El actual gobernador de Morelos, Graco Ramírez y el actual director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Arroyo, fueron señalados por legisladores estadunidenses de recibir presuntos sobornos de la cadena.
Los señalamientos coinciden con lo que había publicado el diario New York Times el año pasado, que señaló cargos que van desde presidentes municipales hasta un director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).Uno de los involucrados sería el ex alcalde de San Juan Teotihuacán en 2004, cuando se construyó una tienda cerca de las pirámides, Guillermo Rodríguez Céspedes -del PRD-, quien encabezó la administración del 2003 al 2006.
Rodríguez avaló un nuevo plan de zonificación de Teotihuacán -recibido en la Gaceta del gobierno el 11 de septiembre de 2003-, para que se pudiera edificar una Bodega Aurrerá a menos de dos kilómetros de donde se localiza la zona arqueológica.
El cabildo de Teotihuacán en 2004 votó unánimemente por otorgar los permisos a Walmart para construir su tienda.
En ese entonces, estaba conformado por once personas, además del presidente municipal: el síndico municipal y diez regidores, pertenecientes al PRI y al PRD (partido al que pertenecía el alcalde).
Presuntos sobornos al INAH
Aunque la jurisdicción local adoptó un mapa de zonificación que podría haber impedido a Wal-Mart la construcción de su tienda, el New York Times informó que “Wal-Mart de México corrompió oficiales para cambiar el mapa” antes de que fuera publicado en un periódico, que fue el último requisito antes de que el mapa de zonificación se convirtió en ley. (1)De acuerdo al New York Times, otros pagos fueron hechos para el alcalde y elInstituto Nacional deAntropología e Historia (INAH). El New York Times describió la tienda Wal-Mart en Teotihuacán como “el más polémico de Wal-Mart en México, un poderoso símbolo del impacto de la globalización sobre la cultura mexicana y el comercio.”, se lee en la carta de los legisladores.
Las sumas que Walmart presuntamente pagó son 1.2 millones de pesos acongresistas locales del PRI y PRD (con los que tendría la mayoría del Congreso mexiquense para autorizar cambios de uso de suelo) y de 900 mil pesos al INAH; 500 mil pesos por concepto de “donación” y un “regalo personal irregular” de 400 mil pesospara “el director”.
Aristegui Noticias revisó las fechas y encontró que durante ese tiempo el director del INAH era Sergio Raúl Arroyo, quien estuvo de 2000 a 2005 al frente de la dependencia y que nuevamente ocupa el puesto desde el pasado mes de diciembre.
Arroyo negó tales acusaciones. “En la nota difundida por el New York Times no hay ningún elemento que pruebe que yo o algún otro funcionario hayamos recibido un donativo o regalo”, dijo en entrevista radiofónica.
“Debido a las pirámides, el INAH es una presencia importante en Teotihuacán. Su aprobación es necesaria para construir cualquier cosa dentro de la zona arqueológica protegida. Su casco patrulla funcionarios en busca de signos de la construcción ilegal, y no es difícil encontrar historias de los inspectores celosos detener a un propietario de una cocina que se extiende unos pocos metros”, detalla el reportaje del Times.
Hasta Graco Ramírez es mencionado
El nombre del actual gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aparece en un correo electrónico presentado como prueba, en el que se explica que fue el principal contacto para negociar la entrega de 2 millones de pesos, pagados supuestamente en ocho partes entre 2003 y 2004, para facilitar la apertura de tiendas Walmart.
Sin embargo, la carta se refiere a Graco Ramírez como “congresista del PRD”, pese a que entre 1997 y 2006 no fue diputado ni senador.
Pagan a excavadores
Otro involucrado sería el arqueólogo e investigador del INAH, Sergio Gómez.
“Se sabe también que las excavaciones del INAH necesarias se llevan cabo con picos y palas para minimizar el daño si la excavación descubre ruinas antiguas. Así que la vista de las excavadoras y retroexcavadoras se destacó, sobre todo cuando un signo se acercó anunciando que una Bodega Aurrera que se avecinaba… Entre los que noté fue Sergio Gómez, arqueólogo e investigador del INAH. El señor Gómez sabía que antes de la agencia emitió un permiso, primero tenía que oficialmente ‘liberar’ a la trama mediante la verificación de que la construcción no va a destruir valiosos restos arqueológicos. Eso significaba que la realización de un estudio arqueológico formal, con líneas de cuadrícula y los agujeros de exploración”, indica el reportaje del Times.
“Para cualquier desarrollador, una exploración arqueológica era arriesgada. Si se descubrieran importantes restos, podría matar el proyecto, o al menos forzar a largas demoras. Sin embargo, el señor Gómez no había visto ninguna señal de una exploración, algo extraño, ya que un estudio como este debió ocupar un equipo de investigadores del INAH y trabajadores de unos seis meses. Esto, también, fue una bandera roja”, agrega.
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