En entrevista con Carmen Aristegui en la Primera Emisión de Noticias MVS, Peña también aseguró que continuarán con la insistencia del desistimiento de cargos contra los procesados.
“Vamos a seguir insistiendo en el desistimiento (de cargos), si no lo logramos, necesitamos seguir teniendo la interlocución con el gobierno, para que se permita agilizar el proceso y no imponerles una carga a ellos (los acusado) de meses y meses de firmas (…) Tenemos todas las pruebas para demostrar su inocencia, no necesitamos seis meses”, puntualizó el abogado.
En el mismo sentido se pronunció el vocero de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, Juan de Dios Hernández Monge, quien señaló que la lucha no acabará hasta lograr la derogación del artículo 362 y la absolución de los acusados, quienes abandonaron la cárcel después de cubrir una fianza de aproximadamente 140 mil pesos en total.
En un comunicado que leyó afuera del Reclusorio Norte, Hernández Monge exigió castigar a los responsables materiales e intelectuales de la represión del pasado sábado 1, en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
“Exigimos al mal gobierno que termine la persecución y hostigamiento a luchadores sociales, la cancelación de las órdenes de aprehensión y la reparación del daño, así como el respeto a las libertades democráticas”, dijo.
El abogado insistió en que las detenciones de sus defendidos fueron arbitrarias, no existió flagrancia y se trató de un operativo de estado para criminalizar la protesta social.
En la entrevista con Aristegui, el abogado David Peña reiteró que las 14 personas que ahora enfrentarán su proceso en libertad fueron acusadas por delitos a la paz pública, es decir por supuestas afectaciones a policías y al propio gobierno capitalino, no por los daños causados a los negocios, hoteles y comercios de Avenida Juárez.
Al respecto, dijo que en el Ministerio Público hay otras averiguaciones abiertas y más de 20 denuncias por daños, aunque hasta el momento no hay ni detenciones ni órdenes de aprehensión por esos hechos.
Confirman arrestos arbitrarios
Las detenciones arbitrarias por parte de servidores públicos, quienes además incurrieron en ilícitos como tortura, abuso de autoridad y violencia durante la detención de decenas de personas, fueron corroboradas por dos de los liberados la noche de ayer.
También en entrevista con Aristegui, Rita Emilia Neri Moctezuma, estudiante de Enfermería –quien la noche de ayer abandonó el penal de Santa Martha Acatitla, segura de su inocencia y con “la convicción de que podré demostrar que no soy culpable de lo que se me acusa”–, narró que el día de los disturbios ella había ido al Centro con su amiga y el novio de ésta.
Rita Emilia dijo que le dieron un paliacate que usó para cubrirse del olor a vinagre que le lastimaba nariz y garganta, y que la detuvieron presuntamente por lanzar piedras.
No obstante, el abogado Peña dijo que se pudo demostrar con videos que la joven no arrojó las rocas a los agentes.
Por su parte, el profesor Enrique Rosales Rojas expuso que fue arrestado por defender a un joven que era golpeado, y él a su vez fue atizado a golpes por policías.
Añadió que otro de los detenidos, de nombre Gilberto, fue brutalmente golpeado e incluso tuvo fracturas.
Sobre ese tema, mencionó que aún no se han presentado denuncias por abuso policial, pero los abogados posteriormente analizarán hacerlo.
Tras los disturbios del pasado sábado 1, la acción policiaca llevó a la cárcel a aproximadamente 100 personas, de las cuales 27 fueron liberadas en el Ministerio Público horas más tarde. Días después la jueza María del Carmen Mora Brito dejó en libertad a 56 y se dictó formal prisión a los 14 (13 hombres y una mujer) que la noche de ayer abandonaron la cárcel, luego de las reformas al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal.
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