Arrastra PGR estructura caduca: Murillo Karam

FUENTE: PROCESO
AUTOR: PATRICIA DÁVILA

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, admitió que son insuficientes los avances registrados en la modificación del sistema de justicia penal aprobado en 2008, a pesar de que sólo faltan dos años para que concluya el plazo de ocho autorizados para adoptar el nuevo esquema.

 Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de la Federación (CNSP), Murillo Karam señaló que los esfuerzos de capacitación realizados en esta materia “se estrellan” ante la ausencia de leyes que reglamenten el modelo constitucional conforme a las condiciones de la realidad mexicana.

Al realizar un análisis del sistema de justicia, dijo que las prácticas de muchos años en la elaboración y resguardo de los documentos fundamentales del proceso judicial propician la “fuga, falsificación y uso indebido” como un elemento más de corrupción e ineficiencia”.

Reconoció que la investigación se ha tenido que cubrir con medidas extraordinarias que han producido un efecto perverso, al convertirse en mecanismos casi únicos de consignación, violentando con frecuencia derechos fundamentales.

“Siendo la averiguación un instrumento que requiere de salvar con la reserva de la presunción de inocencia y los derechos de terceros, esto no impide que la actuación de la autoridad deba ser transparente, pública y medible (sic); aunado a todo esto, el sistema penitenciario, además de insuficiente, perdió la característica, por más utópica que parezca, de la reinserción social; y hoy a los centros de rehabilitación social, esto no se le da la suficiencia para poder atenderlo”, dijo.

Murillo Karam recordó que la Constitución General de la República, señala que el Ministerio Público de la Federación es el órgano del Ejecutivo encargado de la persecución de los delitos del orden federal, al que le corresponde acreditar la responsabilidad de los inculpados.

Por ello, dijo, es necesario seguir con regularidad los juicios para que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, y otras facultades, entre las que destaca su papel de representante de la sociedad.

Dentro de lo que catalogó como un “breve” diagnóstico general de la situación que guarda la procuración de justicia a nivel federal Murillo Karam, expuso:

“Durante muchos años este país no requirió ni de estructuras profundas ni de coordinaciones porque su nivel de delincuencia era muy similar al promedio mundial, fue el emergente surgimiento de una delincuencia con poder y dinero el que propició que esa misma emergencia generara que los gobiernos tuviesen que actuar en base a la coyuntura, respondiendo ante la circunstancia que generaba el conflicto”, explicó.

Leyó una serie de condiciones que, en su consideración, propiciaron un diagnóstico desfavorable:
Las instituciones encargadas de las tareas de seguridad pública, procuración y procesamiento de información, padecen una desarticulación que impide la correcta y eficaz coordinación, tanto exterior como interior.

Ello, agregó, provoca una clara desvinculación entre la integración de la investigación y su planteamiento ante las autoridades judiciales, abonando “brutalmente” a la impunidad.
Dijo que la PGR, desde hace muchos años, arrastra una estructura que no corresponde a la realidad actual porque fue condicionándose de manera desordenada para responder a la coyuntura, provocando una fragmentación descoordinada que bloquea y desfasa el ejercicio de su función en el detrimento claro del cumplimiento de sus funciones.

“La emergencia de la coyuntura, provocó también este efecto de crecimiento, en algunos casos desproporcionados y en otros desconfigurado, pero siempre ausente de objetivos generales, permanentes, sistémicos”, añadió.

Ante esto, explicó, que como un efecto, se produjo un incremento en la calidad de policías y ministerios públicos, sin embargo, en la prisa, no logró la calidad de sus elementos ni en el mejoramiento de los procedimientos con la suficiencia para enfrentar una delincuencia creciente tanto en posibilidades como en recursos.