AUTOR: MARCELA TURATI.
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y el Centro Diocesano Fray Juan de Larios repudiaron la liberación del empresario coahuilense Carlos Enrique Haro Villarreal, a quien señalan como el “principal involucrado en el secuestro y la desaparición” del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, ocurrida en enero de 2009, en Monclava, Coahuila.
Las organizaciones calificaron como “aberrante e indignante” la decisión del magistrado Carlos Nicéforo Adolfo Olea Peñaflores de liberar al presunto culpable a quien se le encontró en su domicilio “al menos siete armas de fuego y un expediente” con recortes periodísticos sobre José Antonio y otros tres desaparecidos, y a quien otras personas señalaron como implicado. Exigieron que el magistrado sea investigado “por colusión con la delincuencia organizada”.
“Hacemos un llamado al Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que inicie la investigación correspondiente, a la par pedimos a la PGR para que actúe en consecuencia y requiera a quien es capaz de liberar a personas como Haro Villarreal, contra toda evidencia”, indicaron las organizaciones coahuilenses.
El magistrado segundo del Tribunal Unitario, con sede en Matamoros, Tamaulipas, dejó sin efecto el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas del presunto culpable, aunque confirmó el auto de formal prisión a otros cuatro involucrados en el caso. El magistrado también invalidó la sentencia dictada al presunto delincuente, este mismo año por otra juez del Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/025/2009— Haro Villarreal era investigado por los delitos de portación de armas de fuego sin licencia, delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. Había sido absuelto de los dos últimos delitos pero con la intervención del magistrado Olea Peñaflores se le exculpó del tercero.
Fuundec y el Centro Fray Juan de Larios exhortaron a las familias con personas desaparecidas a oponerse a esta resolución, pues consideran que decisiones como las del magistrado pueden replicarse y convertirse en “la antesala de sus propios casos, donde la justicia obedece a los intereses más oscuros y mezquinos, tanto de quienes detentan los poderes formales como los de facto”.
“José Antonio Robledo Fernández es buscado desde enero de 2009 por su madre y su padre, Guadalupe y José Antonio, quienes son miembros de Fuundec; ellos han tenido que suplir la deficiencia del Ministerio Público, la inoperancia de las policías y la de todo el Estado mexicano, que ahora ha dado un nuevo motivo de vergüenza, tras el fallo del magistrado Carlos Nicéforo Adolfo Olea Peñaflores, quien retiró el cargo de posesión ilícita de armas de fuego, contra toda evidencia en el sumario a Carlos Enrique Haro Villarreal, quien era encargado de seguridad de ICA en Monclova, Coahuila, de donde desapareció José Antonio Robledo (…) En el proceso fue señalado por varios de sus cómplices como responsable de los delitos que les ordenaba ejecutar, entre ellos la desaparición de José Antonio”, indicaron.
En su comunicado, hacen responsable al Poder Judicial de la Federación y al empresario Haro Villarreal por cualquier acto contra la integridad y vida de las familias de José Antonio Robledo Fernández, de quienes integran Fuundec y del personal del Centro Fray Juan de Larios.
En una entrevista anterior con Apro, el señor José Antonio Robledo Chavarría, padre del ingeniero desaparecido, señaló: “El magistrado invalidó la condena de posesión de armas porque de cuatro testigos uno firmó mal; borró todo el proceso. Sólo porque este señor es empresario, tiene amistades en el gobierno y se ostenta como amigo de (Humberto y Rubén) Moreira”.
La pareja forma parte de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec-M), y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; es apoyada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
El ingeniero Robledo trabajaba en el departamento técnico de subcontratos de ICA Fluor en Monclava. Según la familia, los testimonios contenidos en el expediente señalan que Haro Villarreal proporcionaba seguridad a ICA y era el intermediario que “cobraba derecho de piso” para Los Zetas, lo que significa que extorsionaba a ICA Fluor.
La pareja señaló que Haro Villareal fue quien ordenó a “dos zetas” que los amenazaran y les prohibieron acudir a la policía cuando llegaron a Coahuila a indagar la desaparición de su hijo. También lo acusan de haber usado su poder para que funcionarios de la empresa obstaculizaran su búsqueda.
En el comunicado, Fuundec y el Centro Fray Juan de Larios señalaron que ninguna de las desapariciones ha sido esclarecida y que la impunidad sólo provoca que las familias dejen de creer en la justicia.
“Es tal la colusión entre la delincuencia organizada y el Estado mexicano, que las agencias del Ministerio Público y las policías, juegan un papel de poderoso filtro para evitar que los casos suban al conocimiento de un juez, para el deslinde de las responsabilidades penales por una desaparición.
“Pero cuando por el esfuerzo supremo de la familia de la persona desaparecida, logran llevar ante la justicia a los perpetradores de una desaparición, nos encontramos con otra barrera ésta también insuperable: el sistema judicial mexicano no conoce casos de esclarecimiento de una desaparición, de dar con el desaparecido, ni de reparar el daño a las víctimas, ni a los familiares.
“O el Ministerio Público no acusa correctamente, o el Juez no haya suficiencia probatoria, o ambas cosas, pero el Estado mexicano falla sistemáticamente en su obligación de dar justicia, en términos del artículo 17 constitucional”, señalaron las organizaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario