FUENTE: REPORTE INDIGO
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
La Procuraduría del Estado lo mantuvo en secreto, pero el socio principal del casino regresó a Monterrey en diciembre pasado y declaró ante el Ministerio Público. Dijo que no es culpable, que huyó por que temía por su vida y negó tener gente armada a su cargo, aunque hay fotografías que demuestran lo contrario.
En su declaración rendida ante el Ministerio Público de Nuevo León el dueño del Casino Royale aseguró no sentirse culpable por la masacre ocurrida la trágica tarde del 25 de agosto de 2011.
Y tuvieron que pasar un año y cuatro meses después de la tragedia, para que el casinero Raúl Rocha Cantú regresara a Monterrey a responder por la muerte de 52 personas, ocurrida dentro de su centro de apuestas.
Reporte Indigo tuvo acceso a su declaración ministerial.
“No me considero culpable”, le respondió al Ministerio Público que lo interrogó en el mes de diciembre, como parte de la averiguación por este multihomicidio.
El casinero regiomontano confesó que no sentía remordimientos y se presentó ante las autoridades de la Procuraduría como una víctima más del mayor atentado que ha perpetrado el narcotráfico en México.
El dueño de la empresa Entertainment Enterprises of México S.A. de C.V., tampoco aceptó su responsabilidad por la operación ilegal del Casino Royale que trabajaba el día de los hechos sin permisos federales de la Segob.
Y mucho menos que el centro de apuestas no contara con las medidas suficientes de seguridad y protección civil, como lo han concluido las autoridades federales y la CNDH.
En diciembre pasado, Rocha Cantú compareció como parte involucrada en la investigación criminal por la muerte de 52 personas que dejó el ataque que perpetró una célula del Cártel de Los Zetas.
Su comparecencia se manejó de manera reservada por parte de las autoridades de la Procuraduría de Justicia, que no informaron sobre el regreso de Rocha Cantú a Monterrey.
El 25 de agosto de 2011, el día de la tragedia, lo primero que hizo el casinero, tras el ataque, fue abordar un avión y refugiarse en la ciudad de Miami, Florida.
La Procuraduría de Justicia de Nuevo León había solicitado a la Interpol ayuda para localizar a Raúl Rocha Cantú, quien desde entonces vivía en una de las zonas exclusivas de Miami.
En su declaración ante las autoridades el casinero ratificó lo que ya había declarado a través de desplegados de prensa: que huyó del país por temor a su vida.
En tres ocasiones que el Ministerio Público le preguntó a Rocha Cantú que si se sentía culpable por la tragedia, el casinero evadió responder.
“Estoy en la mejor disposición de responder por los daños”, aseguró el dueño del Royale al Ministerio Público.
Rocha Cantú se presentó en el Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos contra la Vida y la Integridad Física de las Personas No. 4., que consignó la averiguación contra los 18 autores materiales de este ataque.
En esta averiguación la Procuraduría de Justicia acusó de homicidio calificado a los integrantes de una célula del Cártel de Los Zetas.
Sin embargo, no encontró responsabilidad penal para el propietario del Casino Royale ni para los funcionarios estatales de Protección Civil encargados de revisar la seguridad del establecimiento.
Rocha Cantú no se presentó ante las autoridades estatales amparado contra una posible orden de aprehensión.
Esto pese a que goza de un amparo contra la orden de detención que giró un Juzgado de Distrito contra él, por violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Fuentes de la Procuraduría aseguran que el asunto de los permisos falsos con los que operaba el Casino Royale no fueron parte del interrogatorio realizado al casinero, por ser un tema de competencia federal y no local.
Rocha Cantú aseguró al Ministerio Público estatal estar en la mejor disposición para indemnizar a los familiares de las 52 personas que murieron en su establecimiento la tarde del 25 de agosto de 2011.
El empresario reiteró que la empresa que él presidía, Entertainment Enterprises of México S.A. de C.V., contaba con una póliza de seguro que según él garantiza el pago económico a los deudos.
En su declaración aseguró que el 80 por ciento de los familiares de los empleados del Casino Royale de Monterrey ha recibido ya sus indemnización.
La declaración que rindió en diciembre Rocha Cantú ante la Procuraduría del Estado es la segunda que hace por el caso del Casino Royale.
El 7 de septiembre de 2011, dos semanas después del incendio del Royale, la PGR recabó su declaración, vía consular, desde Miami, ciudad en la que se refugió tras el atentado.
