AUTOR: SANJUANA MARINEZ.
El fenómeno de las comunidades armadas en Guerrero y
otros estados de la República, es el inicio de una nueva realidad en México:
las autodefensas y el paramilitarismo. Es un ejercicio de defensa aparentemente
ciudadana contra la violencia del crimen organizado y el Estado. Son indígenas
y campesinos armados para combatir el incremento de secuestros, ejecuciones y
el cobro de piso, que impunemente comete el crimen organizado, en connivencia
con autoridades de distinto nivel.
Algunos de los nuevos ejércitos usan uniforme y armas
largas; otros forman parte de los sistemas de autodefensas indígenas, previstos
en su forma de vida, usos y costumbres. La pregunta es concreta: ¿Quién está
armando a las autodefensas mexicanas? En algunos casos en particular, como el
de Teloloapan e Iguala, Guerrero, es evidente que el armamento y equipamiento
de los grupos de defensa tiene un nivel, cuyo costo debió haber pagado alguien
con mucho dinero.
Los retenes de las autodefensas de Guerrero son
cotidianos en diversas carreteras, ante la mirada impasible de las autoridades.
A los primeros dos pueblos armados, le han seguido Ahuehuepan, Ahuelican,
Tonalapa del Río y Coatepec Costales. Hay también autodefensas en Michoacán,
concretamente en Cherán, para defenderse de los talamontes que supuestamente
están protegidos por “La Familia Michoacana”.
También crearon un grupo de autodefensa en Urapicho donde
sus pobladores están hartos de las desapariciones y el ataque a sus recursos
naturales. En La Concordia y Mazatlán, fueron las mismas autoridades las que
promovieron las autodefensas para combatir al crimen organizado, después de las
matanzas indiscriminadas: “Para garantizar la seguridad, es imposible tener un
policía, un soldado, en cada casa”, dijo el alcalde Eligio Medina, que alentó
la formación de autodefensas.
En Veracruz, un estado que ha quedado rebasado por el
crimen organizado, ha surgido el Comando Civil de Defensa de Tantoyuca y Platón
en Veracruz, bajo el argumento de defenderse de los extorsionadores del crimen
organizado. Ya que el Estado no ha sido capaz de enfrentar la ola de violencia,
cumplir con su obligación de proporcionar seguridad y bienestar a sus
pobladores y detener el incremento de ejecuciones y desapariciones, los
ciudadanos han buscado la manera de autoprotegerse.
Ver a civiles armados con la cara cubierta ofrece la
imagen de un país sumido en la anarquía. La idea de “sálvese quién pueda” es la
muestra fidedigna del fracaso del Estado.
El fenómeno de autodefensas es el inicio del
paramilitarismo. Así empezaron en Colombia los grupos de civiles en 1990, para
defenderse de la guerrilla de las FARC. Los pobladores fueron armados por
ganaderos, empresarios, políticos, militares… El ejercicio civil se convirtió
luego en una horrenda pesadilla. Las denominadas Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) se convirtió en una organización paramilitar, responsable de
miles de asesinatos de civiles y campesinos.
Las autodefensas colombianas derivaron en un grupo
violento que igual secuestraba sindicalistas, intelectuales o “enemigos de la
patria”. Finalmente, el gobierno colombiano las consideró una organización
terrorista al igual que la Unión Europea y Estados Unidos. En su haber quedan
las masacres de Mapiripán, El Aro, San José de Apartadó, El Salado, Chengue y
Macayepo, entre otras. Su líder Carlos Castaño ha pasado a la historia de los
criminales de lesa humanidad impunes, al igual que sus sucesores Vicente
Castaño y Salvatore Mancuso.
Este ejercicio de defensa, que en un principio se
permitió por autoridades colombianas, después derivó en una organización
paramilitar y terrorista, cuyo sostenimiento provenía del narcotráfico, el
secuestro y la extorsión, paradójicamente los delitos que justificaron su
creación. ¿Las autodefensas mexicanas pueden terminar como las autodefensas
colombianas? El paramilitarismo en este país tiene una larga historia de grupos
armados con estructura militar dispuestos a jugarse la vida; algunas veces por
dinero, otras más por ideología.
Paramilitares orquestados desde el Estado o los distintos
estamentos de poder. Los nuevos grupos de autodefensa en México han surgido
ante la ineficiencia de las autoridades, para proporcionar no solo protección a
la vida, sino a la propiedad. Su origen es comprensible desde las iniciativas
ciudadanas, pero el peligro de su crecimiento, puede derivar en actos
criminales por encima de la ley e incluso convertirse en instrumentos del
Estado para realizar el “trabajo sucio”.
Si el gobierno de Enrique Peña Nieto es incapaz de
ofrecer seguridad a sus ciudadanos, el debilitamiento del Estado será
imparable. Crecerá el número de grupos de autodefensa, resurgirá el
paramilitarismo e inevitablemente, la militarización, provocará más muerte y
destrucción. Observar complaciente desde la Silla del Aguila el nacimiento de
un México anárquico, puede tener funestas consecuencias: el desgobierno.
Está demostrado que el paramilitarismo de cualquier color
deriva casi siempre en crímenes masivos y finalmente en guerra civil. Si las
estructuras del Estado han quedado rebasadas, habrá que pensar en nuevos
mecanismos democráticos para cambiar al capitán del barco que, en estos
momentos, navega a la deriva con tripulación y pasajeros.
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