El primer día del nuevo
gobierno estalló la violencia. ¿Demasiado organizado para ser casual? Así
iniciaron las protestas del 68 y 71, y también las represiones. Conoce las
similitudes y diferencias de estos movimientos.
Si los primeros indicios de los hechos violentos ocurridos
el primero de diciembre en la Ciudad de México, apuntaban hacia el surgimiento
de la subversión violenta, con el paso de los días empiezan a surgir otras
evidencias que debilitan esta hipótesis y fortalecen otra.
La tesis más fuerte, hasta
ahora, presume la existencia de un plan de acción orquestado desde alguna
instancia gubernamental que perseguiría dos objetivos políticos:
El primero, debilitar la
imagen de Enrique Peña Nieto, para hacerlo debutar como un gobernante
intolerante y represor frente a los que se manifiestan en su contra.
El segundo, hacer aparecer a
Andrés Manuel López Obrador como el instigador de una escalada de violencia
para descalificar su república amorosa.
¿Quién realmente estuvo atrás
de estos movimientos violentos?
¿Son grupos radicales que
decidieron manifestarse espontánea y agresivamente precisamente a partir del
primero de diciembre?
¿O estamos frente a una trampa
como la ocurrida el 10 de junio de 1971, el famoso Jueves de Corpus, para
reventar políticos?
Entre el 1 de diciembre y los guantes blancos
Todo empezó la mañana del
domingo 26 noviembre cuando millones de personas que se transportan
cotidianamente en el Metro se enteraron que se habían cerrado las entradas las
estaciones Santa Anita, Jamaica, Fray Servando y Candelaria de la línea 4,
direcciones Santa Anita-Martín Carrera.
La orden provenía del Estado
Mayor Presidencial de Felipe Calderón, sin que el gobierno del Distrito Federal
pudiera haber hecho algo para evitar la decisión.
Además las “medidas
preventivas” supuestamente para garantizar la seguridad en la toma de posesión
de Peña Nieto, también implicaban la instalación de un cerco metálico a cargo
de la Policía Federal, que aislaba 10 kilómetros cuadrados en torno a la Cámara
de Diputados.
Nunca había sucedido nada
igual. No había precedentes históricos de tan absurdas y exageradas medidas.
Con tal prepotencia, con tanta anticipación.
Para traspasar el cerco, los
vecinos de la zona tenían que acreditar que habitaban en las viviendas
circundadas. Para un ciudadano común, atravesar la valla representaba tantos o
más obstáculos que cruzar la frontera con los Estados Unidos.
El jefe de gobierno del DF,
Marcelo Ebrard, protestó la medida. El presidente de la Cámara de Diputados
Jesús Murillo Karam, también.
Y hasta Miguel Osorio Chong,
entonces coordinador General de Diálogo Político y Seguridad de Peña Nieto se
vio obligado a intervenir para que se reabrieran las estaciones del Metro y se
facilitaran los accesos a San Lázaro y a las zonas habitacionales.
Daba la impresión, ya desde
entonces, que el gobierno de Calderón tenía la intención de provocar
innecesariamente el enojo y la molestia de los vecinos de San Lázaro. De
predisponerlos en contra del arribo del nuevo gobierno.
Y es que la muy anticipada
instalación del cerco, además de violentar las garantías de tránsito, no se
justificaba desde ningún punto de vista.
Menos aún cuando el propio
Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres, y el movimiento Yosoy132, habían
anunciado que continuarían con sus manifestaciones pacíficamente.
El halconazo
En la historia reciente de
México ha habido miles de manifestaciones, pero las violentas, se pueden contar
con los dedos de la mano.
Y en todas ellas, con el paso
tiempo, se ha descubierto que la violencia fue provocada desde alguna instancia
de gobierno, con objetivos políticos muy específicos.
Asi sucedió con la
participación de los guantes blancos del batallón Olimpia en los sucesos del 2
de octubre de 1968.
Y así ocurrió también con la
matanza del llamado Jueves de Corpus de 1971, cuya verdadera historia fue
relatada por Alfonso Martinez Dominguez al respetado activista de izquierda
Heberto Castillo.
“No, señor presidente. Creo
que si realizan su marcha no habrá mayores problemas. Soy de la opinión de que
no se tomen sino medidas precautorias. Vigilar que no haya provocaciones. No
habrá problemas”.
Quien así hablaba era el jefe
del entonces Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez
Domínguez.
El presidente Luis Echeverría
lo había convocado para analizar los riesgos de una marcha de protesta que se
realizaría el 10 de junio de 1971.
Sin embargo, Echeverría daba
la apariencia de no estar de acuerdo con la opinión de Martínez
Domínguez:
“No, Alfonso. La izquierda me
está toreando, quiere que muestre debilidad y entonces se me subirán a las
barbas. Los meteremos al orden.»
La verdad sobre lo que sucedió
entonces se supo años después a través del relato de Martínez Domínguez a
Heberto Castillo.
En realidad, el objetivo
primordial de Echeverría era deshacerse de Martínez Domínguez, porque el
político que años después fue gobernador de Nuevo León, “tenía pasado y fuerza
política. Le hacía sombra al presidente.”
Y por eso el presidente de la
República había diseñado un plan para hacer aparecer al jefe de gobierno del
Distrito Federal como un represor intolerante ante la ciudadanía.
El 10 de junio de 1971 los
jóvenes marcharon y sobrevino la masacre.
Martínez Domínguez no pudo
hacer nada por evitarla porque Echeverría lo había convocado a Los Pinos a una
reunión de trabajo.
“Nada pudimos hacer. La marcha
se llevó a cabo y los halcones adiestrados en el Departamento del Distrito
Federal, con la complacencia de la policía, golpearon a periodistas, rompieron
cámaras fotográficas, hirieron, mataron y remataron muchachos, hasta en las
camas del hospital Rubén Leñero, en la Cruz Verde.”
FUENTE: REPORTE INDIGO
AUTOR: FELIX ARREDONDO.
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