AUTOR: EMILIO GODOY.
Activistas estadunidenses están dispuestos a detener el campo eólico de Energía Sierra Juárez, filial de la californiana Sempra Energy, que se construye en La Rumorosa, Baja California, por considerar que implica riesgos a la salud humana y al ambiente.
Desde el anuncio del proyecto en 2009, los opositores han argumentado en su contra, sin que el Departamento de Energía (DOE por sus siglas inglesas) o los jueces los hayan escuchado. Pero no pierden la esperanza.
La eoloenergía “ha creado efectos adversos, como ruido, contaminación eléctrica, los generadores crean exceso de energía que pueden dañar equipo electrónico, se genera componentes sucios provenientes de las turbinas y los transformadores”, explicó a Apro Donna Tisdale, fundadora de la no gubernamental Backcountry Against Dumps y residente en el rancho “Morningstar” en la localidad de Boulevard (California).Tisdale, también directora del grupo de planeación de Boulevard en el condado de San Diego, su organización y la no gubernamental Fundación para Proteger Nuestras Comunidades han emprendido acciones judiciales para detener la instalación, la más reciente el 26 de diciembre ante la Corte del Distrito Sur de California.
En su querella, de 27 páginas de extensión y consultada por Apro, los acusadores señalan que el DOE, el Departamento de Interior y el Servicio de Pesca y Vida Salvaje, adscrito a este último, no evaluaron a fondo las alternativas al proyecto y sus implicaciones ecológicas.
“La Declaración Final de Impacto Ambiental del DOE falla en dar un propósito detallado e independiente y la necesidad del proyecto, analizar todas las alternativas razonables, estudiar todas las actividades relacionadas con el proyecto, estudiar los efectos transfronterizos, revelar y analizar totalmente muchos de los impactos ambientales adversos, formular adecuadas medidas de mitigación y responder adecuadamente a los comentarios”, cita el documento, firmado por el abogado Stephan C. Volker.
La demanda está dirigida contra el DOE y su titular, Steven Chu; el Departamento de Interior y su jefe, Ken Salazar; el Servicio de Pesca, y su titular, Jerry Pell, así como contra el gerente de Proyectos de la Oficina del Despacho de Electricidad y Disponibilidad de Energía del DOE y Karen A. Goebel, supervisora asistente del Servicio de Pesca, sindicados de cuatro cargos por violaciones a las leyes Nacional de Política Ambiental, de Especies Amenazadas, de Aves Migratorias y de Protección a las Águilas Calva y Dorada.
La acusación indica que el DOE y la Oficina de Pesca violaron la Ley de Especies Amenazadas al fallar en usar los mejores datos científicos y comerciales disponibles cuando analizó si y cómo el proyecto afectaría especies amenazadas y en peligro de extinción. Igualmente fallaron en reiniciar la consulta cuando información significativa nueva estuvo disponible y en analizar los efectos sobre especies amenazadas y en peligro de extinción de todas las actividades del proyecto.
El énfasis de los activistas radica en el borrego cimarrón peninsular (Ovis canadensis), en peligro de extinción tanto en México como en Estados Unidos, y el águila real o dorada (Aquila chrysaetos), también amenazada y que en Estados Unidos posee un carácter simbólico: aparece en el escudo nacional.
El parque eólico se edifica en un área de casi 300 mil hectáreas que abarcan las zonas de Jacume, La Rumorosa, Cordillera Molina y Sierra de Juárez, en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada.
La instalación procedería en fases, en la primera de las cuales se instalarían 52 aerogeneradores para producir 130 megavatios (Mw), para llegar en las fases subsiguientes hasta un mil 250 Mw, con una inversión total de unos 500 millones de dólares.
Además, Sempra construirá una subestación, con la idea de conectar el campo eólico con la red Powerlink suroeste de su subsidiaria San Diego Gas y Energía, para trasladar el fluido hacia San Diego.
La transnacional estadunidense, propietaria de Sempra LNG, Sempra Energy México y Energía Costa Azul, ha sido acusada en Estados Unidos de despojo de tierras y pago de sobornos para construir y operar su terminal de gas licuado en Ensenada, activa desde 2008 (Proceso No. 1764).
Consultas insuficientes
El 18 de diciembre de 2007 ESJ solicitó el permiso para construir, operar, mantener y conectar la línea de transmisión. El DOE completó consultas informales con la Oficina de Pesca en marzo de 2011.
En enero de 2009 el DOE decidió preparar una declaración de impacto ambiental y organizó consultas públicas y consideró comentarios sobre el borrador del documento entre septiembre de 2010 y el mismo mes del año siguiente. Esa institución publicó la versión final del estudio en mayo de 2012.
El pasado 8 de junio la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicó un aviso sobre la declaración de impacto ambiental elaborado por el DOE, instancia que avaló el 17 de agosto a Energía Sierra Juárez y le entregó el permiso respectivo el día 31 de ese mes con el código PP-334.
Los activistas consideran que el DOE no tomó en cuenta los hallazgos contenidos en la declaración de impacto ambiental.
Ese documento “identifica múltiples consecuencias inevitables para los recursos biológicos, visuales, culturales, hídricos, ruido, salud pública, gestión del fuego, transporte y tráfico, uso de suelo y recreación”, arguye la demanda.
Los acusadores estiman que el análisis no aborda temas vitales como las necesidades energéticas futuras, la magnitud de la dependencia regional de los combustibles fósiles y si el proyecto es necesario para permitir que las generadoras de California cumplan con sus metas energéticas.
Sempra obtuvo el permiso porque “tiene buenos contactos, influencia política en México y Estados Unidos, donde hemos encontrado que incluso los tribunales no están ansiosos por aplicar la ley. La energía limpia tiene pase libre para destruir el ambiente”, lamentó Tisdale.
En México las cosas no han sido muy distintas. La Secretaría de Medio Ambiente ya autorizó el proyecto, a pesar de que la Manifestación de Impacto Ambiental no despeja las interrogantes ambientales. Esa dependencia organizó en noviembre de 2009 una consulta pública en Tecate y que sirvió de base para la aprobación de la granja eólica.
La Sierra de Juárez es importante para la captación de agua y la recarga de mantos acuíferos que dotan de líquido a Ensenada y Tecate.
La construcción requerirá de unos 800 mil galones de agua “en un área de aguda escasez hídrica”.
De hecho, los activistas estadunidenses intuyen que el parque energético afectará también recursos ambientales del lado mexicano. Ambos gobiernos mantienen un tratado de exportación de electricidad.
“Los efectos del proyecto en México están interconectados con y son interdependientes con las consecuencias en Estados Unidos. El gobierno debe considerar todos los impactos potenciales del proyecto, sin importar a qué país afectan. Adicionalmente, el DOE debe solicitar o llevar a cabo un completo estudio de impacto ambiental en ambos países”, plantea el texto legal.
Asimismo, señala que la declaración de impacto ambiental del DOE “reconoce que las actividades del proyecto en México resultarán casi seguramente en capturas de águilas doradas, incluyendo lesiones o muerte; modificación adversa del hábitat y una perturbación directa”.
Aunado a ello, persiste el temor de que Sempra construya más infraestructura energética. La empresa opera una termoeléctrica en Mexicali y una planta de gas natural en Ensenada, que principalmente sirve para exportar energía a Estados Unidos.
El sitio electrónico de Backcountry Against Dumps señala que “con la aprobación del proyecto, existirán los tres ingredientes necesarios para una planta generadora de gas: gas, agua y transmisión”.
Y continúa: “Sempra argumenta que el permiso limitará la línea para transportar únicamente energía renovable. Sin embargo, una enmienda podría ser presentada para permitir el acceso de energía fósil”.
Por ello, es previsible la solicitud de una modificación al aval. “Creemos que una enmienda para facilitar la transmisión de una nueva generadora a gas será presentada cuando las cosas se tranquilicen y la economía y las fuerzas del mercado apoyen la construcción y la operación”.
La Ley de Protección a las Águilas Calva y Dorada contiene prohibiciones con sanciones penales y civiles contra la captura de esas aves.
La Oficina de Pesca enlistó el 18 de marzo de 1998 al borrego cimarrón peninsular entre las variedades en peligro de extinción.
En México se estima que existen más de 2 mil 500 ejemplares de este animal, mientras que se desconoce el número de águilas reales, aunque se ha documentado la existencia de al menos 145 nidos silvestres.
Para Tisdale, hay otras opciones energéticas que las autoridades estadunidenses deben explorar, antes de autorizar el campo eólico.
“Hay otras alternativas, además de la eficiencia energética y la conservación de la energía, como la solar”, sugirió la activista.
En ese sentido, argumentan que el DOE falló en evaluar el uso de la actual línea de transmisión del Consejo Coordinador de Energía del Oeste y acusa que sólo se apegó a los razonamientos de ESJ para no utilizarla.
Los acusadores buscan una declaración legal del tribunal, presidido por el juez James Lorenz, de violaciones a las leyes Nacional de Política Ambiental, de Especies Amenazadas, de Aves Migratorias y de Protección a las Águilas Calva y Dorada, así como la cancelación del permiso hasta que se realicen estudios ambientales apropiados.
“Tenemos que dar un paso a la vez. Sempra es muy poderosa y corrupta, ha evadido muchas cosas”, sostuvo Tisdale.
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