AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
MONTERREY, N.L: La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Nuevo León obstruyeron la investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre la tragedia del casino Royale, donde perecieron 52 personas, acusó hoy la presidenta del organismo, Minerva Martínez Garza.
Al presentar una serie de recomendaciones por el caso de la masacre en la casa de apuestas, el 25 de agosto de 2011, la ombudsman nuevoleonesa consideró que la PGJ de Nuevo León y la SPP estatal se abstuvieron de proporcionar información para la investigación que ella efectuó del crimen del 25 de agosto del 2011.
Señaló, también, que hubo negligencia de otras autoridades estatales y del municipio de Monterrey.En conferencia de prensa, la funcionaria reconoció que su recomendación, hecha pública hasta ahora, 18 meses después de la tragedia, es tardía, pero se excusó al señalar que el trabajo fue lento por falta de personal de la dependencia que representa.
En el documento dado a conocer hoy, que contiene 13 recomendaciones, basada en una investigación que contiene 6 mil fojas, pidió hasta ahora a la PGJ que emprenda una investigación sobre las omisiones de servidores públicos en los hechos.
Martínez Garza leyó un resumen de la recomendación 103/12 basada en tres vertientes: la atención permanente a las víctimas y sus familiares; generación de políticas públicas y procedimientos para prevenir tragedias similares; y castigar a los responsables.
La recomendación va dirigida al gobierno de Nuevo León, a través del secretario general de Gobierno, Álvaro Barra; al procurador del estado, Adrián de la Garza; al director de Protección Civil, Jorge Camacho; y al director de Inspección de Trabajo de la Secretaría del Trabajo, así como a la presidenta municipal de Monterrey, Margarita Arellanes, entre otros.
Dijo que los funcionarios tienen 10 días para acatar las recomendaciones, en caso contrario, pedirá al Congreso de Nuevo León que los cite para que expliquen su negativa.
Martínez dijo que Fernando Larrazábal, actual diputado federal del PAN, quien fuera alcalde regio en el momento de la tragedia, no era objeto de la recomendación porque ya no ocupa el puesto.
Documento a medias
El documento, de redacción ambigua, que leyó fue diferente al que al final fue entregado a la prensa. En el que leyó ante las cámaras, pidió que se indemnice a los familiares de lesionados y muertos; que a los deudos por el reembolso de gastos funerarios y tratamientos médicos y psicológicos, así como la prescripción y dotación de medicamentos.
También, que sean proporcionados servicios jurídicos y sociales que las víctimas requieran; que se ofrezca una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades en desagravio de las víctimas y para satisfacción de sus familiares; que se construya un monumento en memoria a las víctimas.
Asimismo, que se capacite a personal de las empresas, en particular a los casinos, en observancia a derechos humanos en sus actividades; y definir políticas públicas a corto y mediano plazo para prevención de tragedias como la del Royale.
Finalmente, pidió a la PGJ una investigación para el deslinde de responsabilidades.
Sin embargo, en el resumen entregado a la prensa se incluían las cuatro recomendaciones que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que omitió mencionar en la conferencia. En el documento, pide de manera ambigua y textual “que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa y penal. (Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey y Dirección de Inspección del Trabajo)”.
En el mismo tono indefinido estuvieron las demás recomendaciones que omitió en la lectura: que se fortalezcan las capacidades institucionales de servidores públicos; que se cumpla la función de supervisión de establecimientos comerciales, en particular casinos; que se promueva ante la Procuraduría estatal el deslinde de responsabilidades.
En la sesión de preguntas y respuestas explicó que las dependencias encargadas de indemnizar a los familiares afectados, de acuerdo con los términos establecidos en la recomendación, son Protección Civil del estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, y Dirección de Inspección del Trabajo, cuyos titulares deberán dar, también una disculpa pública por el hecho.
Estas dependencias, dijo, incurrieron en negligencia y omisiones.
Cuando se le preguntó si no era extemporáneo pedir a la Procuraduría, más de un año y medio después, que emprenda una investigación sobre responsables por fallas administrativas, dijo que la comisión estatal demoró su trabajo por falta de personal.
“Le estamos pidiendo que inicie averiguaciones sobre autoridades, no sobre delincuentes. La verdad es que sí me parece mucho tiempo. Nuestra meta es resolver en tres meses, pero estamos impedidos físicamente porque si usted cuenta 24 horas al día en que sería imposible trabajar, no nos da el tiempo por el personal que tenemos”, se excusó.
Señaló que otra causa de la dilación en la entrega de la recomendación fue que “la autoridad” en ocasiones no le respondía a solicitudes de información.
Uno de sus auxiliares dijo que las dependencias a las que se refería eran la PGJ y la SSP estatales.
“Claro que se han hecho las denuncias (sobre esa falta de colaboración). Nosotros hacemos un puente entre la autoridad y los ciudadanos, buscamos la respuesta inmediata y lo he platicado con el procurador y el de seguridad. Pero dígame usted, ¡una denuncia resuelve siempre los problemas. No siempre los resuelve”, dijo al componer su respuesta.
Esta tarde, Francisco Fernández Hasbun, abogado del predio donde están asentadas las ruinas del casino Royale, dijo que fueron retiradas las cruces del centro de apuestas, debido a que la PGR les restituyó el inmueble a sus propietarios y necesitaban limpiarlo para hacer un inventario y poder cobrar el seguro.
Dijo que por ahora no puede ser demolido el casino hasta que no sean efectuados todos los peritajes.
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