AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
Los realizadores del documental Presunto Culpable aseguran que la Suprema Corte perdió su oportunidad histórica de dejar en claro que Florence Cassez quedaba en libertad… y es inocente.
El miércoles 23 de enero, día de la liberación de Cassez, era el momento idóneo para establecer reglas claras que regularan la actuación de las instancias judiciales que la condenaron en primera y segunda instancia.
Así opinan los abogados y realizadores del documental Presunto Culpable, quienes agregan que la “gran confusión” que lleva a que 8 de cada 10 mexicanos piensen que se liberó a una secuestradora es culpa del máximo órgano judicial y sus omisiones en este fallo.
“La confusión que hay es una medida del mal trabajo que ha hecho la Corte para tomar estas decisiones.
“Cualquier tribunal que absuelve a alguien lo que están diciendo es que la parte acusadora no aprobó la culpabilidad, porque la inocencia no la puedes demostrar, la ausencia de un hecho no deja huellas físicas”, explica Roberto Hernández en entrevista telefónica desde California, Estados Unidos.
Lo secunda su esposa Layda Negrete, también abogada y otra de las realizadoras del documental que ganó un premio Emmy en EU.“La inocencia es justamente la falta de pruebas creíbles en tu contra. (Los ministros) tenían que ser mucho más abiertos a mencionar el término inocencia, ‘esta Corte determina que Florence Cassez es inocente y debe ser liberada inmediatamente’”.
Los litigantes, gracias a cuyo trabajo el joven José Antonio Zúñiga consiguió su libertad luego de ser condenado por un crimen del que no había pruebas físicas, creen que Florence Cassez también era una “presunta culpable”.
Sin embargo, la opinión en el ánimo público respecto a su liberación es que se excarceló a una secuestradora basándose en los errores de procedimiento de su detención, mientras que para el joven del documental la percepción generalizada era que se había hecho justicia.
“La diferencia entre el caso Cassez y Presunto Culpable es que no hubo un buen reportaje, más bien el problema fue el reportaje que sacaron las televisoras. La calidad del trabajo periodístico hace que la gente entienda mejor lo que está pasando.
“Ya se disculpó Loret de Mola, pero falta un reportaje en el Canal 2 a las 10 de la noche que diga: nos equivocamos con el caso Cassez y reportamos como hechos cosas que no eran hechos y no reportamos todas estas contradicciones de los testigos que debimos haber reportado, y aquí les va una hora con evidencia videográfica”, recalca Hernández.
Omisiones de la Corte
Los abogados, quienes están realizando estudios de posgrado en la Universidad de Berkeley, insisten en que la Suprema Corte debió comportarse de forma más autocrítica.
Consideran que era un momento idóneo para que ese órgano judicial pidiera que la toma de los testimonios ya no se haga por escrito sino audio grabados.
Agregó Negrete: “Para ellos está fuera aún de su esquema analítico y de su agenda política ser mucho más revisionista acerca de la estructura misma del poder judicial y de cómo se llevan a cabo los procesos judiciales”.
Insisten en que hay un vicio de origen acerca de cómo se construyen los procesos judiciales y el peso enorme que se le da aún al ministerio público y a los testimonios por escritos de los testigos.
“Lo que la policía hace ahora es que copian y no graban lo que los testigos dicen y el papeleo es profundamente manipulable.
“Eso en México es una trampa total, se usan puros expedientes, todo es por escrito, no hay ningún mandato legal, ni siquiera en la dirección de la Corte ahora lo hay”, dijo el abogado.
Como ejemplo, colocan el testimonio de Ezequiel Elizalde, quien dijo inicialmente que tenía una cicatriz en un dedo porque Cassez lo había inyectado para anestesiarlo.
Luego, cuando un peritaje médico determinó que esa marca era un lunar, no pudo explicar el hecho.
Roberto Hernández explicó que eso evidentemente es una declaración falsa. “Es un delito y se podría procesar penalmente. Lo que falta es que ella o quien sea denuncie ese delito y que la procuraduría abra una indagatoria y la procese”.
Para Layda Negrete, otra pregunta no contestada en el caso de Florence Cassez es en qué momento los testigos decidieron prestarse al montaje televisivo.
Responsabilidad legislativa
Ante estos vicios sistémicos, los abogados coinciden en que toca al poder legislativo establecer mediante leyes cuáles serán las reglas de actuación y recaudación de los testimonios con el nuevo sistema de juicios orales que estan por implementarse en el país.
Negrete explicó que les toca a ellos “emitir una ley que diga que los juicios tienen que ser públicos, audiograbados y la toma de testimonios tiene que ser en tales condiciones, porque el poder judicial no lo va a hacer”.
El único aliciente que encuentran en este momento es el pronunciamiento de la PGR a raíz de la liberación de la francesa, acerca de que esto es una muestra de que es inaplazable en el país la instalación de los juicios orales.
Preguntas sin respuesta
> ¿Florence Cassez sale de la cárcel como inocente?
> ¿Qué responsabilidad tienen quienes armaron el montaje?
> ¿Qué consecuencias tiene esta sentencia para los jueces que la condenaron?
> ¿Qué repercusión tiene para Ezequiel Elizalde haber falseado su declaración?
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