Tras cinco años de investigación, la Función Pública sancionó en 2007 la corrupción en el caso Pemex-Siemens. Decretó una multa de mil 500 millones de pesos e inhabilitó por 20 años a los funcionarios involucrados, pero esta resolución no se ha aplicado.
Pese a cinco años de investigación que acabaron en febrero de 2007 con sanciones millonarias y varios años de inhabilitación contra cuatro funcionarios de Pemex, los gobiernos panistas mantuvieron el caso de los sobornos en la petrolera como un caso más de corrupción.
Hasta tal punto que Siemens siguió ganando contratos con Pemex y aún está habilitada en el patrón de proveedores de esa subsidiaria.
La investigación estaba en curso desde 2002 y tuvo consecuencias como inhabilitación por veinte años y sanciones por más de mil 500 millones de pesos, que aún se encuentran en litigio judicial.
Pero la demanda presentada por la petrolera paraestatal en Nueva York contra el consorcio Conproca, encargado de la inacabable reconfiguración de la refinería Cadereyta, no se preparó en horas ni siquiera en los 12 días que llevaba Enrique Peña Nieto en Los Pinos.
Forma parte de un litigio iniciado seis meses antes y que aún está pendiente cuya base son las sanciones contra los funcionarios Jorge Mario Willars Andrade, Luis Ricardo Bouchot, Eduardo Vergara Cabrera y Máximo Tellez, encargados en sus respectivas areas de firmar el contrato de remodelación.
La actual dirección de la petrolera, a cargo de Emilio Lozoya Austin, pretende usar el caso como una primera bandera de mano dura en el interior de la paraestatal.
Para ello, están usando información que se gestó y litigó con el PAN y que supera con mucho los 29 millones de pesos en presuntos sobornos de los que se acusa al empresario Jaime Camil Garza de haber repartido por parte de Siemens, a funcionarios de Pemex.
Sanciones en lo oscuro
Las investigaciones internas por corrupción contra los funcionarios comenzaron en 2002.
Pocos meses antes el consorcio Conproca, ganador de la obra, había pedido que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París interviniera en el caso del pago de gastos no reembolsables que reclamaban a Pemex.
El RFC de Conproca indica que se registró el 12 de noviembre de 1997 y se firmó la obra con Pemex Refinación el 27 del mismo mes. La empresa la formaban la alemana Siemens AG, la coreana SK Engineering and Construction y la mexicana Triturados Basálticos (TRIBASA).
Mucho antes de que la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos determinara en 2008 que Siemens había incurrido en prácticas de sobornos en varios países, incluido México, ya el Órgano Interno de Control de Pemex había iniciado una investigación propia.
La Secretaría de la Función Pública abrió el expediente 17/2002 y su acumulado 52/2002 contra Jorge Mario Willars Andrade y Luis Ricardo Bouchot Guerrero. Ambos se resolvieron el 13 de diciembre de 2007.
Willars Andrade ejercía en el momento de la firma del contrato con Conproca como director general de Pemex Refinación.
En julio de 2002 ya se le acusó de formar parte de un arreglo al que habría llegado Pemex con Servicios Aéreos del Centro, S.A., de los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif.
Según la acusación, la petrolera había aceptado pagar 127 millones de pesos a la empresa para dirimir un conflicto que se había presentado ante la CCI en París, la misma instancia que luego falló contra Pemex en el caso Caldereyta.
En marzo de 2011, la revista Proceso publicó que Willars Andrade figuraba en una lista de funcionarios llamados a comparecer ante la Comisión especial en la Cámara de Diputados que investigaba casos de corrupción en Pemex.
De acuerdo con esta publicación, el entonces diputado panista Jesús Ramírez Rangel denunció que precisamente el PRI se negó a que llamaran a Willars Andrade.
El funcionario salió de la escena pública, pero, a finales del año pasado, su nombre se mencionó como posible candidato a la dirección de Administraciones Portuarias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el gobierno de Peña Nieto.
Por su parte, Bouchot Guerrero se enfrentó a las mismas sanciones, después de firmar el contrato de Caldereyta en calidad de revisor jurídico de Pemex Refinación.
La información pública de la SFP no especifica qué casos de corrupción se les imputaron, pero sí las consecuencias.
Bouchot promovió un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que tuvo proyecto de resolución en septiembre del año pasado.
Sin embargo, sus sanciones aparecen como vigentes en los registros públicos de la SFP, que se actualizan diariamente.
Por negligencia administrativa a ambos se les inhabilitó para ser servidores públicos durante diez años a partir de 2004 y les impuso una sanción económica de mil 390 millones de pesos, la segunda más alta en la historia de Pemex.
A su vez el Órgano Interno de Control (OIC) de la paraestatal solicitó una investigación independiente, identificada como la R-032/2003, que tuvo los acumulados R-046/2003 y R-002/2004.
De esas investigaciones surgió una resolución que los determinó como culpables de abuso de autoridad en febrero de 2007 y los inhabilitó por dos años.
En 2011, Bouchot Guerrero apareció como representante de la empresa San Pedro Resources, S.A. de C.V., especializada en venta de minerales, plata, plomo y zinc, en un juicio mercantil interpuesto en Coahuila.
La investigación solicitada por el OIC de Pemex incluyó a otros dos funcionarios, que, a la postre, también fueron sancionados.
Ese organismo determinó que Eduardo Vergara Cabrera, quien firmó como “revisor técnico” en el contrato de Caldereyta y Máximo Téllez Rosas, subdirector de proyectos de la subsidiaria, habían incurrido también en abuso de autoridad. Se les inhabilitó durante veinte años, hasta 2027, y se les impusieron sendas multas por 106 millones 300 mil pesos.
