo, dijo José Alfredo Covarrubias Aguilar, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta).

En entrevista telefónica con NEGOCIOZ, el dirigente gremial señaló que faltan 500 controladores de tráfico aéreo en el país. Situación que provoca sobrecarga laboral con turnos de hasta 14 horas, pese a que a nivel internacional están prohibidos los horarios extensivos, “porque no permite estar al 100% prestando el servicio”.

El déficit de controladores aéreos se debe al bajo salario para la responsabilidad que conlleva el trabajo. En promedio, un controlador percibe 30 mil pesos. “Desde hace siete años no hemos recibido ningún incremento salarial”, por lo que se está pidiendo un aumento del 60%, que es el porcentaje que ha crecido la inflación y porque la Ley de Remuneraciones “nos afectó aproximadamente en el 30% en nuestros ingresos”, explicó.

La situación se “agravó” desde el sexenio pasado y se hizo saber de ella a las autoridades. Con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se renovó la petición, pero no ha habido respuesta, por lo que trabajan bajo protesta poco más de mil controladores desde diciembre de 2024.

Ante la inacción de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), naturalmente se verá afectada la continuidad en el servicio. “Nosotros estamos comprometidos con la seguridad; si nada más puedo manejar cinco aviones, manejaré cinco. Si puedo nada más dos por las condiciones, nada más esos, pero nunca ponemos en riesgo la seguridad de las operaciones”.

La semana pasada trabajó solamente un controlador en Tampico, Tamaulipas. “Él cubría desde la mañana a la noche, los dos turnos, y al otro día igual, y estaba esperando que regresaran dos compañeros de vacaciones para él poder descansar”, denunció.

En cuanto a los equipos, Covarrubias Aguilar aseguró que “hay muchos aeropuertos abandonados”. 20 de los 63 aeropuertos en el territorio nacional no tienen equipo (radar y aparatos de meteorología) actualizado.

Relató que el sábado 27 de septiembre de 2025, la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México perdió comunicación con los pilotos de los aviones debido a que cayó un rayo que dañó los equipos de comunicación.

“Es la falla más grande que puede recibir un controlador”, porque tiene que dar instrucciones a las aeronaves para acercarse al aeropuerto, para separarse de otras aeronaves y poder aterrizar y estacionarse.

La situación fue avisada por teléfono a las otras estaciones de tránsito aéreo y a los pilotos. “Pedirles que retransmitan las instrucciones a las otras aeronaves. Es una situación de bastante angustia, de bastante estrés”. En total se desviaron 10 aviones a aeropuertos alternos y se pararon los despegues por casi dos horas.

Las malas condiciones en las que se trabaja “genera la probabilidad de que ocurran incidentes y eventualmente lo que no queremos: algún accidente, que finalmente pueda repercutir en las personas; que es nuestro compromiso mantener la seguridad de las personas y en los controladores y sus familias, porque a alguien les van a hacer pagar las consecuencias”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

Caballero, investigada por crimen organizado

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) investigan a la ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, a partir de una denuncia recibida por la Fiscalía General de la República en la que señalan a la ex munícipe “por nexos directos con grupos delincuenciales”, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, “por lo menos desde el mes de octubre del 2021”, indica la acusación.

Conforme al señalamiento, contenido en la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024, desde que Caballero tomó posesión de la administración municipal de Tijuana, lo hizo “dedicándose a la conducta criminal de delincuencia organizada”.

Pero la UEITATA no sólo investiga a la morenista; la carpeta con la indagatoria criminal también incluye a cuatros de sus funcionarios más cercanos, quienes controlaban la agenda pública y política de su gestión: su hermano y secretario Daniel Caballero Ramírez; el ex secretario particular, Juan Manuel Gastelum Rivera; el ex secretario General, Miguel Ángel Bujanda; y Ángeles Dolores Duran Ricalde, coordinadora de Atención Ciudadana.

Otros ocho nombres de civiles están incluidos en la carpeta; se trata de dos personas con cargos criminales y una con reportes de inteligencia:

*Pablo Edwin Huerta Nuño alias el Flaquito, extraditado a Estados Unidos el pasado mes de agosto, para responder a cargo por tráfico de droga y lavado de dinero.

