AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Para legitimar la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia el IFE se apresuró a declarar que no hubo fraude en el caso de las tarjetas Monex utilizadas para “pagar la estructura electoral” del PRI. Pese a las denuncias y pruebas presentadas por la oposición en el sentido de que el financiamiento de la campaña priista es una madeja de triangulaciones que hacen perdedizo el origen del dinero, el árbitro electoral determinó que no hay nada que reclamarle al partido en el poder que, así, manejó recursos oscuros, turbios en su origen y destino… y fue exonerado.
La exoneración que el IFE concedió al PRI al validar el “origen y destino” de los millonarios recursos utilizados durante la campaña que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia generó más dudas sobre el entramado financiero mediante el cual se trianguló con varias empresas dinero que luego se “dispersó” con tarjetas Monex. Ni la autoridad electoral sabe dónde quedaron estos recursos.
Aunque la Unidad de Fiscalización del IFE a cargo Alfredo Cristalinas no investigó a fondo un posible financiamiento ilegal en la campaña presidencial priista, pues centró su indagatoria en “el origen y destino” de los monederos, sí corroboró la participación de Grupo Financiero Monex y la de varias empresas. A decir del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano esto comprueba “un financiamiento paralelo”. Por ello, estos institutos políticos impugnarán el resolutivo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cinco de los nueve consejeros electorales consideraron legal el origen y destino del dinero y rechazaron la participación de la familia Fraga (de reconocida trayectoria priista) en el caso. El quinto voto, el del desempate lo emitió en el último minuto el consejero priista Sergio García Ramírez.
En el curso de la indagatoria aparecieron más elementos que, paradójicamente, fortalecen la denuncia de la oposición. Por ejemplo, la participación de ocho empresas más, de tres personas físicas más y el uso de cuatro bancos más.
El 26 de junio pasado el PAN denunció el uso de tarjetas Monex por parte del PRI para la compra del voto; incluso presentó varios de los plásticos y narró cómo fue el operativo, mismo que le revelaron operadores del PRI en Guanajuato. Días después, el 5 de julio, la coalición PRD-PT-MC reforzó aquella denuncia al dar a conocer decenas de facturas emitidas por Monex a nombre de las empresas Inizzio S.A de C.V. y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. y las cuales respaldan la compra millonaria de tarjetas Monex. La Coalición y el PAN llevaron su queja ante el IFE para que indagara el “origen y destino” del dinero con que se financiaron esos plásticos bancarios.
Durante la investigación que el IFE realizó contra el PRI, este partido intentó justificarse al presentar un contrato “de préstamo o financiamiento” que firmó con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V., por poco más de 66 millones de pesos. Con intereses y otros gastos el empréstito sumaba 70 millones de pesos.
Lo anterior dio pie a que en la discusión del miércoles 23 en el IFE, a pesar de que la mayoría de los consejeros exoneró al PRI, también votó porque se indagara si ese contrato fue válido o no. Es decir, si se trató de un financiamiento o de la aportación de una empresa mercantil, además de establecerse –en caso de que fuera un “préstamo o financiamiento”– si la ley lo permite, pues en el reglamento de financiamiento a los partidos políticos aprobado hace un año por el instituto aclara que sólo los bancos pueden, con excepción de la banca de desarrollo, prestar dinero y cuando ello ocurre se debe notificar al IFE en los siguientes cinco días.
Esta propuesta fue presentada por el consejero Alfredo Figueroa Fernández, quien junto con los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Benito Nacif Hernández y María Marván Laborde consideró que el PRI no pudo justificar el “destino” de los millonarios recursos.
Flujos millonarios
Cuando el PAN hizo su primera denuncia el 26 de junio pasado estimó que el PRI utilizó por lo menos 700 millones de pesos mediante las tarjetas Monex. Dos días después, en conferencia de prensa el IFE difundió que había detectado la emisión de tarjetas por 70 millones 815 mil 534 por parte del PRI para el pago de su estructura electoral.
El 5 de julio la Coalición de Izquierda tuvo facturas de la empresa Inizzio por 46.3 millones de pesos y de Efra por 60.6 millones de pesos. Una semana más tarde reveló la participación de otras compañías: Atama, con operaciones financieras por 13.9 millones de pesos; Tiguan, con 9.2 millones, y Koleos, con 3.2 millones de pesos.
