AUTOR: PAULINA VILLEGAS.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron contra la reforma laboral.
Eduardo Pérez Saucedo, asesor legal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró que esta movilización busca impedir la aprobación del decreto que reforma varias disposiciones de la Ley Federal de Trabajo.
Humberto Peláez Castellanos, de la sección 22 de Oaxaca del SNTE, maestro desde hace 12 años, se unió a la protesta en el Distrito Federal acompañado de cientos de colegas, que acampan hasta hoy en cuatro carpas en las afueras del Palacio de Justicia.
El docente se manifestó en contra del despido colectivo a través de la evaluación universal y también rechazó los contratos temporales que hacen posible una terminación temprana sin liquidación.
La manifestación capitalina comenzó la mañana de ayer cuando más de 800 docentes salieron desde el Zócalo rumbo a San Lázaro, en contra de una reforma que consideran no protege los derechos ni responde a las necesidades de los trabajadores en el sindicato más grande de América Latina.
Hasta la fecha hay más de un millón de juicios presentados por los trabajadores por creer que la reforma laboral presentada el pasado 10 de diciembre, como parte del Pacto por México, lesiona sus derechos.
Entre ellos, el más denunciado es la falta de seguridad social en los contratos temporales y el despido injustificado y sin derecho a liquidación.
“Ahora pueden contratar hasta por seis meses sin ninguna responsabilidad para el patrón y luego despedirlos sin problema”, dijo Pérez Saucedo, mientras metía decenas de cajas con documentación sobre los amparos dentro del Palacio.
Corte Suprema
Los más de 100 mil amparos presentados ayer serán revisados por el juzgado primero y segundo auxiliares y, dependiendo del número de demandas, el asunto podría llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Esta reforma lo que hace es beneficiar a los patrones”, sentenció Pérez.
“La evaluación estandarizada no toma ni se basa en las condiciones sociales y económicas en las que trabajamos en los pueblos más rezagados como los del sureste de México”, dijo Humberto Pélaez que aseguró que más de 70 mil maestros de Oaxaca se ampararon.
Los parámetros de evaluación universal estandarizada son injustos porque omiten factores externos de gran incidencia en la vida de los estudiantes. Así opinó Fabiola Bernal Angoa, maestra de primaria desde hace ocho años y originaria de una comunidad rural en Tlaxcala.
“En la comunidad donde yo trabajo hay factores como narcotráfico y prostitución y los niños llegan al aula con limitaciones que condicionan su aprendizaje integral. Pero nosotros no nos negamos a una evaluación”, aclaró Fabiola.
La reforma laboral implica entre otras cosas, que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sea un órgano autónomo que evalúe tanto a maestros como funcionarios.
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