FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SANCHEZ.
El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad insisite en que la ley necesita un sistema nacional de atención para atender "la enorme dimensión de la crisis humanitaria" en el país.
El dirigente del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia, reconoció al presidente Enrique Peña Nieto por la publicación de la Ley General de Víctimas, a la que calificó como un primer paso para “lograr la justicia que necesita la nación”.
No obstante, indicó que esta ley necesita un sistema nacional de atención para atender “la enorme dimensión de la crisis humanitaria” en el país.
El poeta insistió en la propuesta del movimiento para convertir la Estela de Luz en un memorial dedicado a las víctimas de la violencia, proyecto que le entregó este miércoles en el acto realizado en el salón Adolfo López Mateos, en Los Pinos.Dijo que “el buen amor y la justicia han salido al encuentro de las víctimas” con esta ley.
Por los desaparecidos y muertos, pidió un minuto de silencio al iniciar su discurso.
Sicilia mencionó que las víctimas de la violencia son consecuencia de la impunidad, desprecio del Estado -en referencia al anterior gobierno-, y de una “guerra que nunca debió de haber sucedido”.
El estado acompañará a las víctimas
El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su objetivo de reducir la violencia e indicó que el Estado debe estar detrás de las víctimas y sus familiares.
Recordó que instruyó a la Consejería Jurídica de desistir de la controversia constitucional que promovió el anterior gobierno de Felipe Calderón.
Apuntó que la ley que fue publicada el jueves en el Diario Oficial de la Federación no tiene precedente en ninguna otra nación en referencia al apoyo económico (ayuda, asistencia y atención) a las víctimas.
Destacó los objetivos de la misma, como crear el sistema nacional de víctimas, la comisión ejecutiva de atención a las víctimas, crear un órgano de asesoría jurídica, establecer el registro nacional de víctimas e integrar el fondo de ayuda, asistencia y reparación del daño a las víctimas del delito.
“Era urgente contar con marco legal”, acotó en su discurso.
Destacó que se incorpore al sistema jurídico una coordinación entre órdenes de gobierno para garantizar los derechos de las víctimas.
Señaló que un Estado democrático no puede ser sordo ante el dolor de miles de familias.
“Soy un Presidente que invariablemente estará a un lado de las víctimas… Encontrarán en este gobierno un oído que escuche y un brazo que apoye”, dijo y anunció mesas de diálogo permanente para atender demandas de organizaciones sociales.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión.
“Las víctimas de los delitos no son cifras, son historias de dolor”, expuso.
“Hay que reconstruir el tejido social y ello empieza por el respeto a quienes han sufrido la violencia”, agregó.
Muestran victimas pancartas
Al término del acto en Los Pinos, familiares de personas desaparecidas mostraron pancartas con fotografías de a quienes buscan.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, corearon, aún con Peña en el salón.
El presidente escuchó los reclamos de algunos deudos aproximadamente 20 minutos.
De la clase política estuvieron presentes en el acto el procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, el rector de la UNAM, José Narro, el presidente del PRD y el PRI, Jesús Zambrano y César Camacho; además del presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, entre otros.
Decomisos formarán parte de los recursos
La Ley General de Víctimas contempla que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se conformará con recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales; provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad.
También contará con recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad administrativa o judicial cuando se violen deberes reconocidos por esta Ley; así como de recursos provenientes de multas y sanciones impuestas al Estado por violaciones a derechos humanos.
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