Por los votos de cinco consejeros electorales, entre ellos el presidente del instituto, Leonardo Valdéz, eximieron una multa al PRI de aproximadamente 75 millones de pesos; sin embargo, los recursos empleados en monederos se sumarán a los gastos de campaña.
La Unidad de Fiscalización del órgano electoral confirmó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gastó 66 millones 326 mil 300 pesos en la distribución de tarjetas en la pasada elección presidencial, que repartió “entre sus coordinadores, enlaces distritales y los enlaces estatales y representantes generales”.
En la investigación de la Unidad de Fiscalización del órgano electoral se detalla: el 1 de marzo de 2012, el Partido Revolucionario Institucional celebró con la empresa Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V. un contrato para adquirir dichas tarjetas.Esas tarjetas, se indica en el proyecto de resolución, fueron adquiridas como gasto operativo de campaña a nivel nacional y local; las operaciones nacionales ascendieron a 50 millones 508 mil 891 pesos; mientras que para procesos electorales locales, el partido reportó que gastó de aproximadamente 16 millones.
Cuatro consejeros electorales propusieron sancionar al PRI, declararon fundada la queja contra el partido por la dispersión de recursos en la pasada campaña, los cuales reportó como gastos operativos.
Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván plantearon sancionar al PRI y declarar fundado el procedimiento por lo que se refiere a la no comprobación de la aplicación del gasto.
En una primera votación, se dio un empate con cuatro consejeros a favor y cuatro en contra de multar al PRI, por la abstención del consejero electoral Sergio García Ramírez.
En una segunda votación, García Ramírez consultó al Consejo General si podía emitir su voto, pese a su cercanía (“amistad”) con los dueños de la empresa Efra. La mayoría de los consejeros se pronunciaron porque votara.
El consejero inclinó la balanza: 5 contra 4, para que no se impusiera una “sanción individualizada” (contra el PRI) del 150 por ciento del monto implicado, es decir, los más de 50 millones de pesos que el partido gastó en tarjetas a nivel nacional.
Con ello se cierra el caso Monex, no obstante que el consejo ordenó dar vista a unidades e instituciones (como la de inteligencia de la secretaría de Hacienda y la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, de la PGR) encargadas deinvestigar el delito de lavado de dinero.
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