Al nuevo mandatario le conviene el desenlace de ambos casos, decididos de manera casi simultánea el pasado miércoles 23. La decisión del IFE busca enterrar los cuestionamientos sobre la legalidad de la elección presidencial de 2012 mientras la sentencia de la SCJN evidencia los atropellos de administraciones pasadas y le permite a Peña Nieto robar cámara para “lamentar” los “errores o violaciones al debido proceso” e “instruir” a los integrantes de su gabinete a “evitar que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder”. La decisión también le ayuda al mandatario a lucirse internacionalmente a partir de la normalización de relaciones diplomáticas entre México y Francia.
Llama la atención que en ambos casos, Monex y Cassez, el voto decisivo fue emitido por un servidor público con gran cercanía al PRI. El consejero electoral Sergio García Ramírez, antiguo secretario general del PRI y amigo de los dueños de la empresa Efra, implicada en el escándalo Monex, fue quien rompió el empate en la votación en el IFE. Con total hermetismo y sin ofrecer argumento alguno, García Ramírez esperó hasta la segunda ronda de votación para girar la balanza a favor de sus aliados y amigos. De igual manera el consejero presidente, Leonardo Valdés, emitió su voto a favor de la impunidad sin mayor explicación.
Por otra parte habría que recordar que Gutiérrez fue la “cuota” de Peña Nieto, y el ministro Alberto Pérez la de Felipe Calderón, en el más reciente proceso de nombramiento de ministros a la Corte. Fue a partir de esta alianza PRIAN, y el ofrecimiento de un futuro “lugar” en el Consejo de la Judicatura al PRD, que se pudo construir la mayoría calificada necesaria en el Senado.
En las últimas semanas Gutiérrez había mantenido sus opiniones sobre el tema Cassez en total secrecía, incluso reservándolos de sus propios colegas ministros de la Corte. Y cuando el miércoles pasado le tocó su turno para emitir su opinión, se limitó a dar lectura a un escueto documento preparado con anticipación que, sin mayor desarrollo argumentativo, indicó su acuerdo con la libertad inmediata de la francesa.
Vale la pena recordar que las sesiones públicas de la Corte existen con el fin de abrir espacios para la deliberación colectiva y el intercambio público de argumentos, no para la lectura de documentos burocráticos. La manera en que el ministro Gutiérrez quiso justificar su extraño hermetismo solamente levanta mayores sospechas con respecto a sus verdaderos motivos: “Toda vez que ésta es la primera ocasión que emito una opinión sobre este asunto en particular, me voy a permitir leer la opinión”. En realidad, es precisamente la primera vez que uno articula su opinión cuando debe desarrollar con mayor claridad y amplitud sus puntos de vista.
Pero lo más preocupante no es la forma en que Gutiérrez expresó su punto de vista sino el fondo de sus argumentos. Su breve comunicado no hace referencia alguna al proyecto original del ministro Arturo Zaldívar, presentado y rechazado en marzo pasado. Aquel proyecto fundamentaba su apoyo para la liberación de Cassez en una defensa irrestricta del debido proceso y una sofisticada teoría del “efecto corruptor” del montaje organizado por Genaro García Luna. Zaldívar había hecho un enorme esfuerzo por convertir el caso Cassez en un caso clave que pudiera ser utilizado para revolucionar el sistema de justicia del país.
En contraste, Gutiérrez quiere limitar al máximo las ondas expansivas que pudiera generar la sentencia. Para él se trata exclusivamente de liberar a una sola persona por la naturaleza especial del “caso concreto”. El ministro fue explícito, por ejemplo, en señalar que el caso Cassez no debería ser utilizado para restringir la evidente violación a los derechos humanos que implican las conocidas “presentaciones” de personas detenidas ante la prensa.
Al parecer la elaboración del “engrose”, o versión definitiva, de la sentencia para el caso Cassez será un proceso sumamente complicado. Habría que hacer votos para que predomine la visión de Zaldívar, pero lo más probable es que sea el punto de vista de Gutiérrez el que termine por imponerse. Si así fuera, el caso Cassez no constituiría un viraje histórico a favor del debido proceso sino que solamente ratificaría la lección de siempre de que el Estado de derecho y la presunción de inocencia solamente se cumplen para quienes tienen contactos y apoyos poderosos.
Por otra parte, con su aval al dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE en el caso Monex, los consejeros electorales simplemente cierran los ojos y esconden la cabeza en un contexto de total descontrol sobre las finanzas públicas de los partidos. Hasta la consejera María Marván tuvo que aceptar públicamente que “lo menos que habría que decir es que hay una obra maestra de ingeniería financiera”. Y el representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal, se vio obligado a marcar distancia de sus aliados en el PRI al señalar sin rodeos que “estamos ante un financiamiento paralelo del PRI” y que se debe investigar un posible “lavado de dinero, porque no sabemos efectivamente cuál fue el origen de los recursos”.
Una vez más se defrauda el sueño ciudadano de contar con instituciones públicas que defiendan el interés general. Urge rescatar a nuestras instituciones para que sirvan a la democracia y no al poder.
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