El movimiento #YoSoy132 denunció que en el caso de las 69
personas que se encuentran detenidas por los disturbios del primer día de
diciembre, las autoridades policiacas del Distrito Federal han incurrido en
diversas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.
Para la organización
estudiantil, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
abrió cinco averiguaciones previas, imputando a todos el delito grave de
ataques a la paz pública con agravante de pandilla, “a pesar de que la propia
Comisión de Derechos Humanos local ha documentado por lo menos 22 casos de
detención arbitraria”.
Según
Claudio González y Ana Laura Dino, integrantes del Comité Jurídico y de
Derechos Humanos del movimiento estudiantil (Cojudh-132), la policía del
Distrito Federal actuó con lujo de violencia durante la detención de los
manifestantes que, encima, agregaron, ni siquiera participaron de los
disturbios.
“Estas
(violaciones) comenzaron con la violencia empleada para detener a los
manifestantes y a distintas personas de forma arbitraria”, dijo en conferencia
de prensa Ana Laura, quien acusó que dichas arbitrariedades se extendieron al
cerco “ilegal” que la Procuraduría dispuso para impedir el acceso de
familiares, abogados y miembros del Cojudh-132 a la Agencia 50 del Ministerio
Público (MP), durante la noche del domingo, “evitando así poder constatar en
qué estado se encontraban nuestros compañeros”.
“Esto es
claramente violatorio de lo dispuesto en el artículo 20 constitucional,
apartado A, fracción IX. Posteriormente, los detenidos fueron consignados
durante la madrugada, sin haberse desahogado las pruebas existentes, dándose
una nueva violación al debido proceso y al derecho humano a la presunción de
inocencia”, reclamó la estudiante.
Pacífico
desde sus principios fundamentales, el movimiento rechazó haber sido parte de
“cualquier acto de violencia”; y aseguró que sus integrantes que se encuentran
detenidos fueron privados de su libertad arbitrariamente. A ellos, como al
resto de los consignados, declararon su apoyo “incondicional”: “Todos son
nuestros presos”, dijeron.
Acompañados
por representantes del grupo autodenominado Liga de abogados 1 de diciembre,
conformado por 30 litigantes que hicieron suya esa causa, los estudiantes
también denunciaron que el día de ayer, mientras sus compañeros detenidos se
encontraban en audiencia, las autoridades volvieron a hostigarlos y a violar
sus derechos.
“De nueva
cuenta se formó un cerco policíaco en la entrada de los juzgados del reclusorio
Norte, que llegó a impedir el acceso de algunas personas que fungirían como
testigos y puso en peligro la labor de defensa de varios de los abogados
solidarios. De nueva cuenta, nos encontramos con que la autoridad incumple con
la ley, esta vez impidiendo se actuase conforme a lo establecido en el artículo
59 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en donde se nos
dice que toda audiencia será pública”, dijo González.
En cuanto a
medios de comunicación, #YoSoy132 denunció al periódico Excelsior y a un medio
local de Oaxaca por haber violado los derechos humanos de sus compañeros:
“La
criminalización en los medios de comunicación de todos los detenidos ha sido
constante, calificándolos de ‘vándalos’ y violando nuevamente el derecho humano
a la presunción de inocencia. Esto ha sido particularmente grave en los casos
de los compañeros Stylianos García Vackimes, Mario Flores Guerrero, Ángel
Boydan Florezco, Miguel Ángel Zepeda Patlani y Judith Gómez Contreras, a
quienes la Procuraduría ha señalado como ‘líderes de la revuelta’. Esto no hace
más que demostrar su ignorancia de la forma en la que el movimiento está
organizado y la falta de profesionalismo a la hora de investigar.
“Aunado a
esto, se facilitó esta desinformación a distintos medios como Excelsior y NSS Oxaca,
destruyendo así la presunción de inocencia y promoviendo entre la sociedad la
idea de que nuestros compañeros son culpables, celebrando de esta forma un
juicio mediático ilegal e injusto”, lamentó Ana Laura Dino.
Por su
parte, Juan de Dios Hernández, abogado defensor de los detenidos, dio a conocer
que en el caso de todos los consignados, las autoridades actuaron con nada más
que los dichos de los policías aprehensores. “No tienen ni una sola prueba de
cargo. Apenas el dicho de los granaderos. Y de ellos hay pruebas de que nunca
hubo una actitud disuasiva de las fuerzas represivas. Sirvieron como mensajeros
del dolor y del sufrimiento”, dijo el abogado, quien recordó que el plazo para
resolver la situación jurídica de los 69 detenidos vence el próximo domingo a
las 18 horas, y concluyó:
“Esto es un
caso evidentemente político. No jurídico. El domingo la juez tendrá que
resolver en uno de dos sentidos: o dicta un auto de libertad por falta de
méritos, o dicta un auto de formal prisión y convalida esta violación del
estado de derecho en México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
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