Según informó el Subprocurador Cuitláhuac Salinas, Rocha Cantú aseguró que era extorsionado por un grupo del crimen organizado que le exigía el pago de piso.
Según el exfuncionario federal, Rocha Cantú aseguró que le exigían entre 50 y 140 mil dólares por protección, cuota que él se negó a pagar.
El empresario rechazó en su confesión ante el Ministerio Público de Nuevo León que haya contratado hombres armados para la protección del Casino Royale, por las amenazas que había sufrido con anterioridad por negarse a pagar “piso”.
Sin embargo, hay pruebas fotográficas del día de la tragedia y versiones de trabajadores del centro de apuestas que contradicen la versión de Rocha Cantú.
Estos testimonios afirman que el Casino Royale contaba con francotiradores ubicados en la azotea para responder un posible ataque.
Pero que ese grupo armado solamente cubría la noche y no la tarde del ataque.
Y aunque Rocha Cantú dice no sentirse culpable, es un hecho que el Casino Royale de Monterrey operaba de manera ilegal el 25 de agosto de 2011.
El centro de apuestas funcionaba con un permiso irregular de Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta, la empresa que denunció la misma Segob.
Esta empresa está ligada a la red de permisos falsos que integraron ex funcionarios de Segob como Juan Iván Peña Neder, Guillermo Santillán Ortega y Roberto Correa, acusados por Talía Vázquez Alatorre de ser los dueños de Producciones Móviles.
Hasta el momento se desconoce si Javier Vázquez Ruiz, socio de Rocha Cantú en el Casino Royale, ha declarado en la investigación abierta por la Procuraduría estatal respecto a la tragedia en este centro de apuestas.
Reporte Indigo publicó el 8 de enero que el casino Royale, donde el 25 de agosto de 2011 murieron 52 personas tras un ataque del crimen organizado, operaba gracias a una mafia ligada a Secretaría de Gobernación que traficaba con permisos falsos.
Esta red criminal es encabezada por Juan Iván Peña Neder, actualmente recluido en el penal federal de Matamoros, acusado de violación tumultuaria y amenazas contra su ex esposa Talía Vázquez Alatorre.
Ella, en entrevista exclusiva con Reporte Indigo, dijo que en esa red también está involucrado Guillermo Santillán Ortega, ex titular de la Unidad de Enlace Federal de la Subsecretaría de Gobernación, junto con Roberto Correa Méndez, ex director adjunto de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
Vázquez Alatorre aseguró además que le consta que el senador Roberto Gil Zuarth, ex secretario privado del presidente Felipe Calderón, recibió en el 2011 de Peña Neder 800 mil dólares en una maleta por su intervención para abrir el casino Royale de la ciudad de Querétaro.
Esta aseveración fue negada posteriormente por el senador del PAN, quien calificó como una calumnia esta acusación y aseguró no conocer a Vázquez Alatorre.
Otro personaje del círculo cercano al ex presidente Felipe Calderón que fue mencionado por esta mujer es el abogado Julio Esponda, quien habría recibido también sobornos para la operación de casinos.
Vázquez Alatorre reveló también que Peña Neder y sus cómplices cobraban entre 80 y 400 mil pesos mensuales a casineros de México por la utilización para operar del permiso irregular que obtuvo la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta.
Reporte Indigo tiene copias de un correo electrónico en el cual Raúl Rocha Cantú, socio principal del casino Royale de Monterrey, le envía a la cuenta de Juan Iván Peña Neder dos fichas de depósito.
“Depósito Asesoría”, es el título del email con fecha del 19 de julio de 2010.
Los documentos bancarios enviados a Peña Neder por Rocha Cantú revelan pagos a la cuenta 0583073855 que el ex coordinador de asesores de la Segob tenía con la institución de Banorte.
Uno de los depósitos es por la cantidad de 148 mil 875 pesos y lleva escrita con pluma la palabra Fantastic y otro más por 99 mil 250 pesos con la palabra Acuña escrita con letra.
En el municipio de Escobedo opera el casino Fantastic, ligado a Rocha Cantú, y que también fue abierto con la misma estrategia que se utilizó para mantener abierto el Casino Royale de Monterrey.
Los pagos de Rocha Cantú a Peña Neder continuaron un año después, de acuerdo a copias de emails que intercambió el dueño del Royale con Roberto Correa, ex director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
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