FUENTE: LA JORNADA.
"Estamos demandando que se diga la verdad sobre los hechos ocurridos el 16 y 18 de diciembre en el Cereso": familiares de afectados.
Gómez Palacio, Dgo. Familiares de internos exigen esclarecer la muerte de 24 reclusos al interior del Centro de Reinserción Social número 2 ocurrida durante la fuga del 16 de diciembre pasado.
Como resultado de una queja interpuesta por activistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de República acordaron realizar visitas al penal con miras a esclarecer los hechos.
José Hilario Román González, secretario de Democracia y Asuntos Sindicales del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Durango, y coordinador general del Cocopo, indicó que con el apoyo del poeta Javier Sicilia, a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y de Servicios por la Paz, entre otras asociaciones, iniciaron el movimiento de defensa de los presos y sus familias.
Detalló que tanto en la queja como en la denuncia se solicita una investigación profunda y que las autoridades establezcan la realidad sobre los hechos ocurridos a finales del año pasado en el penal, que ahora, desalojado, se prepara como cuartel para albergar a militares y agentes federales que participan en la operación Laguna Segura, diseñada para combatir al crimen organizado en la región.
“Nosotros estamos demandando que se diga la verdad sobre los hechos ocurridos el 16 y 18 de diciembre en el CERESO de Gómez Palacio, Durango, donde se dice que hubo un intento de fuga, cuando realmente nosotros sabíamos que ya había un acuerdo de la PGR y el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para hacer los traslados de los reos federales a diferentes centros penitenciarios”.
Román González recordó que el mismo 16 de diciembre durante la madrugada se movilizó a presos del fuero federal con lujo de violencia y amenazas, y durante la tarde del mismo día por ser de visita, familiares de los presos fueron advertidos de movimientos extraños en el interior.
Indicó que el enfrentamiento ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando aún había familiares a los alrededores del penal, mismos que escucharon las detonaciones de armas y que fueron objeto de ataque por parte de agentes estatales de la Dirección Estatal de Investigación y de policías federales.
“La movilización de los presos no necesitaba un costo de sangre, tantos muertos. Incluso se habla oficialmente de 24 muertos pero nos hemos topado con que en las listas no se encuentran algunos presos, mismos que no hemos podido ubicar en los penales de Nayarit, Sonora, Coahuila o Veracruz. Los hemos buscado en los Servicios Médicos Forenses pero tampoco aparecen.
“Hay testimonios graves de tortura, agresiones y abusos de autoridad. Incluso hay videos en el Youtube donde se exhibe que no solamente los agentes disparaban desde las torres a los presos, sino también a los familiares cuando éstos protestaban angustiados afuera de la cárcel, porque recién habían salido de la visita”.
José Hilario Román, quien trabaja actualmente con 387 familiares de presos, dijo que ante todas las pruebas de abuso de autoridad cometidos por agentes policíacos, y la discrecionalidad con que manejó la situación el gobierno de Durango, que no hizo público los nombres de personas fallecidas en el penal, se logró un acuerdo el jueves pasado para que la PGR y la CNDH retomen el caso y envíen visitadores.
Refirió que los familiares de los presos también solicitan la reactivación del penal para uso exclusivo de internos del fuero común, toda vez que no tienen condiciones económicas para viajar hasta la capital del estado y visitarlos.
“Aquí quienes están perdiendo son los familiares de los presos, la mayoría es gente de escasos recursos económicos, tienen que gastar 600 pesos en pasajes en ida y vuelta a Durango para poder visitar a un familiar, y al estado le corresponde la seguridad tanto de los presos como de los familiares. Si había desorden en el Cereso número dos, como lo hay en la mayoría de los penales en el país, esa es responsabilidad del estado”.
Concluyó el activista que también la liberación de Florence Cassez, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abre una herida profunda entre las familias de presos mexicanos toda vez que muchos han sido detenidos en base a tortura ejercida por las propias policías o militares.
“Muchos presos mexicanos han sido víctimas de abuso de autoridad. Se les siembran armas o drogas, e incluso se han declarado culpables luego de ser torturados y de prefabricarles delitos. En el caso de Cassez se demostró errores de procedimiento de la justicia mexicana. Ahora debemos pedir los mexicanos que se aplique la justicia de la misma forma con los presos inocentes de nuestro país”.
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