*Ricardo Alfredo Pérez Diaz, alias el Fredy, con tres carpetas de investigación: una porque siendo administrador de un departamento en Playas de Tijuana, que rentaba una mujer, éste la “jaloneó” y la amenazó (“Mira vieja estúpida, le paras a tu desmadre o si no te voy a mandar levantar y te van aventar a la Rumorosa, y se van a largar de aquí tú, tu hija y tu esposo, porque ustedes aquí no son nadie”); otra por incumplimiento de asistencia familiar de 2015; y una más del 3 de marzo del 2025, por daño en propiedad ajena por culpa y lesiones, por un accidente de tráfico en la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Realito.

*Y Juan Carlos Valencia, el R3, identificado como operador del Cártel Jalisco en la zona de Sánchez Taboada, pero sin antecedentes delictivos.

De los otros cinco, las corporaciones de seguridad bajacalifornianas reportaron no tener indicio; se trata de: Carlos Lagunes Lara, el Choga; José Luis Hernández López alias Bad Boy y/o Avatar; Eduardo Hermida Camelo, el Lalo; y Gustavo Camacho Cardosa.

“Pueden estar en un nivel intermedio en el lavado de dinero, por eso no registran delitos del fuero común o federal” comentaron investigadores. El Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California tampoco contiene información “pública accesible” con estos nombres.

Los investigadores de la FEMDO y de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas solicitaron, el 17 de septiembre pasado, información a la Sindicatura Municipal de Tijuana y les dieron un plazo de 24 horas. ZETA pudo confirmar, extraoficialmente, que el oficio se respondió en tiempo y forma.

El Ministerio público también requirió datos a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en México; ese oficio está fechado el 23 de mayo del 2024, pero no se tiene informes de la fecha en que fue recibido.


EX FUNCIONARIOS

Respecto a los ex empleados del ayuntamiento señalados, se trata de:

1.-Daniel Caballero Ramírez: Es hermano y fue secretario personal de la ex alcaldesa, quien ante ZETA lo identificó con ese cargo y comentó que lo puso ahí por la confianza. Ocupó un escritorio ubicado a la entrada a la oficina de la Presidencia en el Ayuntamiento de Tijuana y la acompañaba de manera contante en sus actividades oficiales. En aquel período (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024) ZETA buscó su nombre en documentos y nóminas oficiales, pero no fue localizado y no se informó del importe de su sueldo.

El 14 de junio del 2022, David Caballero fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal por exceso de velocidad y “pasarse una luz roja”, y haber sido denunciado como “vehículo sospechoso”, en la colonia Cacho, donde circulaba a bordo de un pick up oficial acompañado de dos policías municipales asignados como escoltas; el joven forcejeó con los elementos para evitar ser aprehendido. Al final, los agentes se fueron sin mayores consecuencias, después que los guardias mostraron sus credenciales.

La alcaldesa aseguró que su hermano no se había pasado ningún semáforo, que ella lo había enviado a un mandado; reclamó el actuar de la FESC y amenazó que los convenios de colaboración “también tienen reversa”.

Daniel egresó de la carrera de Diseño Gráfico apenas en 2022, y previo a su cargo público, en su página de Facebook ofrecía servicios para pasear y bañar mascotas.

El 23 de diciembre de 2022, tras un año en el gobierno, el joven Caballero Ramírez registró la adquisición de un terreno de 612.50 metros cuadrados con construcción, en la avenida Rayón de la colonia Independencia de la Zona Centro de Tijuana, por un millón 701 mil 700 pesos.

El 23 de abril de 2023, Daniel, junto con su hermana Alma Delia, presidenta del Patronato del Sistema DIF Tijuana en tiempos de Montserrat, inscribió otro inmueble, también en la colonia Independencia por el que pagaron un millón 867 mil 700 pesos. Y el 25 de junio registraron la subdivisión del predio de 302.10 metros cuadrados sin construcción.

Ya fuera del gobierno, el 3 de junio del 2025, Daniel inscribió otro predio de 325.76 metros cuadrados en la misma colonia, sobre la avenida Matamoros, que le costó un millón 526 mil pesos.

En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California no se inscribieron solicitudes de créditos bancarios para ninguna de estas compras.

2.- Juan Manuel Gastelum Rivera: Le tomaron protesta como secretario particular de Presidencia Municipal el 22 de agosto del 2023. Es “licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestrías en Administración de Negocios y en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica; secretario Técnico en la XXII Legislatura bajacaliforniana de 2016 al 2019; titular Regional de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) del 2013 al 2016”.

