Por: La Redacción
CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobierno de Graco Ramírez fijó su postura en relación con el caso de siete internos acusados de delitos contra la salud que fueron liberados irregularmente del penal de Atlacholaya el pasado viernes 22.
En declaraciones a la prensa, Jorge Messeguer, secretario de Gobierno, aseguró que la excarcelación de los reos fue debido a una mala interpretación del juez federal de la causa y no a la expedición de una boleta de libertad falsa, como se difundió en un principio.
“La liberación es de un juez, no nuestra. No es un error nuestro en el sentido de la liberación,
sino simplemente que el subdirector jurídico digamos que, sin checar bien que aún faltaba un delito, emitió las boletas de salida”, subrayó Messeguer Guillén.
El viernes anterior siete internos acusados de narcotráfico salieron gracias a que Leonardo Rodríguez Ortiz, subdirector jurídico del penal, firmó sus boletas de libertad, luego de que un juez federal los había amparado por delitos contra la salud, sin embargo, eran procesados por dos ilícitos más.
También negó que el subdirector esté prófugo o desaparecido, sólo no ha ido a trabajar, justificó Messeguer Guillén.
“No sé si esté prófugo, pero ayer ni antier se le ha visto en su centro del trabajo; no sé si esté prófugo pero no se ha presentado a laborar”, minimizó el secretario de Gobierno.
Los reos son Víctor José Leura Sotelo, José Armando Carmona Peña, Juan Carlos García Morales, Juan Andrés Palacios Muñoz, Ricardo Rodríguez Díaz, Erick Enrique Rojas Sánchez y Ernesto Salazar Fabián, quienes con otros cuatro sujetos más fueron detenidos en octubre de 2012 por la Policía Federal (PF).
Todos ellos, según las autoridades, formaban parte de la organización criminal Guerreros Unidos, dedicada al narcotráfico, secuestros y extorsiones.
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