FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: FÉLIX ARREDONDO
De un momento a otro, el general Tomás Ángeles Dauahare, recobrará su libertad.
Después que el divisionario ha padecido siete meses de prisión injusta, la Procuraduría General de la República informó al juez de la causa, que los testimonios de los testigos protegidos “Jennifer” y “Mateo” nunca pudieron “ser corroborados por medio convictivo alguno”.
Salvo el hecho, claro está, que “el general Ángeles fue un servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que el día de la fecha se encuentra probanza alguna para confirmar” los dichos de “Jennifer” y Sergio Villarreal “El Grande” con la clave “Mateo” en el caso.
Es decir, que aunque el informe de la PGR no lo exprese explícitamente, es evidente que el militar fue una víctima más de la fábrica de delitos en el sexenio de Felipe Calderón.
¿Por qué razón se le fabricaron delitos a Tomás Ángeles?
Callar su voz
Apenas unos días antes de su detención, ocurrida el 15 de mayo de 2012, quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional durante los primeros 15 meses del gobierno de Calderón, se atrevió a criticar públicamente la estrategia de seguridad nacional.
El general había sido invitado a participar en un foro de seguridad organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí, el 9 de mayo del 2012. Asistió también el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
En aquella ocasión el general comentó públicamente:
“Respecto a los abusos cometidos por el Ejército en el combate al narcotráfico, desde luego que está mal hecho. Es indiscutible.
“¿Cómo remediarlo? Con la aplicación de la ley. Y es precisamente la aplicación de la ley uno de los ingredientes más importantes para la seguridad nacional, porque donde hay injusticia inevitablemente hay violencia”.
El general reconoce públicamente lo que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, siempre había negado.
Que existían violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército en la guerra contra el narcotráfico, y que la violencia era el fruto de la injusticia que había en el país.
Seis días después, la noche del 15 mayo del 2012, el general Tomás Ángeles fue detenido por elementos del Ejército. Ilegalmente fue conducido al Campo Militar Número Uno y después fue puesto a disposición de la Siedo.
No había ninguna prueba en su contra.
Solamente estaba una supuesta declaración de un testigo protegido cuyo nombre clave era “Jennifer”, un abogado de Acapulco que decía haber pertenecido al cártel de los Beltrán Leyva.
“Jennifer” era el declarante favorito de la PGR para inculpar a quien el gobierno quisiera.
Sus “declaraciones” lo mismo habían servido para inculpar a al cantante grupero Ramón Ayala, que a Sergio Meyer.
Como si hubiese sido un juez de última instancia, después de la detención, el secretario de la Defensa Nacional de Felipe Calderón, general Guillermo Galván Galván, se apresuró a hacer público su veredicto para condenar anticipadamente a su compañero de armas:
“Cuando alguno de sus elementos (del Ejercito) no se conduce conforme a derecho, sus actos se investigan y en su caso se sancionan con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión, ya sea que se encuentre en activo o en retiro, y sin permitir cualquier aspecto de impunidad u opacidad, colaborando estrechamente con las instancias encargadas de la procuración de justicia del país”, declaró Galván.
Acabar con la carrera de Tomás Ángeles
El otro propósito de la detención, que muchos advirtieron en aquellos días, era acabar con la carrera del militar.
Impedir que llegara a ocupar la Secretaria de la Defensa Nacional, o algún otro cargo en el gabinete de Enrique Peña Nieto.
El razonamiento era lógico. El general Ángeles tenía una larguísima y prestigiosa carrera militar.
Entre otros cargos, se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, secretario particular del secretario de la Defensa Nacional general Enrique Cervantes Aguirre; agregado militar adherido en la Embajada de México en Estados Unidos; y director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
De hecho, había estado a punto de ser designado secretario de la Defensa Nacional cuando arrancó el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, Guillermo Galván Galván fue el favorecido con el nombramiento presidencial, y Tomás Ángeles fue designado subsecretario.
Al encarcelar al general, aunque fuera inocente, se habrían destruido cualquier posibilidad de ser llamado al gabinete de Peña Nieto.
Los aberrantes testigos
Para quienes conocen de cerca al general Ángeles es evidente que su detención y encarcelamiento obedecieron a una consigna dictada desde las más altas esferas del poder.
Los signos exteriores de riqueza del divisionario, simplemente no concuerdan con los que suelen ostentar aquellas personas que están involucradas con el narcotráfico.
En cambio, lo que desde un principio quedó demostrado con toda plenitud es que las declaraciones con las que se pretendía inculpar al general Ángeles, eran a todas luces falsas.
“Jennifer” ni siquiera conocía al general. Y cuando el falso testigo fue interrogado de cómo se había enterado de los presuntos hechos, declaró que un tercero se los había referido.
Si los testimonios de oídas no debieran tomarse en cuenta, lo inconcebible fue que al testimonio de “Jennifer” se le dio validez a pesar que el tercero declaró que tampoco conocía el general.
Y por lo que hace a “Mateo”, quien en realidad es Sergio Villarreal alias “El Grande”, las cosas llegan al extremo de lo insólito.
El falso testigo declaró que en julio del 2008 el general había recibido millones de dólares.
La defensa del general probó que en esas fechas Tomás Ángeles estaba en Alemania visitando a su hija, que había tenido gemelos.
No obstante, para la PGR que encabezaba Marisela Morales, fue suficiente la declaración de “Mateo”, porque el falso testigo “corrigió” la fecha.
Dijo que la entrega había sido en realidad en 2007.
“Mateo” es la misma persona que alguna vez incriminó en declaraciones ministeriales nada más y nada menos que a Felipe Calderón.
Declaró que en septiembre 2006 conoció al entonces presidente electo durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del actual diputado panista Guillermo Anaya Llamas.
Y es que Sergio Villarreal “El Grande”, fue cuñado del diputado coahuilense, quien a su vez es compadre de Felipe Calderón.
¿Habrá impunidad?
Probablemente el general Tomás Ángeles será absuelto. Saldrá libre.
Probablemente también lo harán otros generales que fueron injustamente castigados sin tener responsabilidad alguna.
Los testimonios de los falsos serán desechados.
Sin embargo, hay daños personales y patrimoniales.
Los generales y sus familias son víctimas de las decisiones arbitrarias, abusivas e injustas de quienes ocuparon cargos públicos, y que tienen nombre y apellido.
¿Se castigará a los responsables de esos delitos?
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