AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
El proyecto de resolución que discutirán los consejeros electorales advierte que no hubo operaciones ilícitas ni triangulaciones irregulares entre Banco Monex y las empresas subcontratadas –como Importadora y Comercializadora Efra, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Atama– para la dispersión de recursos entre la estructura priísta en la campaña electoral.“No obra en el expediente indicio alguno que arroje que estas operaciones seas ilícitas, pues conforme a la documentación que pudo recabarse, consistente en facturas, cheques, transferencias bancarias, cartas-instrucción, contratos, puede advertirse que de manera legal se realizaron estas operaciones”, afirma el documento.
Más aun, dice que “contrariamente a lo denunciado, obra en el expediente, documentación comprobatoria de la cual se advierte que todos los pagos realizados por cada una de las empresas son depósitos y transferencias que se efectuaron implicando operaciones dentro del propio sistema bancario”.
En relación a la adquisición de tarjetas de prepago de Banco Monex por parte del PRI, el proyecto de resolución refiere que, en efecto, el 1 de marzo de 2012, el PRI celebró con la empresa Alkino, Servicios y Calidad SA de CV un contrato mediante el cual dicha empresa “se obliga a prestar servicios de desarrollo e implementación de soluciones de negocios basados en mecanismos de disponibilidad inmediata de recursos monetarios y el partido adquiere 7,851, tarjetas de prepago con recursos disponibles que ascendieron al importe de 66,326,300.00 (sesenta y seis millones trescientos veintiséis mil trescientos pesos)”.
Las tarjetas, dice, fueron utilizadas tanto a nivel federal como local; y fueron distribuidas entre sus coordinadores territoriales, representantes generales, enlaces distritales y los enlaces estatales, y representantes generales, “como contraprestación de servicios y corresponden a gastos de campaña.
De los 66 millones 326 mil 300 pesos, distribuidos a través de las tarjetas de prepago, 16 millones 308 mil pesos se distribuyeron a nivel local, y los restantes 50 millones 508 mil 891 pesos, a nivel federal.
Esta última cantidad, los poco más de 50 millones y medio de pesos, que fueron para gastos de campaña y no para actividades ordinarias del partido, como lo dijo en su momento el PRI –para enfrentar las acusaciones de rebase de topes de campaña–, son los que aun el IFE no está en posibilidad de demostrar un gasto que haya salido de lo permitido por la normatividad electoral.
“La Unidad de Fiscalización –dice el proyecto– deberá cuantificar y prorratear el importe de 50, 508,891.00 (Cincuenta millones quinientos ocho mil ochocientos noventa y un pesos) en los informes de campaña presidencial, de diputados y senadores del proceso electoral federal inmediato anterior.”
De acuerdo con el calendario de fiscalización del IFE, si bien los partidos políticos entregaron el 8 de octubre pasado sus informes de gasto de campaña, será hasta el 28 de junio próximo cuando la institución presente los dictámenes respectivos y resuelva lo conducente. El 3 de julio el Consejo General discutirá esos resolutivos.
Es decir, hasta dentro de 5 meses y medio se determinará si hubo o no rebase de topes de campaña, por parte del PRI, con las tarjetas Monex.
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