Estos dos funcionarios están incluidos en el mismo juicio contencioso administrativo promovido por Bouchot.
Hasta tal punto que Siemens siguió ganando contratos con Pemex y aún está habilitada en el patrón de proveedores de esa subsidiaria.
La investigación estaba en curso desde 2002 y tuvo consecuencias como inhabilitación por veinte años y sanciones por más de mil 500 millones de pesos, que aún se encuentran en litigio judicial.
Pero la demanda presentada por la petrolera paraestatal en Nueva York contra el consorcio Conproca, encargado de la inacabable reconfiguración de la refinería Cadereyta, no se preparó en horas ni siquiera en los 12 días que llevaba Enrique Peña Nieto en Los Pinos.
Forma parte de un litigio iniciado seis meses antes y que aún está pendiente cuya base son las sanciones contra los funcionarios Jorge Mario Willars Andrade, Luis Ricardo Bouchot, Eduardo Vergara Cabrera y Máximo Tellez, encargados en sus respectivas areas de firmar el contrato de remodelación.
La actual dirección de la petrolera, a cargo de Emilio Lozoya Austin, pretende usar el caso como una primera bandera de mano dura en el interior de la paraestatal.
Para ello, están usando información que se gestó y litigó con el PAN y que supera con mucho los 29 millones de pesos en presuntos sobornos de los que se acusa al empresario Jaime Camil Garza de haber repartido por parte de Siemens, a funcionarios de Pemex.
Sanciones en lo oscuro
Las investigaciones internas por corrupción contra los funcionarios comenzaron en 2002.
Pocos meses antes el consorcio Conproca, ganador de la obra, había pedido que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París interviniera en el caso del pago de gastos no reembolsables que reclamaban a Pemex.
El RFC de Conproca indica que se registró el 12 de noviembre de 1997 y se firmó la obra con Pemex Refinación el 27 del mismo mes. La empresa la formaban la alemana Siemens AG, la coreana SK Engineering and Construction y la mexicana Triturados Basálticos (TRIBASA).
Mucho antes de que la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos determinara en 2008 que Siemens había incurrido en prácticas de sobornos en varios países, incluido México, ya el Órgano Interno de Control de Pemex había iniciado una investigación propia.
La Secretaría de la Función Pública abrió el expediente 17/2002 y su acumulado 52/2002 contra Jorge Mario Willars Andrade y Luis Ricardo Bouchot Guerrero. Ambos se resolvieron el 13 de diciembre de 2007.
Willars Andrade ejercía en el momento de la firma del contrato con Conproca como director general de Pemex Refinación.
En julio de 2002 ya se le acusó de formar parte de un arreglo al que habría llegado Pemex con Servicios Aéreos del Centro, S.A., de los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif.
Según la acusación, la petrolera había aceptado pagar 127 millones de pesos a la empresa para dirimir un conflicto que se había presentado ante la CCI en París, la misma instancia que luego falló contra Pemex en el caso Caldereyta.
En marzo de 2011, la revista Proceso publicó que Willars Andrade figuraba en una lista de funcionarios llamados a comparecer ante la Comisión especial en la Cámara de Diputados que investigaba casos de corrupción en Pemex.
De acuerdo con esta publicación, el entonces diputado panista Jesús Ramírez Rangel denunció que precisamente el PRI se negó a que llamaran a Willars Andrade.
El funcionario salió de la escena pública, pero, a finales del año pasado, su nombre se mencionó como posible candidato a la dirección de Administraciones Portuarias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el gobierno de Peña Nieto.
Por su parte, Bouchot Guerrero se enfrentó a las mismas sanciones, después de firmar el contrato de Caldereyta en calidad de revisor jurídico de Pemex Refinación.
La información pública de la SFP no especifica qué casos de corrupción se les imputaron, pero sí las consecuencias.
Bouchot promovió un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que tuvo proyecto de resolución en septiembre del año pasado.
Sin embargo, sus sanciones aparecen como vigentes en los registros públicos de la SFP, que se actualizan diariamente.
Por negligencia administrativa a ambos se les inhabilitó para ser servidores públicos durante diez años a partir de 2004 y les impuso una sanción económica de mil 390 millones de pesos, la segunda más alta en la historia de Pemex.
A su vez el Órgano Interno de Control (OIC) de la paraestatal solicitó una investigación independiente, identificada como la R-032/2003, que tuvo los acumulados R-046/2003 y R-002/2004.
De esas investigaciones surgió una resolución que los determinó como culpables de abuso de autoridad en febrero de 2007 y los inhabilitó por dos años.
En 2011, Bouchot Guerrero apareció como representante de la empresa San Pedro Resources, S.A. de C.V., especializada en venta de minerales, plata, plomo y zinc, en un juicio mercantil interpuesto en Coahuila.
La investigación solicitada por el OIC de Pemex incluyó a otros dos funcionarios, que, a la postre, también fueron sancionados.
Ese organismo determinó que Eduardo Vergara Cabrera, quien firmó como “revisor técnico” en el contrato de Caldereyta y Máximo Téllez Rosas, subdirector de proyectos de la subsidiaria, habían incurrido también en abuso de autoridad. Se les inhabilitó durante veinte años, hasta 2027, y se les impusieron sendas multas por 106 millones 300 mil pesos.
Estos dos funcionarios están incluidos en el mismo juicio contencioso administrativo promovido por Bouchot.
No hay comentarios:
Publicar un comentario