El informe de la organización Human Rights Watch enfatiza que Calderón no esclareció las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y que será labor de Peña Nieto investigarlas y juzgar a los responsables
La guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón Hinojosa tuvo resultados graves pues generó un incremento de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellas las desapariciones forzadas.
Así lo afirmó la organización Human Rights Watch en su informe inédito, "Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada", en el que afirma que esta crisis es de una magnitud que supera a otras naciones de América Latina.
"Durante los años en que el Gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el País no adoptó medidas serias para abordarlo, esto dio lugar a la crisis más
profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas.
"Si el Gobierno de (Enrique) Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso", enfatiza el documento que será presentado oficialmente mañana.
La organización documentó 249 desapariciones forzadas desde el 2007 en 11 entidades federativas.
En los delitos hubo evidencias "contundentes" de que actores estatales, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales y municipales, habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas.
"La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documentamos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.
"En algunos casos, las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectuó múltiples desapariciones aplicando las mismas tácticas durante un período breve y en una misma zona", destaca el informe.
La organización encabezada por José Miguel Vivanco indica que en todos los casos las autoridades no adoptaron oportunas medidas sobre lo sucedido.
Mas aún se mostraron proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa e indicaron a los familiares que efectuaran la búsqueda por sus propios medios. Incluso, añade el informe, cuando los agentes del Ministerio Público sí investigaron lo sucedido, sus esfuerzos se vieron contrarrestados por demoras, errores y omisiones.
Otros obstáculos que alientan la impunidad, según HRW, son las normas excesivamente acotadas y ausencia de herramientas indispensables, como una base de datos nacional sobre personas desaparecidas.
"Los esfuerzos ineficaces o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar a personas que fueron sustraídas potencian el sufrimiento de los familiares de las víctimas, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos provoca un desconsuelo constante. Muchos familiares postergan todos los demás aspectos de su vida y se dedican exclusivamente a buscar a las personas desaparecidas, una tarea que, según sienten, no pueden abandonar hasta saber la verdad.
"Más grave aún, los familiares de víctimas pueden perder acceso a servicios sociales y beneficios básicos, como atención de la salud y cuidado de los niños, que recibían anteriormente a través del empleo de la víctima. Esto los obliga a intentar recuperar los beneficios, lo cual conlleva un alto costo económico y emocional", sostiene HRW.
El informe enfatiza que Calderón no logró cumplir con su obligación de asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad sean indagadas, por tanto será labor del Presidente Enrique Peña Nieto investigarlas y juzgar a los responsables.
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