AUTOR: Abraham A. Rasgado González.
Tanto es así, que en pleno 2013 en que creíamos haber superado en Oaxaca gobiernos autoritarios, mentirosos y corruptos, y en que creímos haber instaurado un gobierno con tintes populares, es cuando más grande se deja ver el fracaso político en nuestra entidad: la oposición es igual al PRI, porque a la oposición la conforman priístas inconformes del ayer.
Y en este insalubre ambiente político, hoy los pobladores istmeños tenemos que cuidarnos de los empresarios rapaces, de los líderes corruptos, de la policía abusiva y del gobierno que ha abjurado de su carácter popular de que se decía investido.
Pero a la violencia del dinero y del gobierno, los pueblos transitan hacia un estadio de organización que nos alienta a descubrir procesos esperanzadores.
El pasado martes 29 de enero, la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar festejó su primer año de resistencia contra el proyecto eólico Barra Santa Teresa. Ha sido una batalla en todos los sentidos: económica, social, política, jurídica, mediática, etcétera, de la cual hemos dado cuenta en este semanario.
Al día siguiente, el jueves 31 de enero, el presidente del Consejo de Administración de la compañía española Mareña Renovables (con nombre localista, pero cuyo verdadero nombre es Preneal, empresa de capital español principalmente), Jonathan Davis Arzac, mandó a través de los medios la siguiente amenaza al gobierno del estado: “Sólo la aplicación de la ley podría retener a Mareña Renovables, que ha decidido irse a otro estado del país, o bien a otra parte del mundo”. El alto directivo de esta empresa española pedía a gritos reprimir a un grupo de paisanos “integrado por no más de 20 personas plenamente identificadas”, según su dicho.
Inmediatamente, el gobierno del estado mandó seis camionetas con elementos de la policía estatal, quienes se posicionaron en la entrada a la barra Santa Teresa, lo cual obligó a los pobladores de San Dionisio y Álvaro Obregón a movilizarse y expulsar a los elementos policiales.
Durante los días 2 y 3 de febrero hubo choques entre los elementos de la policía estatal y pobladores de las comunidades ikjots y binnizá. El día 3 por la tarde se dio el último enfrentamiento. En estas refriegas, dos pescadores fueron detenidos arbitrariamente por la policía, debido a que iban arribando después de su jornada de trabajo: fueron trasladados al cuartel de la policía en El Espinal, donde horas después fueron puestos en libertad debido a la falta de elementos para procesarlos.
Ante esta situación en la que un pueblo ve violentado su ambiente, su convivencia normal, su ecosistema, sus culturas, su medio de subsistencia, etcétera, tienden a defender como pueden y como sus fuerzas se lo permiten, todo ese entramado cultural que los hace ser lo que son. Y a eso están orillando a las comunidades de San Dionisio del Mar y de Álvaro Obregón, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Estas dos comunidades (pero no las únicas en este trance), pertenecientes a dos etnias diferentes (ikjots y binnizás), han entrelazado sus aspiraciones para resistir: no al proyecto eólico en sus tierras, en sus aguas, en sus aires y en sus vidas.
El pasado 10 de febrero, en le ex hacienda del general Charis (divisionario del Ejército en tiempos de la revolución mexicana), el pueblo de Álvaro Obregón celebró su asamblea, pero ahora acompañado de sus vecinos de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Santa Rosa de Lima, San Blas Atempa, entre otros pueblos y junto a organizaciones como Ucizoni y la APIITDTT, en donde reafirmaron su decisión: no al proyecto eólico.
Pero no basta con la decisión del pueblo, ya manifestada en asambleas legales y extralegales. El gobierno y los empresarios no están dispuestos a respetar ese veredicto popular, y van a combatir esa voluntad de los pueblos istmeños como sea: golpes, cárcel, difamación, intimidación. Todo un manual del miedo y el sometimiento.
Ante ello, el pueblo de Álvaro Obregón ya se plantea muy seriamente la posibilidad de expulsar a todos los partidos políticos de su comunidad: el PRI reprime y roba; la oposición, también, y amenazan con ya no dejar entrar a las instituciones electorales, cuyos resultados siempre padecen todos los pueblos, gane quien gane las elecciones.
Han comenzado, sin grandes vuelos teóricos, a ver otros horizontes: gobiernos populares por usos y costumbres (o como le llaman los zapatistas, Junta de Buen Gobierno) y comunicaron que no permitirán la entrada ni de las empresas eólicas ni del gobierno, y que implementarán una policía comunitaria que responda a los intereses de seguridad de la comunidad, y no de las empresas y sus aliados en el gobierno.
Estamos, pues, presenciando cómo el gobierno (verdadero representante de los intereses corporativos trasnacionales y de grupos de intereses poderosísimos) está empujando a las comunidades a defenderse de sus propios “representantes”. El gobierno no está cumpliendo con su papel primordial, que es garantizar la seguridad de los pueblos, y éstos se han percatado de ello, y han comenzado a reclamar una autonomía que ha sido el grito de guerra de un gran sector de pueblos indígenas desde tiempos antiquísimos. PRI, PAN, PRD y todos los demás, lo mismo dan.
Que no nos extrañe, y que sea bien recibido, este “fuego de la inobediencia” contra autoridades ilegítimas y despóticas. El pueblo es un gran río que, cuando le tapan su cause, sabe romper los diques y retomar sus caminos más naturales y más primordiales. No olvidemos.
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