AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Tras meses de agravios y sinsabores por la negligencia de las autoridades estatales, los pobladores de los municipios de La Montaña, la Zona Norte y la región Centro de Guerrero constituyeron sus propios movimientos de defensa civil y arremetieron contra las bandas delincuenciales que operan en ese entorno. El detonante fue el secuestro de Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo en Ayutla, la mañana del sábado 5 de enero. Ahí, en esa localidad enclavada en la Costa Chica –donde la justicia no llega–, se activó el alzamiento civil.
CHILPANCINGO, GRO: Las regiones de La Montaña, Norte y Centro del estado de Guerrero están unidas por un factor: el hartazgo por la creciente violencia en sus localidades y la permanente inacción de las autoridades –e incluso su presunta complicidad– ante la delincuencia.
El secuestro de un comisario municipal el sábado 5 de enero y las constantes extorsiones en la región de la Costa Chica, sobre todo en Ayutla de los Libres y Tecoanapa, movieron a los lugareños a empuñar rifles, pistolas y machetes para enfrentar de manera directa a las bandas criminales que operan en la región. La comunidad decidió desplazar a las autoridades, emprendió una cacería de delincuentes y tomó la justicia en sus manos.
Hasta el cierre de esta edición los integrantes del Movimiento Ciudadano Contra la Delincuencia de Ayutla tenían a más de una treintena de presuntos criminales en diversas casas de seguridad habilitadas por ellos mismos donde los juzgarán, dicen, según los usos y costumbres de los pueblos de la región.
El jueves 17, en la Zona Norte, habitantes de los municipios de Iguala y Teloloapan también tomaron las armas y se cubrieron el rostro con capuchas. Tras instalar un retén sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del poblado de Ahuehuepan, expresaron su desesperación por los secuestros y extorsiones que comenten bandas criminales sin que nadie las detenga.
Fuentes oficiales aseguran a Proceso que los delincuentes suelen exigir cuotas de cinco millones de pesos a los productores de mango de esa zona –que se disputan La Familia Michoacana y Guerreros Unidos– para dejarlos trabajar.Cuatro días después, el secuestro y asesinato del hijo del dueño de una ladrillera fue el detonante para el alzamiento de indígenas nahuas del municipio de Tixtla, en la región Centro. Desde entonces mantienen controladas las poblaciones de Atliaca y Acatempa.
La madrugada del martes 22, en el momento más candente, dos jóvenes que viajaban en una unidad de transporte público fueron detenidos en uno de los retenes civiles. Uno de ellos fue asesinado a tiros; el otro fue entregado a las autoridades ministeriales.
Los habitantes de Ayutla de los Libres y las otras regiones padecen por igual la violencia de los caciques y bandas criminales que se disputan esos espacios políticos y el control de la producción, venta y trasiego de drogas.
La pugna entre sicarios de las organizaciones rivales ha dejado una estela de políticos asesinados, algunos de ellos incluso han sido exhibidos por sus presuntos nexos con el narco. La situación se exacerbó a raíz del descabezamiento, en 2009, del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cuya estructura criminal controlaba la entidad e incluso tenía compradas a autoridades civiles y castrenses en los estados de Guerrero y Morelos.
La caída de la estructura de los Beltrán Leyva provocó que sus células locales, sintiéndose desamparadas, recurrieran al secuestro y la extorsión como principal fuente de ingresos.
En los últimos dos años representantes de sectores productivos han denunciado la indiscriminada ola de secuestros y extorsiones en las áreas urbanas y rurales de la entidad.
Esa situación, señalan las cámaras empresariales, ha colapsado la economía en las principales ciudades guerrerenses. Acapulco, afirman, es el ejemplo de la crisis política, financiera y de inseguridad que hunde al estado.
El gobierno de Ángel Aguirre Rivero ha sido omiso e indolente frente a las demandas. Admite incluso que las estrategias de seguridad aplicadas desde la administración de Felipe Calderón, en particular la Operación Guerrero Seguro (OGS), simplemente no detienen la narcoviolencia, pese a que soldados, marinos y policías de los tres niveles están presentes en las principales ciudades de las siete regiones guerrerenses.
Primer alzamiento
En las principales ciudades de la entidad la población expresa su malestar con marchas y protestas pacíficas y denuncias públicas, aun cuando la mayoría no son atendidas. Pero en las zonas rurales, donde los vínculos son más estrechos, la comunidad comienza a desplazar a las autoridades y a expulsar a los criminales con sus propios recursos.
El primer alzamiento civil data de mediados de 2012, cuando habitantes de los municipios de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y Cualac, en la región de La Montaña, cansados de los secuestros y extorsiones indiscriminados tomaron las armas y confrontaron a los delincuentes. El movimiento de autodefensa se extendió a Olinalá, otro municipio de la misma zona.
El gobierno estatal reaccionó de inmediato. Envió soldados y marinos para resguardar el entorno; incluso repartió despensas y prebendas en las comunidades, pero no atendió los reclamos ciudadanos que señalaban a las autoridades locales de tener presuntos nexos con la delincuencia.
Los conflictos se extendieron en la Costa Chica, la Zona Norte y la región Centro. En Ayutla de los Libres y la comunidad indígena de Atliaca, municipio de Tixtla, donde dos transportistas fueron asesinados. Ahí, dicen los pobladores, la justicia simplemente no llega.
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