AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO.
El comunicólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Javier Esteinou Madrid, si bien de entrada saluda la firma del Pacto por México, considera que éste deja de lado puntos esenciales porque “se está gobernando para el mismo sector monopólico concentrador y no para la sociedad en su conjunto”. Y sobre la designación de Enriqueta Cabrera y Raúl Cremoux al frente de las dos televisoras culturales, cree que, más allá de los currículos, lo que va a garantizar su funcionamiento es el proyecto que les permita “recuperar las demandas que durante 40 años ha planteado la sociedad, abrirse más a la participación ciudadana y al derecho de réplica”.
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, doctor en sociología y autor de diversos libros y artículos especializados en comunicación e información, habla de los nombramientos dados a conocer el martes 15 por el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, así como de las limitaciones y aciertos del Pacto por México en materia de medios de comunicación.
Celebra la decisión de establecer dicho acuerdo porque “nunca se había logrado ese consenso entre todos los partidos”, y hasta lo equipara con los Pactos de la Moncloa, firmados durante la transición española el 25 de octubre de 1977 entre el gobierno de Adolfo Suárez, los partidos políticos con representación parlamentaria y agrupaciones empresariales y sindicales.
Dentro del Pacto por México se abordan puntos relacionados con los medios de comunicación y eso le parece importante. Sin embargo, lamenta que se ponga énfasis en la tecnología y se les vea simplemente como herramientas para la realización de actividades, especialmente económicas.
Se habla, por ejemplo, de garantizar el crecimiento de la red de la Comisión Federal de Electricidad, los usos óptimos de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz y el acceso a internet de banda ancha en sitios públicos. Pero quedan marginados los aspectos ciudadanos y la democratización, y “eso es muy delicado, especialmente porque no mencionan en ningún momento a los medios públicos y los medios comunitarios”.
Antiguas demandas de la sociedad civil sobre este tipo de medios, como el derecho a la información, a la comunicación, las figuras de defensoría de las audiencias y la formación de consejos ciudadanos de radio y televisión, entre otras, no son tomadas en cuenta por el nuevo gobierno, deplora el investigador.
Se incluyen sólo aspectos como la expansión de la banda ancha o la licitación de “más cadenas nacionales de televisión abierta”, pero sin precisar cómo y con qué criterios se hará el proceso. Y eso, a decir del especialista, puede provocar que las nuevas cadenas se dejen otra vez en manos del duopolio televisivo, y sin embargo se estaría cumpliendo con los acuerdos del pacto; entonces, ¿cuál sería el avance?, cuestiona.
En opinión suya, falta dar a los sectores sociales acceso a los instrumentos y recursos comunicativos y eso no está incluido en el acuerdo:
“Se menciona el derecho de réplica, eso es muy bueno, pero no la manera como se va a reglamentar, y puede ser muy complicado como el que hoy en día está operando, donde el concesionario finalmente tiene el derecho de veto, decide si da o no la posibilidad de que el radioescucha o televidente responda ante informaciones calumniosas.”
Le parece, en suma, “que a través del pacto se está gobernando para el mismo sector monopólico concentrador y no para la sociedad en su conjunto, que durante muchísimas décadas ha venido planteando derechos ciudadanos comunicativos que están muy marginados o totalmente ausentes”.
Ahora que se nombra a los titulares de los canales Once y 22 –enfatiza– no pueden estar fuera del marco que ha descrito porque estarán dirigiendo medios públicos. Ello significa que su primer reto será cumplir con la demanda ciudadana de rescatar la concepción y el modelo de servicio público y no ser “carta de presentación o de manejo de la imagen del presidente de la República, sería algo muy delicado”.
Habrá que ver el proyecto que tiene el gobierno actual para esos medios, porque “especialmente el Canal Once ha perdido su carácter de medio de servicio público y se ha quedado como un híbrido entre medio de mercado, medio de Estado, muy poco de medio público y casi nada de ciudadano. Y la primera obligación es regresar a esto”.
Las formas son, por ejemplo, formar un consejo ciudadano de televisión en ambos medios (cabe recordar que el 22 tenía un Consejo de Planeación y Políticas de Desarrollo integrado por algunos especialistas e intelectuales, nombrados por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, pero dejó de operar sin explicación hace ya casi 20 años); reforzar las llamadas defensorías de la audiencia, para que estén mejor representados los ciudadanos; permitirles más acceso a las programaciones, y ampliar ambas cadenas a cobertura nacional.
Para cumplir con ello, considera necesario aumentar sus presupuestos. En el caso del Once sí se logró, pues pasó de 637 millones 686 mil 786 pesos en 2012 a 643 millones 71 mil 220 para 2013; en cambio el Canal 22 sufrió un recorte de más de 21 millones de pesos, pues en 2012 se le asignaron 252 millones 853 mil 220 pesos y para 2013 sólo 231 millones 458 mil 278.
