Por: Ándres Guardiola
Señalan que autoridades restringen su andar en el primer cuadro de esa ciudad, porque “afean” la vista al turismo; la Procuraduría de Derechos Humanos abre expediente
GUANAJUATO, Gto., 8 de febrero.— La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) abrió el expediente 3113/A-2013 y ha entrevistado al menos a 13 mujeres indígenas que acusan discriminación por parte de las autoridades locales.
La queja consiste en que, por imagen urbana, el gobierno de la ciudad de Guanajuato impide a indígenas nahuas provenientes de la sierra de Guerrero caminar a través del primer cuadro de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, bajo el argumento no solamente de que comercian en la vía pública sin permiso, sino porque también “afean” la vista al turismo.
La investigadora de la PDHEG Ana Laura Vázquez dijo que es una pena lo que está ocurriendo con las mujeres indígenas; sin embargo, todavía se está recopilando la información para que Derechos Humanos recomiende o no al gobierno de Guanajuato, una solución al conflicto.
Decenas de mujeres que buscan mantener a sus familias han sido ya visitadas por la PDHEG, por estar ante un posible acto de discriminación por parte de la autoridad priista encabezada por el alcalde Luis Gutiérrez Márquez, porque además viola las garantías individuales constitucionales de libre tránsito.
Estela Felipe Aniceto llegó hace más de 10 años de San Agustín, una comunidad rural en la sierra guerrerense, a unas horas de camino de Chilpancingo.
Ella hace artesanías que vende en entre 30 y 100 pesos, dependiendo si se trata de un cinturón, un collar o una pulsera de chaquira. La actual administración de Gutiérrez Márquez les persigue con inspectores de fiscalización y con elementos de la policía.
“Ya no quieren que pasemos por el centro ni caminando, que si queremos ir al otro lado que sea dando la vuelta…Yo veo que nos está discriminando mucho el presidente municipal, que damos mala imagen, y no es correcto que nos estén discriminando.”
Estela Felipe Aniceto destacó que por haber denunciado públicamente la arbitrariedad, funcionarios municipales, como Horacio Morales, director de Fiscalización, les amenazaron con nunca volver a permitirles trabajar.
“Le hice ver cómo es que cada vez hay más mesas de restaurantes en la calle, en la vía pública, y él (Horacio Morales) me respondió que ellos pagan bien y nosotros no. Pero nosotros tenemos más necesidad.”
Estela Felipe recordó que desde 2006 pagan al municipio impuestos por vender en vía pública 155 pesos al mes, lo que no se hacía antes. Son al menos 19 los indígenas afectados.
“Este gobierno no nos quiere renovar el permiso. Desde noviembre no nos lo quieren renovar y nos cuesta mucho trabajo, tenemos que andar a escondidas, porque tenemos necesidad, hay que comer.”
Violación a la Constitución
El artículo 11 de la Carta Magna reconoce el derecho a la libertad de tránsito, es decir, la libertad de ir, venir y residir en territorio nacional:
“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitiraciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.
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