AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno nuevoleonés, que encabeza el priista Rodrigo Medina, la localización de una víctima de desaparición forzada, indemnizar a la familia del agraviado y sancionar a los responsables de los hechos, entre ellos agentes de la Procuraduría local y policías municipales de San Pedro Garza García, administración también amonestada.
Este jueves, la CNDH divulgó la recomendación 55/2012 en la que reconviene a los gobiernos de Nuevo León y el municipal de San Pedro Garza García, el municipio más rico del país.
Según el documento firmado por Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, agentes municipales y ministeriales violentaron los derechos humanos a la libertad personal, a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica “por los hechos consistentes en la detención arbitraria y desaparición forzada” de un ciudadano de San Pedro Garza, además de que “se afectó el derecho a la integridad personal de por lo menos seis de sus familiares”.
Según la recomendación, un ciudadano –del que no se incluye su nombre– fue detenido arbitrariamente por policías municipales el 12 de noviembre de 2010, cuando se encontraba a bordo de su vehículo estacionado frente a una tienda de autoservicio y luego fue trasladado a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal.
En las oficinas municipales, un integrante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) notificó a los municipales que “un comandante adscrito a la Coordinación General Operativa” de la misma agencia de la Procuraduría estatal “había indicado que se haría cargo de la víctima y de su vehículo”.
El detenido fue trasladado de “manera informal e ilegal” a las instalaciones de la Policía Ministerial, y de ahí fue llevado a las oficinas de la Procuraduría en Monterrey, “debido a las sospechas que tenían de que el ciudadano podría tener nexos con el crimen organizado”.
En las oficinas de Monterrey se confirmó que las sospechas sobre la víctima eran infundadas pero, no conformes con ello, “para salir de dudas lo trasladaron a la base temporal de operaciones de la Secretaría de Marina”, donde –según la CNDH– “permaneció sólo 20 minutos, ya que tampoco encontraron antecedentes que justificaran su permanencia en el lugar, por lo que fue invitado a retirarse”.
De acuerdo con la respuesta que las autoridades ministeriales dieron a la CNDH, los agentes ofrecieron al ciudadano llevarlo de regreso a San Pedro Garza García, pero que él decidió retornar en taxi.
Sin embargo, apuntó en su recomendación el organismo, hay indicios de que los agentes siguieron teniendo información de la víctima.
“Los familiares y su abogado manifestaron que al pedir a dichas autoridades información respecto de la víctima, tres días después de su desaparición, los mismos indicaron que debían permanecer calmados, pues el muchacho estaba bien pero su situación estaba pendiente de resolverse”.
Del análisis de las constancias, la CNDH concluyó que a la víctima se le violentaron los derechos a la libertad personal, a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, “por los hechos consistentes en la detención arbitraria y desaparición forzada” de un ciudadano de San Pedro Garza, además de que “se afectó el derecho a la integridad personal de por lo menos seis de sus familiares”.
El ombudsman nacional recomendó al gobierno de Rodrigo Medina realizar una búsqueda efectiva para lograr la localización inmediata y presentación de la víctima, así como “otorgar la indemnización correspondiente a fin de reparar los daños ocasionados a su esposa, por la desaparición forzada de la víctima, y además se les otorgue a ella y a los familiares del desaparecido, la atención médica y psicológica necesaria para atender su estado emocional, así como una beca completa a la hija de ambos, hasta que termine sus estudios superiores”.
A los gobiernos estatal y municipal, la CNDH pidió su colaboración en la tramitación de quejas que promueva ante la PGJE, su Visitaduría General y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad municipal, y en contra de los elementos que intervinieron en los hechos.
A ambos gobiernos también se les instruyó para dar capacitación al personal de la AEI y de la Secretaría de Seguridad municipal “de abstenerse de ocultar custodia, ni llevar a cabo detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas”.
Por último, recomendó “dar impulso y seguimiento al análisis de las iniciativas sobre la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación del estado de Nuevo León, que se encuentra en estudio en el Congreso local”.
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