jueves, 21 de febrero de 2013

Comprueba ASF el 72% del gasto invertido en el nuevo Senado

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

Aunque el Senado pasó 'limpia' la revisión de los gastos en su nueva sede, la Auditoría indicó que el Congreso, en general, no cumplió en materia de rendición de cuentas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó el gasto de 435 millones 211 mil pesos de los 602 millones 759.7 mil pesos que se invirtió en la construcción de la nueva sede del Senado de la República durante el ejercicio de 2011; sobre esta obra indicó que “la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos”.

En el informe sobre el proyecto, del que se establece un “dictamen limpio“, la ASF consideró que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.


Se fiscalizó y verificó la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, en una muestra del 72.2 por ciento de losgastos de construcción.

La ASF corroboró, por ejemplo, que en construcción y equipamiento de la sede de los senadores se invirtieron 317 millones 587.9 mil pesos y después se dio un “ajuste de costos” del mismo rubro, aumentó 40 millones 633.2 mil pesos.

Este es el informe completo:



…Pero el Congreso reprobó en rendición de cuentas

Como parte del informe de la ASF, se determinó que la 61 legislatura del Congreso de la Unión –que operó en 2011- no cumplió en materia de rendición de cuentas.

En cuentas de la Cámara de Diputados y el Senado se señaló que “subsiste la limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en la partida 3991″.

Se trata de la partida relacionada con las asignaciones a los grupos parlamentarios, de las que no se contó con información que permita verificar la adecuada aplicación de los recursos, que en varios casos son millonarios.

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