AUTOR: ARMANDO ESTROP.
En el Congreso, que ciudadanos hayan optado en ese estado por organizarse y tomar la justicia por su propia mano no parece ser un tema prioritario que merezca tiempo y empeño.
Para diputados y senadores el hecho de que una zona del Estado de Guerrero se haya levantado en armas no es importante. Así lo demuestran con sus agendas de trabajo. En ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión se ha tocado el tema.
Sobre este movimiento que se está haciendo justicia por su propia mano no hay puntos de acuerdo, iniciativas de reforma y tampoco es parte de la agenda legislativa de ninguno de los siete grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.
En el Senado también lo han ignorado.
Guerrero tiene sus senadores y diputados federales. La Costa Chica en donde se encuentra el Municipio de Ayutla de los Libres, en donde se gestó la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, tiene sus representantes en el Congreso.
Ninguno de ellos ha llevado a lo que llaman la “tribuna más alta del país” el conflicto que se ha generado luego de que sean los propios ciudadanos, usando capuchas para cubrir su rostro, quienes hagan la labor de la policía y las instituciones de procuración de justicia.
En la Gaceta Parlamentaria de ambas cámaras no se toca el tema. En la Cámara alta el tema del momento es solicitar un informe pormenorizado del accidente en el edificio B2 de Petróleos Mexicanos.
Una reforma al sistema de justicia penal y decenas de puntos de acuerdo.
De regreso de un puente vacacional por el 96 aniversario de la Constitución, a los diputados no les cae el veinte sobre lo que sucede en esa zona semiselvática de Guerrero.
Mientras cientos de personas armadas instalan más retenes y hacen revisiones exhaustivas, ellos evocan la grandeza de la Constitución y la importancia de su festejo cada 5 de febrero.
Al mismo tiempo que el Gobierno del Estado intenta, sin muchos resultados, desactivar el movimiento que ya recluta a la fuerza a vigilantes comunitarios, los coordinadores parlamentarios de todos los partidos en San Lázaro presentan un proyecto para que el 2013 sea llamado “Año de la Libertad y la República”.
Siguen detenidos
Solo dos proposiciones fueron de urgente y obvia resolución: uno sobre el cobro de tarifas telefónicas y otro para la instalación de centros de justicia para mujeres.
En los otros ocho puntos de acuerdo fueron temas de conflictos sociales y económicos en los diferentes estados del país. Nada sobre los pueblos de autodefensa.
Nada sobre que se liberen a los 54 detenidos para que los juzguen en tribunales del sistema legislativo y no por los usos y costumbres.
Y es que a pesar de que las autoridades estatales informaron la noche del martes pasado que ya se había logrado un acuerdo para la liberación de los detenidos hasta el cierre de esta edición, nada de esto había sucedido.
De acuerdo al líder del Movimiento, Bruno Plácido, se someterá a decisión de la asamblea del movimiento a quiénes y en qué forma se va a liberar.
Llega la CNDH
Aunque en el Congreso de la Unión nadie hizo un llamado para la intervención de la CNDH en el conflicto en los poblados y municipios de la Costa Chica, el organismo ya está elaborando un informe.
Desde ayer un grupo de visitadores llegó al poblado del Mezón, Municipio de Ayutla, para analizar la forma en la que se ha tratado a los municipios y pobladores.
Y es que entre la población ya empieza a existir inconformidad por el trato que hay en los retenes, ya que se ha confundido a gente inocente con los delincuentes que están buscando.
Además de que ya se ha incrementado el cobro o cooperación que piden a los ciudadanos con el pretexto de poder mantener el movimiento.
Fueron recibidos por un grupo de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero y se les permitió visitar a los 54 detenidos y hacerles preguntas.
A diferencia del trato que los pobladores dieron a la Comisión Estatal, a los representantes los recibieron bien y los dejaron trabajar.
Y es que con los representantes de la Comisión Estatal han tenido diferencias porque consideran que están en contra de su movimiento. Es por esto que los enviados por la Comisión Nacional insistieron en que su trabajo era exclusivamente de observadores sin tomar partido ni con el movimiento ni con las autoridades estatales o federales.
Se espera que en los próximos días se de a conocer el resultado de las entrevistas y recorrido de los visitadores.
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