AUTOR: RÉNE ALBERTO LÓPEZ.
En su toma de protesta, el 31 de diciembre, el gobernador Núñez Jiménez calificó de grave el desabasto de medicamentos, material y equipos en hospitales, lo que, indicó, ha puesto en evidencia no sólo un pésimo manejo financiero, sino también desorden administrativo, negligencia, corrupción e irresponsabilidad compartida, y consideró que es el principal frente de la crisis que enfrenta el estado.
La crisis se reveló el 17 de diciembre, cuando empezaron las protestas de médicos y demás personal de la dependencia en demanda de prestaciones laborales, y el entonces secretario de Salud, Carlos de la Cruz Alcudia (quien remplazó a Luis Felipe Graham Zapata) declaró en alerta máxima al sector e instó a la Secretaría de Finanzas a liberar más de 350 millones de pesos a fin de reactivarlo, y 125 millones para pagar sueldos y aguinaldos.
Por cuatro años consecutivos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho observaciones al sector salud de Tabasco por diversas irregularidades, explicó el ex diputado federal perredista Rafael Elías Sánchez Cabrales, quien en enero de 2012 presentó sendas demandas penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República contra el entonces secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata.
“De acuerdo con la auditoría 463/2010 de la ASF, la Secretaría de Salud en Tabasco dejó de aplicar 175 millones 940 mil pesos del Seguro Popular, lo que motivó una observación de la ASF; además, utilizó 13 millones 992 mil pesos destinados a la compra de medicamentos del Seguro Popular para cubrir bonos o estímulos de productividad a personal médico y hacer pagos a terceros.
En 2009 se detectaron inconsistencias en el manejo de 175 millones de pesos del Seguro Popular. En 2010, el secretario de Salud no pudo aclarar el uso de 84 millones 929 mil pesos y sólo devolvió 96 millones 752 mil pesos, en perjuicio de 19 programas de nosocomios locales, entre ellos el Hospital de la Mujer, el del Niño y el Rovirosa Wade. Todo está debidamente documentado, aseguró el perredista.
Esto es sólo un botón de muestra del desorden que se dio en Salud cuando estuvo a cargo Graham Zapata, quien buscó la candidatura al gobierno del estado y terminó compitiendo por la alcaldía de Centro (cuya cabecera es Villahermosa). Entre las múltiples anomalías documentadas está la compra de medicamentos con un sobreprecio de 18 millones de pesos. Además, se beneficiaba a familiares y amigos de funcionarios con la compra de medicamentos y material de curación, y también se alquilaban grandes bodegas a amigos con recursos del Seguro Popular, afirmó.
En entrevista, un profesional médico de la Secretaría de Salud, quien pidió anonimato, explicó que el sistema de salud de Tabasco era uno de los más sólidos y llegó a ser el primero del país a partir de 1984, en el gobierno de Enrique González Pedrero.
El sector salud de Tabasco, añadió, vivió un auge que se mantuvo hasta la llegada del gobierno de Andrés Granier;hubo un antes y un después y hoy se vive una grave crisis.
La demanda que presentó el PRD contra Graham Zapata, auguró, no prosperará en la PGR porque a la Federación le pagaron todo. El problema es que el gobierno del estado hizo transferencias del presupuesto estatal para cubrir las irregularidades detectadas en el Seguro Popular. La Procuraduría General de Justicia del Estado debe salvaguardar el patrimonio de los tabasqueños e investigar si parte de ese dinero fue a parar a campañas electorales, sostuvo.
Por separado, Sánchez Cabrales dijo que la Federación ya se dio por bien servida, pues se pagó el dinero desviado del Seguro Popular, pero el gobierno del estado tendrá que pagar una deuda de más de 10 mil millones de pesos, que incluye un préstamo reciente de más de 4 mil millones que contrató en diciembre el gobierno de Granier.
El pasado 5 de diciembre, el ex secretario de Gobierno, Rafael González Lastra, informó que fue inhabilitado el director administrativo de la Secretaría de Salud estatal, Adalberto Vázquez, y que se le inició una investigación por no entregar en tiempo y forma los estados financieros de la dependencia.
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