Ante el cúmulo de evidencias sobre el flujo millonario de estas cinco empresas, así como la aportación de la persona física Rodrigo Fernández Noriega y la participación de los bancos Monex y Santander –hechos que el PRI negó en repetidas ocasiones, y que el grupo financiero Monex también rechazó en sendos desplegados publicados en El Universal y Reforma–, finalmente el PRI aceptó haber recurrido a la emisión de más de 7 mil tarjetas Monex.
En conferencia de prensa del 17 de julio, el entonces representante jurídico del PRI ante el tribunal electoral, Jesús Murillo Karam, reconoció que su partido contrató a una empresa para la emisión de tarjetas Monex. Y dio datos: 7 mil 851 monederos con un saldo total de 66.3 millones de pesos.
El pasado 5 de agosto en su edición 1866, Proceso dio a conocer esquemáticamente el flujo del dinero. En el número anterior detalló cómo José Luis Lozada Neyra, quien utiliza el seudónimo de Alejandro Jaen Pérez Lizárraga, es el actor principal de la trama financiera para la cual se valió de sus empresas Inizzio y Atama.
Incluso reveló cómo Rodrigo Fernández Noriega, otro de los aportantes, estableció con él el mecanismo y se entrevistaron en una casa ubicada en Calderón de la Barca, número 78, en Polanco. Este es el mismo de la empresa Efra y del Grupo de Abogacía Profesional, de Gabino Fraga. También reveló que además de Inizzio y Atama, Lozada Neyra posee nueve empresas y que su centro de operaciones se localiza en Sinaloa 84.
En su indagatoria, la Unidad de Fiscalización del IFE fue encontrando también nuevos protagonistas de la trama financiera, aunque al final todo lo consideró legal. Así, por ejemplo, detectó ocho empresas más, las cuales depositaban dinero a Inizzio o a Efra. Se trata de Servicios y Desarrollos Akropolis S.A. de C.V., que abonó 1.4 millones de pesos; Servicios Luciana S.A. de C.V., un millón; Maquiladora Lusa S.A. de C.V., 715.9 millones; Comercializadora Baltus S.A. de C.V., 2 millones; Distribuidora Merling, S.A. de C.V., 58 mil pesos; Grupo Textil Firence S.A. de C.V., 4.5 millones de pesos; Grupo Comercializador Conclave S.A. de C.V., 699 mil pesos, y Diseños Artísticos Industriales, 2.3 millones de pesos.
En su edición 1865 este semanario dio a conocer que esta última empresa forma parte de las propiedades de Lozada Neyra.
Además el IFE detectó la participación de otras tres personas físicas: José Antonio Rodes Domenzáin, Ricardo Mauro Calzada Cisneros y Raúl Álvarez Longoria. El primero aportó 8 millones de pesos, el segundo 13.1 y el último 10.1 millones. Al igual que las otras ocho empresas, ellos depositaban recursos a Inizzio y a Efra.
Mediante pruebas documentales el IFE estableció que Monex había emitido monederos electrónicos por 71 millones 815 mil 849 pesos. Curiosamente esa suma coincide con la que el PRI reconoció que le entregó a Alkino por las tarjetas, más el pago por los servicios y la emisión de los plásticos.
No obstante la Unidad de Fiscalización, la cual tiene autonomía técnica y elaboró el proyecto que exoneró al PRI, detectó que el flujo del dinero no iba directamente de las empresas a Monex, sino que antes pasaba por cuatro bancos: Banamex, con 3.7 millones de pesos; BBVA Bancomer, 20.2 millones de pesos; Banorte, 14.7 millones de pesos, y Santander, 33.2 millones de pesos. La coalición PRD-PT y MC ya había denunciado que Rodrigo Fernández Noriega utilizó al banco Santander para depositar 3.5 millones de pesos.
En el entramado financiero detectado por el IFE se observa que el flujo del dinero corrió de una empresa a otra, y luego a uno de los cuatro bancos para después ser depositado en Monex. Así, esquemáticamente, Monex queda en medio. Luego, cuatro bancos que le depositaban y a cada uno de éstos otras dos empresas o personas físicas le aportaban el dinero. Así se evidenció la participación de cinco bancos, cuatro personas físicas y 14 empresas. Todos al servicio del PRI.
Protección
La arquitectura financiera descubierta por el IFE no es reconocida por el PRI como un método para triangular recursos y menos aún para borrar la huella del dinero ni mucho menos para tener un financiamiento ilegal.