Advierte Esteinou que si no hay una acción comunicativa, que hoy en día se realiza principalmente a través de la radio y la televisión, no podrán cumplirse los propósitos del Pacto por México. Y, en ese sentido, es que los canales culturales Once y el 22 deben volver al modelo de servicio público.
El canal “chido”
Se le comenta que el Canal Once ha cambiado tanto que se pueden ver ahora hasta reality shows producidos en otros países donde los participantes son humillados:
“¡Exactamente! Se está transmitiendo la serie Mil maneras de morir, uno de los prototipos clásicos de la televisión salvaje consistente en presentar simplemente escenas espectaculares con tal de cautivar audiencia… Programas llamativos, como los ataques más feroces de animales, las explosiones más violentas de la Tierra o los accidentes más estrepitosos.
“¿Qué tiene que ver eso con el servicio público y con la ciudadanía? Por eso me pareció extremadamente revelador y al mismo tiempo preocupante aquel eslogan con el cual durante una temporada el Once se anunciaba como un ‘canal chido’. Deben dejar de ser canales chidos para convertirse en medios de Estado.”
La pregunta es si el currículum de Cremoux y de Cabrera es garantía de que los canales recuperarán su perfil:
“Yo creo que el currículum de las personas no garantiza que vayan a convertirse realmente en medios de ciudadanía. Lo va a garantizar el proyecto que establezcan, y para eso se deben recuperar las demandas que durante 40 años ha planteado la sociedad sobre lo que quiere de estos medios.”
Puede ser, continúa, el titular más radical y con mayor experiencia, pero si no tiene un proyecto y si éste no se discute con la sociedad para que no sea “una decisión de gabinete de cúpula, negociada nada más con la Presidencia y con la Secretaría de Gobernación”, serán medios al servicio de la imagen del presidente y de los funcionarios del gobierno.
Y el punto es que tanto los medios públicos, como los privados son pagados con los impuestos ciudadanos. Por ello, dice, un principio sano es que los ciudadanos puedan dar orientaciones sobre lo que quieren de esos medios.
Respecto de los medios privados se le cuestiona qué debió contener el pacto. Explica que en el acuerdo se habla de establecer control sobre los poderes fácticos, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero se omite a los monopolios televisivos.
Considera entonces como muy revelador que el 1 de diciembre, durante la toma de posesión de la Presidencia, Peña Nieto hablara en su mensaje a la nación de abrir la licitación de dos cadenas y de obligar a que las cadenas de televisión abierta ofrecieran gratuitamente sus señales de servicio restringido; pero en “menos de 24 horas”, según consignó el reportero Jenaro Villamil (Proceso 1884).
El duopolio logró que el ejecutivo
retrocediera.
Ahora, puntualiza Esteinou, ya no será un servicio gratuito sino “a precios razonables”, lo cual implica seguir con el modelo que beneficia a las televisoras de paga, las cuales reciben una ganancia anual de más de 2 mil millones de pesos, cuando ese servicio debiera ser un derecho de los ciudadanos.
En tanto que el investigador habló de las defensorías de la audiencia que existen en los medios públicos, se le pregunta si no son más necesarias en los privados, donde se transmiten peores contenidos. Considera que el pacto sí debería incluir este tipo de derechos ciudadanos, y dice que habrá que estar pendiente de cómo finalmente se legisla la parte correspondiente a medios, para que no termine siendo una nueva Ley Televisa, y pasarla con el argumento de que “se logró un cambio normativo”.
Recuerda que en 2004 hubo una iniciativa de ley en la cual hay un espíritu de apertura, se habla de participación de la sociedad, y bien podría rescatarse algo de aquel proyecto. Sería una buena señal, pues si bien el pacto avanza en ciertos terrenos de los derechos humanos, como la aprobación de la Ley de Víctimas, en materia de comunicación los derechos ciudadanos siguen muy marginados.
Ahí los nuevos directores del Once y 22 deberán tener mayor apertura hacia la participación ciudadana y el derecho de réplica, y no sólo tener la figura de la defensoría de las audiencias. Además propone que de abrirse una nueva cadena sea para medios ciudadanos nacionales y se establezcan con claridad las reglas de competencia de radio y televisión.
Debe también permitirse que los canales Once y 22 reciban ingresos adicionales, por patrocinios o donativos, y eliminarse el concepto de medio permisionado. Todos, en su opinión, son medios concesionados, sólo que tienen distintos fines: el servicio público, el comunitario, el lucro.
El sociólogo finaliza con otro tema que fue motivo de escándalo desde mediados del año pasado: Explica que el pacto incluye el tema de la comunicación en periodos electorales, pero no hay limitación al gasto en publicidad de la Presidencia y los gobiernos estatales, cuando tan sólo en el último año de su gobierno Felipe Calderón se gastó 6 mil 860 millones de pesos, un monto superior al presupuesto de seis años de los canales Once y 22.
“Eso tampoco está abordado y es una irresponsabilidad.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario