AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
La voracidad demostrada por Juan Sabines y sus más cercanos colaboradores en el gobierno de Chiapas debería causar asombro e indignación. Más todavía cuando trascendió que manipuló a diputados del Congreso local para que autorizaran, de último minuto, reformas que lo blindan pues impiden que sea llamado a cuentas en cualquier investigación administrativa o penal que se relacione con su desempeño como gobernador. Al final de su mandato sólo dejó deudas y un desorden sin precedente en la entidad.
Ahora que concluyó su mandato se han detectado faltantes de miles de millones de pesos en las arcas del estado. Estos recursos se desviaron por conducto de empresas fantasma que supuestamente realizaron obra pública o prestaron servicios que nunca se efectuaron.
Para ello Sabines contó con la complicidad de una veintena de sus colaboradores más cercanos, muchos de ellos incrustados ahora en el gobierno de Manuel Velasco Coello. El exmandatario fue fiel a la frase que su padre, Juan Sabines Gutiérrez, hizo famosa durante su efímero gobierno (1979-1982) en esa entidad: “La corrupción somos todos”.
En todas las dependencias del Ejecutivo estatal se advierte una mala organización que marcó la pauta para el desorden financiero y los malos manejos que caracterizaron al sexenio anterior.
Durante su mandato también pervirtió las finanzas públicas de la mayoría de los 122 ayuntamientos chiapanecos, cuyos alcaldes se encuentran presos, prófugos o están en la mira del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
Cuando Sabines asumió la gubernatura, la deuda de Chiapas ascendía a poco más de 800 millones de pesos. Este débito lo contrajo el mismo Sabines cuando era alcalde de Tuxtla Gutiérrez. La administración encabezada por Pablo Salazar Mendiguchía fue su aval.
Al término de su gestión la deuda alcanzó 21 mil millones de pesos, como lo revelaron publicaciones oficiales que este semanario consultó. Sin embargo, Sabines y su secretario de Hacienda no reconocen ningún adeudo más allá de 15 mil millones de pesos.
Sin embargo otros rubros no declarados oficialmente podrían hacer llegar la cantidad de la deuda a unos 40 mil millones de pesos, pues algunos créditos no fueron registrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo cierto es que hasta ahora no se conoce con certeza cuánto adeuda Chiapas a la banca pública y privada.
A finales de octubre pasado, a dos días de que rindió protesta la actual legislatura local, Sabines contrató un crédito por 3 mil 850 millones de pesos. Se le otorgó con la condición de que la mitad, mil 925, la erogaría para el cierre de su gestión y la otra parte al asumir el mando Velasco Coello. Sin embargo, éste no encontró ningún dinero y sólo se topó con una crisis ocasionada porque no se había realizado el pago de salarios y prestaciones a la burocracia estatal y por el adeudo de grandes cantidades a empresas contratistas y proveedores.
Por los malos antecedentes crediticios de Chiapas, ninguna institución bancaria quiso otorgar este crédito y fue necesario acudir al Grupo Financiero Multiva, de Jorge Hank Rhon y Olegario Vázquez Aldir, cuyas tasas de interés son las más altas del mercado.
A principios de este enero el pleno del Congreso del Estado aprobó reestructurar la deuda. Para ello es necesario que la compre algún banco cuyas tasas de interés no sean muy altas, pero ninguna institución desea adquirir esa deuda hasta que mejoren las calificaciones crediticias de Chiapas.
En su primer año de gobierno Sabines bursatilizó 5 mil millones de pesos, con lo que comprometió 2% del impuesto sobre la nómina hasta por 30 años. Esta bursatilización no aparece registrada como deuda pública.
Durante la gestión de Sabines hubo variaciones importantes en el Presupuesto de Egresos estatal. En 2007 contó con 27 mil 487 millones 924 mil pesos. Para 2012 esa cifra casi se duplicó, pues subió a 46 mil 123 millones 658 mil 175 pesos.
De acuerdo con reportes de los presupuestos de egresos, durante todo su sexenio a Sabines se le autorizó un gasto de 231 mil 887 millones de pesos; no obstante, al final de su mandato las erogaciones superaron los 250 mil 723 millones de pesos.
Las corruptelas y el desorden son evidentes en las dependencias del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en la Secretaría de Infraestructura se detectó un grupo de nueve empresas fantasma, a las que se les asignó una gran cantidad de contratos de obra. Actualmente más de 100 de éstos se encuentran en proceso de rescisión toda vez que las obras fueron abandonadas.
El monto total que representan los pagos efectuados por concepto de “obra pagada no ejecutada” asciende a mil 509 millones 628 mil 69 pesos. Entre el centenar de contratos a rescindir se encuentran 19 cuyas obras no registran ningún avance, y sin embargo están totalmente pagadas. El importe total en este rubro es de 101 millones 367 mil 659 pesos.
De las 57 auditorías realizadas entre 2010 y 2011 por la Secretaría de la Función Pública federal se desprenden observaciones directas a funcionarios del gobierno local por un monto de 5 mil 618 millones 683 mil 559 pesos.
Esta es sólo la punta del iceberg en la corrupción sabinista, pues en muchas otras dependencias, como la Secretaría de Salud, han empezado a detectarse irregularidades, como el pago a sobreprecio en productos y servicios por cantidades millonarias. Además se encuentran en investigación facturas que podrían ser falsificadas y que se presentaron para justificar el pago de unos 3 mil 500 millones de pesos.
Blindaje
El gobierno de Sabines estuvo marcado por la opacidad. Entre 2007 y 2012 se crearon casi 20 fideicomisos sin que hasta la fecha se conozca la manera en que se manejaron los recursos para este fin.
El más importante fue el que se destinó para apoyar la instalación de empresas en el Parque Agroindustrial Al pie del Cañón. El instrumento fue creado por la propia Secretaría de Hacienda estatal. Es el único establecido en dólares –2 millones 800 mil–. Estos recursos fueron a parar a manos de la empresa Arnecom para la creación de 200 empleos.
Con el fin de protegerse y no ser sujeto a investigación, en mayo de 2011 Sabines propuso a la LXIV Legislatura que autorizara una reforma a la Constitución, concretamente al artículo 26 del capítulo II. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.
En esa reforma se establece que “la aprobación, en lo general, de la cuenta pública exime al Ejecutivo de cualquier responsabilidad; de modo que si apareciera alguna con motivo de la revisión y fiscalización, ésta será de la exclusiva responsabilidad de los órganos, entidades o servidores públicos ejecutores del gasto”.
En el mismo artículo se indica que “una vez analizada y aprobada la cuenta pública, con base en su contenido, y revisada y fiscalizada por el Órgano de Fiscalización Superior, conforme a la conclusiones técnicas del informe de resultado a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución, no podrá ser motivo de análisis, revisión o fiscalización posterior, por ninguna de las instancias fiscalizadoras del gobierno del estado”.
Además de que Sabines busca neutralizar cualquier investigación administrativa o penal en su contra, se aseguró de contar con un equipo de guardaespaldas –pagado con recursos del erario de Chiapas– que lo protegerá hasta 2022. Así lo establece el decreto que los diputados locales aprobaron, en sesión extraordinaria, el último sábado de noviembre de 2009 durante un puente vacacional.
El exgobernador no acudió a la toma de protesta oficial de Manuel Velasco Coello en el Poliforum Mesoamericano, acondicionado como recinto legislativo para ese acto protocolario. Arguyó que estuvo presente en una ceremonia religiosa tradicional indígena realizada en el Palacio de Gobierno, donde le entregó el bastón de mando a su sucesor.
En cuanto dejó el poder desapareció de Chiapas en un jet del gobierno estatal que permaneció estacionado durante varios días de diciembre en el aeropuerto de Acapulco, Guerrero. La aeronave regresó a Chiapas a principios de este mes.
Clamor
Con marchas y movilizaciones, miles de chiapanecos han salido a las calles para exigir al gobernador Manuel Velasco que llame a cuentas a su compadre Juan Sabines Guerrero. Hasta ahora el actual mandatario ha ignorado la demanda ciudadana.
En la capital del estado y en Tapachula se han realizado marchas multitudinarias contra la pretensión del gobierno de cobrar la tenencia vehicular en el ejercicio correspondiente a 2013. El gobernador asegura que se trata de una medida “para cubrir un faltante” en las arcas del estado.
Pero los chiapanecos afirman que no están dispuestos a pagar nada: “¿Por qué vamos a pagar lo que otros se robaron? No a la tenencia vehicular”, es la consigna que enarbolaron para salir a las calles.
El sábado 12 una gran manifestación ocurrió en Tuxtla Gutiérrez. Al caer la tarde más de 3 mil 500 personas y unos 100 vehículos marcharon para exigirle al gobierno que dé marche atrás en el cobro de la tenencia. La ciudadanía también exige, como pudo leerse en cartulinas y pancartas, que se llame a cuentas el exmandatario chiapaneco “y toda su gavilla”. Una semana después miles de chiapanecos marcharon por las calles de Tapachula. La prensa local no difundió ninguna información al respecto.
En la capital del estado encabezaron las marchas personas que fueron perseguidas y encarceladas por Sabines. Entre ellas se encontraban Walter León Montoya, del PRI; Horacio Culebro Borrayas y Saraín Osorio, del PRD, y los panistas Valdemar Rojas López y su hijo Francisco Rojas Toledo, ambos exalcaldes de la capital del estado.
Entre las personas allegadas al exgobernador se mencionan las siguientes: Nemesio Ponce Sánchez, superasesor del sabinismo; Mauricio Perkins Cardoso, jefe de la oficina de gobierno; Guillermo Romo, responsable de compras y adquisiciones, y Ricardo Serrano Pino, titular de obra pública que cobraba 20% por contrato asignado.
También figuran otros nombres: Carlos Jair Jiménez Bolaños, secretario de Hacienda; Pepe Alonso, segundo al mando en esa dependencia; Ernesto Gutiérrez Villanueva, secretario del Campo; James Gómez Montes, secretario de Salud, y Jaime Culebro y Jacobo Elnecavé, responsables del área de Comunicación Social.
Mención aparte merece Salim Rodríguez Salomón, quien fue responsable del proyecto de biocombustible. Antes de que terminara el sexenio la Secretaría de la Función Pública lo absolvió de una acusación por malversación de fondos por 18 millones de pesos.
Entre quienes hicieron negocios con recursos del erario se encuentran Antonio y Alejandro Gamboa, así como los primos de Sabines, Carlos Guerrero y Mayda Guerrero.
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