Al inicio de la administración de Caballero, Sindicatura informo que Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) estaba “investigando” la denuncia por desvío de recursos públicos, presentada porque el entonces alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro (q.e.p.d.), entregara a la empresa -fantasma- Mexikna, presuntamente operada por su hijo, Gastelum Rivera, un contrato de dos millones 600 mil pesos por siete meses de “servicios de cobertura digital”. Tras el nombramiento, el síndico Rafael Leyva Pérez aseguró “no hay nada que lo vincule con dicho delito”.

En enero del 2025 el joven Gastélum Rivera fue uno de los ex funcionarios del XXIV Ayuntamiento de Tijuana citados a declarar para responder a las 120 denuncias que estaba investigando la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán.

3.- Miguel Ángel Bujanda: Era el secretario general del Ayuntamiento de Caballero; renunció el 12 de agosto del 2024, después que lo amenazaron el sábado 10 de agosto a través de una cartulina, con el siguiente mensaje: “Miguel Ángel Bujanda, no le quieras jugar al bergas con las 4 Letras, ya vas para afuera, ya bastante hiciste con robar, no te metas en problemas ya para irte, aquí estamos bien plantados y con toda la fuerza. CJNG” [sic].

El texto fue localizado dentro de un Volkswagen Passat con placas de California, acompañando en el asiento trasero del vehículo, un torso, un brazo y una cabeza en avanzado estado de descomposición, envueltos en una colcha, abandonado frente a la tienda de abarrotes, sobre el bulevar Sánchez Taboada y calle Órbita de la colonia Sánchez Taboada.


4.- Ángeles Dolores Duran Ricalde. Fue Coordinadora de Atención Ciudadana (2021-2024); en su currículum que es psicóloga y licenciada en Derecho. De junio 2017 a julio de 2019 se desempeñó como supervisora de la línea de emergencias en Seguridad Pública del Estado; de octubre del 2019 a octubre del 2020, fue responsable del manejo de agenda, minuta de reuniones, coordinar acciones administrativas de las direcciones que la integran, control de los procesos de atención y respuesta ciudadana, en la Secretaría de Movilidad del XXIII Ayuntamiento de Tijuana. En 2021, previo a su nombramiento en la coordinación, trabajó en la iniciativa privada.

SINDICATURA Y LA CASA DE LA EX ALCALDESA

En lo que va del año 2024, Montserrat Caballero ha comparecido ante la Sindicatura del Ayuntamiento en dos ocasiones.

La misma ex funcionaria había declarado que los señalamientos estaban relacionados con la presunta imposibilidad económica que tenía para adquirir una propiedad que el 26 de noviembre del 2021 inscribió en el Registro Público, ubicada sobre Avenida Costa Coronado número 2107, Residencial Costa Coronado; un terreno de 375 metros cuadrados por el cual pagó un millón 704 mil 180 pesos, y ahí mandó construir una casa.

El predio se lo compró al doctor Joaquín Pascal Merlos, quien en el pasado fue investigado por el Gobierno de Estados Unidos por fraudes con seguros médicos, quien fue denunciado por mala praxis, y asesinado a balazos en abril del 2024 cuando llegada a su clínica en la colonia Sánchez Taboada.

Respecto a las denuncias en su contra, la síndica Teresita Balderas comentó que hay tres expedientes abiertos contra Caballero; todos están en proceso, por lo que se negó a informar los temas por la presunción de inocencia.

Antes de ingresar su más reciente comparecencia, Caballero informó a la prensa que llevaba los documentos para comprobar los ingreso y reportes hacendarios de su marido (se casó en mayo 2023 con el padre de su hijo, quien le había comprado la casa: el árbitro profesional de fútbol radicado en California, de origen iraní, Said Ravanfar).

Sin embargo, al salir, comentó que la gobernadora Marina del Pilar Avila había dicho que era por el costo de su casa, la cual comentó vale poco menos de siete millones de pesos, “pero fue por omisión en mi declaración (patrimonial, ingresos); no puse los datos de mi marido”.

