Mientras Florence Cassez continúa codeándose con la clase política de su país –este lunes sostuvo un encuentro con el expresidente Nicolás Sarkozy, su más acérrimo defensor–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca frenar los embates tras su resolución emitida la semana pasada que abrió la puerta a la libertad a la ciudadana francesa luego de siete años en prisión.
Y es que en un sondeo realizado por BGC-Excélsior, 59% de los encuestados opinaron que la decisión mayoritaria de los ministros obedeció a tres razones: la presión del gobierno galo, los arreglos del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo francés François Gérard Georges Hollande y a que los ministros recibieron dinero.
En una tarjeta informativa, la Corte señaló que la institución “ha aplicado la Constitución y los tratados internacionales, dictando resoluciones que implican la libertad inmediata de personas privadas de su libertad, en casos de violaciones al debido proceso y sus derechos fundamentales”.
La SCJN destacó que no es la primera vez que toman una decisión de esa naturaleza y citó al menos tres casos anteriores al de la francesa, quien había sido sentenciada a 60 años de prisión por secuestro.
Refirió, por ejemplo, el caso de siete indígenas tzotziles liberados el 1 de febrero del año pasado por hechos ocurridos en Acteal, debido a que se violaron sus derechos constitucionales al debido proceso.
A los siete indígenas tzotziles se les había dictado sentencia por los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, por sus probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones pero después, señaló la Corte, aparecieron documentos públicos que dejaron sin valor las pruebas en que se fundó la resolución y además las pruebas eran contrarias a la ley.
Refirió también el caso de un indígena mazahua sentenciado por la comisión del delito de secuestro. El 17 de octubre de 2012, la primera sala ordenó la inmediata libertad del sentenciado al considerar que fue víctima de diversas violaciones durante el proceso penal, entre ellas, al debido proceso, por la obtención de pruebas contrarias a la ley.
Otro caso fue el de dos indígenas nahuas, quienes fueron liberados el pasado 28 de noviembre al no existir prueba suficiente para acreditar el delito de robo de vehículo calificado.
En ese caso, la Corte decidió ordenar su liberación debido a que se les violó la garantía de audiencia y debido proceso ya que, entre otras cosas, no se les nombró traductor o intérprete por hablar en náhuatl.
A pesar de ello, según la encuesta de BGC-Excélsior, la mayoría de los mexicanos considera que la Corte atraviesa por su peor momento de credibilidad en años.
El año pasado, 28% tenía una mala opinión del trabajo de la SCJN y, tras el caso Cassez , el porcentaje se elevó a 50%.
Según la encuesta, sólo 16% cree que las cosas están cambiando en la aplicación de la ley en México. Hace un año, dicha cifra era mayor en 30 puntos.
En lugar de ser percibida como un órgano independiente y garante de la ley, 60% opina que la Corte actúa sin apego a la ley y el 73% que decide bajo presión de políticos y grupos de interés.
La mayoría de los encuestados, el 59%, estimó que la Corte otorgó el amparo liso y llano que le dio la libertad a Cassez por arreglos políticos entre los gobiernos de Francia y México o por corrupción de los ministros.
Más del 70% consideró que son muy frecuentes las extorsiones, los abusos, las presiones indebidas de los policías o ministerios públicos en las detenciones e, incluso, la exhibición de sospechosos ante los medios para presumir la presunta eficacia de las autoridades.
Lo peor es que el 82% de los encuestados no cree que los procesos judiciales mejorarán tras la resolución del caso de la ciudadana francesa. Dijeron estar poco o nada seguros de que las policías y los Ministerios Públicos empezarán a actuar sin violar los derechos de los sospechosos.
Incluso, el 87% consideró que Cassez debía seguir encarcelada y cumplir su sentencia. La opinión pública contestó que ante la evidencia de un crimen no se debe liberar a una persona ya sentenciada por delitos probados aún si se le detuvo violando sus derechos.
Así, de la misma forma que la mayoría de los encuestados consideró que Cassez es culpable de secuestro, expresó su rechazo a la resolución de la Corte de liberarla por haberse violado sus derechos al debido proceso.
El 86% estimó que las violaciones a los derechos de Cassez no eran lo suficientemente graves para liberarla y un 65% señaló que es poco o nada cierto que se hayan cometido serias irregularidades en el proceso judicial contra la francesa (65%).
En tanto, Cassez, de 38 años, mantiene una agitada agenda de trabajado en su natal Francia y este lunes sostuvo un encuentro con el exmandatario de su país, Nicolás Sarkozy y su esposa Carla Bruni. Sarkozy fue feroz defensor de Cassez al punto de suspender la celebración del festival México en Francia el año pasado.
Pero no es lo único.
En las calles de París se pueden ver publicidad estática con mensajes de bienvenida.
“Florence Cassez, bienvenue dans ta ville!” (“Florence Cassez, bienvenida a tu ciudad!), se lee.
Luego de su visita a Sarkozy, Cassez comentó a la prensa:
“Le agradecí por todo su apoyo, todo lo que hizo por mí. Fue un gran momento amistoso”.
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