FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
La ley en la materia establece que “con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño, toda persona ofendida deberá ser reparada integralmente, indica el Centro Jurídico para los Derechos Humanos.
El Centro Jurídico para los Derechos Humanos advirtió a la Secretaría de Gobernación (SG) que es obligación del Estado garantizar la reparación del daño para las víctimas del delito, relacionadas con el expediente Florence Cassez.
En un documento entregado a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Lía Limón, la organización civil indicó que más allá de que se finque o no responsabilidad penal alguna (como ahora ocurre con Cassez, liberada por decisión de la Suprema Corte), la Ley General de Víctimas es clara en cuanto a la protección de los afectados.
Subrayó, sin embargo, que todavía no operan las instancias con base en las cuales se podrá hacer realidad la reparación del daño, tales como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y el Registro Nacional de Víctimas.“Esto pone en entredicho la posibilidad de que las víctimas del caso en concreto (Cassez) sean reparadas de manera expedita”, dijo.
Resaltó también que lo anterior no significa que el derecho de las víctimas de este caso esté sujeto a una decisión de la autoridad, porque este beneficio les es inherente por el mero hecho de que fueron vulnerados sus derechos, por lo que éste de ninguna manera prescribirá con el paso del tiempo.
Dijo que es necesario instar a las víctimas a que hagan valer este derecho y, al mismo tiempo, hacerles ver por todos los medios posibles “que su lucha no está perdida”.
Este Centro Jurídico para los Derechos Humanos, junto con otros grupos de defensores de garantías básicas, presentaron una propuesta para desarrollar en el sector.
Del asunto Cassez, este Centro, encabezado por Ricardo Sepúlveda, exdirector de la Unidad de Derechos Humanos de la SG, subrayó que el tema de mayor relevancia, a un mes de promulgada la Ley de Víctimas, es precisamente la de los afectados por la resolución de la primera sala de la Suprema Corte, el 23 de enero pasado.
En principio, esta organización aclaró que el amparo que benefició a la ciudadana francesa – detenida junto con integrantes de una banda de secuestradores- sólo le beneficia a ella y no implícitamente a otros sentenciados por ese episodio.
Por lo que hace a la reparación del daño, añadió, cobra importancia la Ley General de Víctimas y los estándares en ella plasmados.
“Esta ley señala que con independencia de que identifique, aprehenda o condene al responsable del daño, toda víctima deberá ser reparada integralmente. En este sentido, es obligación del Estado garantizar dicha restitutio in integrum a las víctimas del secuestro del ‘caso Cassez’”, señaló.
No hay comentarios:
Publicar un comentario