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Los cambios en materia de seguridad pública propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto comenzarán a tomar forma a partir de este jueves 3, con la desaparición formal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), uno de los pilares de la lucha contra el crimen organizado en el sexenio calderonista.
Al publicarse este miércoles en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación (Segob) asumirá a partir del primer minuto de mañana las funciones de la SSP.
Así, la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong deberá formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de México y de sus habitantes, y proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública federal.
El titular de la Segob también tendrá que comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado, para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique.
De igual manera coadyuvará en la prevención del delito y ejercerá el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales.
La Segob organizará, dirigirá y supervisará a la Policía Federal, además de que garantizará el desempeño honesto de su personal y aplicará su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal.
Entre las nuevas funciones que tendrá la dependencia dirigida por el exgobernador de Hidalgo, destaca el hecho de que a partir de ahora el titular de la Segob propondrá al presidente de la República el nombramiento del comisionado nacional de Seguridad (jefe de la Policía Federal) y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, deberá informar al Poder Legislativo de los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de la comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.
Entre los cambios aprobados por el Congreso de la Unión el pasado 13 de diciembre también destaca la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Sin embargo, como lo establece el propio decreto publicado este miércoles, las modificaciones en lo que se refiere a la Función Pública entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción (comisión nacional anticorrupción) entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.
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