En su alegato ante la Unidad de Fiscalización del IFE el PRI estableció que sólo firmó un contrato con la empresa Alkino el 1 de marzo para que le “prestara o financiara” los 66 millones de pesos que con todo y el pago por servicios sumaban 70 millones. Incluso sostuvo que nunca se enteró de la relación que Alkino estableció con Efra e Inizzio. Además, este partido negó haber utilizado una triangulación y alegó que desconocía si Alkino había contratado o no a otra empresa.
El IFE llamó a los representantes de Alkino, quienes revelaron que ante la falta de fondos para dar el servicio de los 66 millones de pesos al PRI por las tarjetas, firmó un contrato con la empresa Atama para que le prestara; a su vez ésta contrató a Inizzio con el argumento de que tenía buen conocimiento de cómo operaba la banca Monex. El PRI contrató los servicios de una empresa para que le prestara dinero, pero nunca se enteró de que era insolvente.
En cuanto a la participación de Efra, el instituto la descartó como involucrada a pesar de que en su esquema de flujo de dinero parece en cuatro ocasiones recibiendo dinero ya sea de Koleos, Atama, Tiguan, Diseños Artísticos Industriales, de Grupo Textil Firence, Distribuidora Merling, de Inizzio y de personas físicas.
Aunque Efra aparece direccionada en un domicilio propiedad de Emilio Fraga, ni él ni Gabino Fraga figuran como accionistas sino los hermanos Moisés y Gustavo Hernández Hernández.
La disculpa del IFE a Emilio Fraga es porque en su declaración ante la Unidad de Fiscalización rechazó haber contratado a Monex para emitir y dispersar las tarjetas. También negó ser parte de Efra, Inizzio o Atama, aunque aceptó: “Sí he participado como comisionista o asociado de ellas (Atama, Inizzio y Efra) en algunos negocios. En el caso que nos ocupa, mi participación se limitó a identificar un proveedor competitivo, serio y eficaz de monederos electrónicos o tarjetas prepagadas que eran requeridos por parte de Atama e Inizzio, resultando en este caso el Banco Monex, S.A.
“Posteriormente, derivado de devengar debidamente mi comisión o beneficio derivado de la concreción de este proyecto fungiendo como contacto, enlace y facilitador de la relación cotidiana entre Monex e Inizzio, le solicité al señor Moisés Hernández Hernández, quien trabaja conmigo desde hace seis años, atendiera administrativamente los trámites de contratación con Monex y una empresa administrada por aquel de nombre Efra”.
Para el IFE, Emilio Fraga –quien fue aportante del PRI en 2000 y 2001– tuvo como función asesorar a Atama, Efra e Inizzio, “por lo tanto no se desprende algún otro tipo de relación con las empresas vinculadas”.
A lo largo de la indagatoria el instituto no sólo exculpa a la familia Fraga sino que además nunca tiene contacto con el operador principal de toda la trama: José Luis Lozada Neyra. A éste nunca lo encuentra en su domicilio y a Alejandro Jaen Pérez Lizárraga, apoderado legal de Inizzio y el cual es un alias de Lozada Neyra, nunca los contacta; dice que porque nunca localizó el lugar de trabajo de Inizzio.
En entrevista con Proceso el consejero Figueroa destaca una serie de inconsistencias del PRI.
Primero sostiene que este partido nunca justifica el destino del dinero, miente cuando dice que será para pagar operadores en 13 estados cuando se realizan en toda la república, pero además en esos 13 estados no se encuentra Hidalgo y las pruebas documentales que tiene el IFE revelan que 26.8% del dinero de las tarjetas se obtuvo en esa entidad.
La justificación del tricolor es que la mayoría vive en Hidalgo. Para rematar, de los 66 millones de pesos hay 44 que se obtuvieron en cajeros automáticos de manera anónima, “por lo tanto no sabemos cuál fue el destino final de ese recursos. El partido no pudo acreditar en qué gastó el dinero. Otro dato: Los contratos que presentó entre él y los operadores no concuerdan con quienes recibieron las tarjetas. No hay vinculación entre ellos”.
Un dato que llama la atención del consejero es que las tarjetas que por ley deben tener hasta 7 mil pesos, muchas de ellas llegaron a 300 mil pesos lo que es ilegal y de ahí que se avisó a la Unidad de Inteligencia Financiera que está a cargo del exprocurador de Peña Nieto en el Edomex, Alberto Bazbaz.
Para los representantes ante el IFE Rogelio Carvajal (PAN) y Camerino Márquez (PRD) se trató de un financiamiento paralelo.
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