MONTSERRAT, LA PUMA, EL ATENTADO Y EL CJNG

Versiones extraoficiales reportaron desde el inicio que el ataque armado del 17 de mayo del 2023, perpetrado por sicarios al servicio de Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que fue lesionado el escolta Francisco Javier Gallardo, quien circulaba en la zona norte en un carro oficial, como “avanzada” de la alcaldesa Montserrat Caballero, para verificar la seguridad rumbo al salón de belleza donde la ex funcionaria se arreglaba por las mañanas, fue porque “alguien dentro del ayuntamiento había hecho acuerdos a nombre de la mandataria municipal, y recibió dinero a cambio de no afectar los intereses del cártel”; pero como la policía sí está haciendo detenciones, “el gobierno no estaba cumpliendo”.

Cuando las autoridades reportaron que el ataque venía del Cártel Jalisco Nueva Generación, refirieron la participación del grupo de los Erres, encabezados por Javier Adrián Cabrera, Víctor Manuel Amador Luna, el Padrino, y Diego Abel Miranda Rodríguez, el Cateo, del Cártel Arellano.

Horas después del incidente contra el escolta, fue detenido Juan Civaca López, alias Héctor Cruz Sibaja, alias el Negro, quien había sido asignado como sicario principal, pero se le trabó el rifle. Este hombre declaró que el objetivo del ataque era “la mujer del pick up blanco”, Rosalva González Molina, alias la Puma, quien usualmente manejaba la unidad 14 que había sido baleada y hacía las labores de avanzada todas las mañanas, pero que desde el 15 de mayo -dos días antes- estaba de vacaciones. Las sospechas recayeron sobre ella, quien presentó su renuncia el 24 de mayo del mismo 2023.

En aquel momento las autoridades aseguraron que “ni la alcaldesa, y la edil municipal o su vehículo, tampoco les fueron mencionados a los tiradores”.

La Puma había sido detenida y liberada con otros policías en 2008 por presuntas ligas con la célula de Eduardo García Simental, el Teo, separado del CAF y aliado al CDS. La agente peleó su reincorporación, pero se la negaron, la indemnizaron y por recomendación del ex gobernador Jaime Bonilla, Caballero la contrató para su escolta, pero como personal administrativo sin arma.

El mismo día del atentado colgaron un manta en el puente Cúspide:
“SRA.MONSERAT CABALLERO PREGUNTELE A ROSALVA GONZALEZ LA PUMA Y FERNADO ZANCHEZ DONDE QUEDARON LOS DESAPARECIDOS LEVANTADOS POR LAS UNIDADES DEL UTE BAJO EL MANDO DEL 03 ASCORBE” [sic].
Un año atrás, el mismo Ascorbe había sido señalado por los criminales de recibir dinero:

“… Ya dile a la alcaldesa a donde llevas las maletas de dinero y deja de esconder las notas”, la madrugada siguiente dos patrullas estacionadas a fuera de un taller, fueron incendiadas en la zona centro, en la escena dejaron el siguiente mensaje: “ROSALVA GONZÁLEZ MONA (ilegible) Y FERNANDO SANCHEZ ESTE ATAQUE SEGUIRÁ DIRECTO A USTEDES MIENTRAS No APARESCAN LOS DESAPARECIDOS POR SUS UNIDADES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ATTE: CJNG” [sic].

EL ROBO Y EL CUARTEL

El 24 de mayo 2023, después de conversar con Caballero en las oficinas municipales, el entonces fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, aseguró ante la prensa: “No es un tema que tenga que ver directamente con su persona. No tenemos ninguna razón para mantener esa hipótesis abierta; con toda seguridad podemos establecer que no hay una situación que pueda confirmar que era un ataque directamente para ella”.

Días después, el 29 de mayo del 2023, del condominio que habitaba Montserrat Caballero en la torre Cosmopolitan Residences, en la colonia Cacho -que presuntamente le habían prestado-, le robaron joyas y alrededor de 150 mil pesos en un operativo de “extorsión telefónica”; el guardia del edificio recibió una llamada de parte de la dueña y terminó rompiendo una ventana para entrar, sacando las pertenencias y entregándoselas a un extraño.

En junio del mismo 2023, la entonces presidente municipal informó públicamente que ese fin de semana -entre el 16 y 19 de junio- concluiría su traslado para residir, con su hijo, en las instalaciones residenciales del 28 Batallón de Infantería de la II Región Militar, en la colonia El Rubí, o la zona conocida como Aguaje de la Tuna, “por seguridad”, y habló de amenazas, aunque no presentó denuncia. Aseguró que era una sugerencia de la Sedena, la que atendía para estar en coordinación, pero no tenía miedo; “…los que tienen miedo son los que están relacionados con el crimen”.

El 13 de junio del 2023, en la conferencia mañanera, el entonces Presidente, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto a la amenaza contra Caballero, y el mandatario respondió: “Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Así fue”; de Montserrat agregó: “Se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla”.

Al concluir su gestión, Montserrat abandonó las instalaciones militares, vivió un tiempo en California con su marido y a partir de que terminaron la construcción de su casa de Playas, regresó a Tijuana.

Ya el 9 de julio del 2025, a través de redes sociales, Caballero le reclamó a la gobernadora Marina Ávila; “Intentaste quitarme mi casa y pagaste con la tuya; tus procesos infundados han retrasado mi residencia al lado de mi esposo. Aclaro que retrasar no es lo mismo que evitar, pero tú sí te quedaste sin visa”. A la fecha no ha hecho mayores aclaraciones respecto al mencionado proceso con el Gobierno de Estados Unidos.

ESTEFANÍA ASEGURÓ QUE EL ATAQUE FUE CONTRA LA ALCALDESA Y SE RECTRACTÓ

Siete meses después del atentado contra el escolta, en noviembre del 2023, la fiscalía incluyó en carpeta a Estefanía Z.D. como testigo; la mujer formaba parte de la misma célula delictiva que ejecutó el ataque.

Estefanía manifestó “que se presenta a esta autoridad por temor a su vida, porque la están buscando para matarla, y declara, como “testigo presencial” respecto al atentado del 17 de mayo, dijo que ella acompañaba al autor intelectual del ataque, Luis Francisco Campos Díaz, alias el Pancho o el 04, y aseguró que el presunto criminal dijo frases como: “…que al día siguiente iban a sentar a la alcaldesa de Tijuana”, y “…que era por pasados de verga por no dejarlos trabajar”, afectando sus operaciones de tráfico de droga e indocumentados.

En un momento comentó que era un “ataque al equipo de seguridad de la alcaldesa y con suerte también le pegaban a la pinche vieja”.
“…no se pudo llegar a ningún acuerdo para la liberación de unos detenidos”. Esto fue referencia a la captura y procesamiento de Carlos Manuel Zúñiga Sandoval, alias el Charly, José Alejandro Méndez Solano, alias el Pepe o el Gordo, y Cecilio Guatemala Mendoza, alias el Saber, detenido el 9 de mayo por herir a dos policías frente al panteón en la colonia Castillo.
Reveló que María Verónica Barajas García rentó el cuarto en el Hotel Olvera de la colonia Cacho, donde los homicidas durmieron un día antes del atentado y se refugiaron minutos después.

Manifestó que junto con Luis Francisco Campos Díaz, alias el Pancho o el 04, escuchó por vía telefónica todo lo que sucedió durante el ataque.

Marco Rochin Donis, alias el Kid, era el piloto del auto de ataque, y los otros tres iban armados con rifles AR15; que el principal tirador asignado era el copiloto, Juan Civaca López, alias Héctor Cruz Sibaja, alias, el Negro, pero se le entrampó el arma, y Horacio González Díaz fue quien disparó, mientras Edwin Mauricio Sandoval Silva, alias el Ban Ban, recibía instrucciones por celular.

La mujer también declaró que se dieron cuenta que sólo iba un elemento policiaco, pero la orden fue “…que le rajaran en su madre para que se supiera con quién se topaban los pinches perros y no querer arreglar”.

Estas declaraciones fueron presentadas en la audiencia pública de vinculación a proceso de Edwin Mauricio Sandoval Silva, alias el Ban Ban, detenido en junio del 2024.

Sin embargo, en otra audiencia intermedia, Estefanía Z.D., quien había sido localizada y requerida por la defensa de Luis Francisco Campos, Horacio González y Edwin Sandoval, se retractó de todas sus declaraciones frente al juez.

Respecto a los presuntos delincuentes procesados por intento de homicidio, actualmente, Juan Civaca López decidió irse por el procedimiento abreviado y separar su caso de la carpeta contra Horacio González Díaz, Edwin Mauricio Sandoval Silva alias el Ban Ban y Luis Francisco Campos Díaz, quienes decidieron irse a juicio.

FUENTE: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIÓN).
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