AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Mes y medio después de que Felipe Calderón dejara Los Pinos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la “liberación inmediata” de Florence Cassez, con lo que echó por tierra el caso emblemático del calderonismo montado por el superpolicía Genaro García Luna y sus colaboradores con el apoyo del duopolio televisivo. Queda pendiente el castigo a los responsables de las irregularidades, pero del caso se desprende una importante consecuencia natural: con su fallo, la Corte pone en jaque al sistema persecutorio mexicano, basado en los abusos policiacos y en la violación sistemática de los derechos humanos de presuntos o verdaderos culpables.
El miércoles 23, desde el máximo tribunal del país salió la orden de liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, de 38 años, presa durante siete y acusada de delincuencia organizada y secuestro en un proceso viciado desde su origen.
Ya con Calderón fuera del poder y García Luna en el extranjero, la posición que prevaleció en la Corte la expresó el ministro Arturo Zaldívar, cuya propuesta de resolución fue por la que se inclinó la Primera Sala: En el caso de la ciudadana francesa, la policía, el Ministerio Público y los jueces actuaron de manera equivocada.
La Suprema Corte quiere hacer de ese criterio una tendencia para que los tribunales federales vigilen que se respete el debido proceso. “Si las cosas no se hacen bien en la policía y el Ministerio Público, la gente va a salir libre”, dijeron a Proceso funcionarios del máximo tribunal.Por tres votos a dos, la Primera Sala ordenó la libertad inmediata de Cassez por las violaciones constitucionales y procesales cometidas por García Luna en su decisión de encarcelarla por su participación en el supuesto secuestro de tres personas. Reiteró lo dicho en marzo del año pasado, cuando abordó por primera vez el caso: En su detención se violaron el principio de presunción de inocencia, el derecho consular y el debido proceso a causa del “efecto corruptor” del montaje televisivo preparado por García Luna y sus hombres más cercanos.
La Corte no se manifestó sobre la responsabilidad o inocencia de Cassez, aunque al invalidar el proceso y la sentencia en la práctica la dejó como no culpable.
Aun cuando el “superpolicía” de Calderón esté fuera del país, tras la decisión de la Corte aparece como uno de los primeros exfuncionarios del sexenio calderonista a los que se les pueden fincar responsabilidades por esas violaciones, junto a sus principales colaboradores, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, ahora empleado del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
Las responsabilidades pueden ser administrativas, civiles y hasta penales. Pero en su debate los ministros no fueron explícitos. Tampoco se espera que la Corte dé vista al Ministerio Público.
La decisión está en la Procuraduría General de la República (PGR), que podría iniciar de oficio una investigación contra los responsables del montaje televisivo sobre la detención de Cassez, el personal del Ministerio Público que le dio fe a esas actuaciones y hasta de los propios jueces y magistrados que tampoco vieron esas irregularidades y la condenaron a 60 años de prisión.
El gobierno de Enrique Peña Nieto aún no ha decidido qué hacer, aunque el procurador Jesús Murillo Karam dijo el viernes 25 que las violaciones señaladas públicamente por los ministros “podrían constituir un delito”, mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió un día después del fallo de la Corte a que “en cuanto haya un señalamiento público oficial, nosotros también lo haremos con la investigación correspondiente”.
Lo que nadie vio
A diferencia de marzo de 2012, cuando el caso de Cassez se trató por primera vez en la Primera Sala y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunció por castigar a los responsables de las violaciones, el miércoles 23 los ministros no se refirieron a quienes deberían responder.
Todos los caminos llevan a García Luna de forma directa y por extensión a quien fue su jefe, Felipe Calderón. Su abogado, Alonso Aguilar Zinser, evitó hacer comentarios sobre los escenarios en que puede quedar el exsecretario de Seguridad Pública, quien ya está marcado por su fracaso ante Cassez.
De acuerdo con el constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Elisur Arteaga, a partir de la resolución de la Corte, funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial están involucrados en las graves violaciones cometidas durante el proceso judicial contra Cassez.
En el caso de García Luna considera que puede ser demandado por la vía penal, de acuerdo con la fracción segunda del artículo 109 de la Constitución. Según esa disposición, los delitos cometidos por cualquier servidor público serán perseguidos y sancionados en los términos de la legislación penal.
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