Univisión, la cadena hispana de televisión más importante de
Estados Unidos, en donde Televisa tiene una considerable participación
accionaria y provee 70% de los contenidos, aportó nuevos indicios que apuntalan
las sospechas de que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se encuentra
detrás de la demanda interpuesta ante una corte estadunidense por familiares y
sobrevivientes de la masacre de Acteal de 1977 contra el también ex-mandatario
Ernesto Zedillo.
De acuerdo
con la investigación realizada por los reporteros Esteban Román y Gerardo
Reyes, después de 14 años los indígenas contactaron a una firma de abogados
corporativos de Miami para demandar a Zedillo, a quien exigieron 50 millones de
dólares por daños causados por “crímenes de guerra”.
El
reportaje, retransmitido por Televisa, cuyo dueño, Emilio Azcárraga es íntimo
amigo de Salinas de Gortari, destaca un hecho: Los abogados en Miami que
representan a las víctimas están especializados en asuntos corporativos y jamás
han llevado un caso de derechos humanos.
Además,
subrayan el hecho de que hasta ahora se haya mantenido en secreto la identidad
de los demandantes.
La
investigación de Univisión refiere que Roger Kobert y Marc Pugliese, miembros
de la firma Rafferty, Kobert, Tennenholtz and Hess, PA, aseguraron que no están
cobrando a las víctimas y que tomaron el caso conmovidos por la injusticia.
Pugliese,
agregó, que conoce a Juan Ramón Collado Mocelo, abogado de Carlos Salinas y
quien defendió al hermano del ex-presidente contra cargos de lavado de dinero y
homicidio en México.
Según el
reportaje, el litigante también es amigo desde hace al menos una década del
socio principal de Collado en Miami, Gustavo García-Montes, de acuerdo con una
agrupación católica local y según las cuentas de Facebook de ambos.
Y más: éste
último es representante legal de Juan José Salinas, sobrino del expresidente,
en empresas que operan en Estados Unidos.
En su
investigación, Román y Reyes recordaron que el ex-presidente Zedillo, conocido
por ser pieza clave en la transición democrática de México, respondió el 13 de
noviembre pasado a la demanda de los 10 indígenas.
En el
documento, argumentó que el Departamento de Estado ya le había concedido
inmunidad, por lo que la Corte en Connecticut, donde él tiene residencia, no
tiene facultades para juzgarlo.
Al
respecto, el representante legal de las víctimas que sí están identificadas en
México, Víctor Hugo López –director del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas–, manifestó que será el juez federal en Estados Unidos quien
decida si Zedillo puede o no ser juzgado. En cualquier caso, eso no hará
diferencia en la búsqueda de justicia, apuntó.
“Si Zedillo
perdiera este juicio en Estados Unidos y tuviera que desembolsar la cantidad
millonaria que le están exigiendo, para nada representa para las víctimas y
para este centro de derechos humanos una reparación del daño”, refirió el
pasado 22 de noviembre.
FUENTE: PROCESO.
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