AUTOR: ARMANDO ESTROP.
Cansados de la violencia, los habitantes de la Costa Chica tomaron la justicia por su propia mano. Así se imparte la ley en una de las zonas más peligrosas de México.
La legendaria puesta en escena de Lope de Vega se ve superada por la realidad en la Costa Chica de Guerrero. Aquí el pueblo pone orden. La justicia se ha quitado el velo de los ojos para taparse el rostro.
Cientos de encapuchados cargan fusiles al hombro pasando de simples ciudadanos a vigías. Tienen retenes que parecen cruces migratorios. Obedeces o te chingas.
“¿Quién fue?”
“Fuenteo vejuna”.
Acá el pueblo no va sobre el Comendador, como en la obra de Lope de Vega. Va por “Los Pelones”, grupo armado al que le acreditan la extorsión, venta de droga y debacle de la zona.
Son miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPEG). Están cansados, pero decididos a que lo que no hace la autoridad, lo hacen ellos.
En un mes han logrado la detención de más de 50 presuntos delincuentes. Han puesto en evidencia a las autoridades estatales y locales. No importa; la policía local, estatal y hasta el Ejército cuidan sus labores.
Los lugareños están felices con estos rebeldes que han logrado generar paz en una zona azorada por el crimen organizado. Les llevan de comer y cooperan para mantener sus rondines en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, San Marcos y los poblados de Atocutla, El Mesón y otros más que se han unido al movimiento.
Ya empiezan a pedirles cuota de paso en las carreteras a los pasajeros del autobús urbano, a los que venden garrafones de agua, a los taxistas y repartidores de cerveza.
Para fomentar la eficacia ayer fueron presentados 54 presuntos delincuentes en una asamblea pública con cientos de habitantes de la zona y sus comisariados ejidales.
Una cancha de básquetbol se convirtió en Tribunal Supremo. Se patentó el evento con prensa nacional e internacional y dos grandes letreros de Coca Cola que, en la miscelánea Núñez, enseñan la globalidad en el área.
Pomposa ceremonia en terreno que empolva los zapatos. Sin autoridades oficiales ni visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hizo la presentación de los procesados. Solo a ellos se permitió tomarles foto y vídeo.
Hubiera sido un juicio colectivo. Pero ahora que está de moda el debido proceso, y tras una reunión de los líderes del UPEG con autoridades del gobierno estatal, se matizó el evento.
Un hombre al micrófono evoca la solemnidad que requiere el encuentro.
Diplomacia con escopetas, rifles calibres 22, revólver al cinturón y viejos fusiles.
El anuncio célebre es que se seguirá investigando a los implicados y a los que de facto declararon culpables en su presentación. Para tener un veredicto más certero.
A pesar de que a uno le llamaron “parásito” y a otros les imputaron ya el delito.
Acusados de secuestro, venta de droga, de señalar ciudadanos secuestrables, de descuartizar humanos y de robar vacas completaron la pasarela delincuencial.
Fue una singular quema de brujas al estilo siglo 21.
Rebeldes de Logística
En la entrada al poblado El Mesón hay un retén. La carretera tiene un tronco para impedir el paso. Se revisan los vehículos y a la prensa la hacen bajarse del coche para explicarle las reglas de entrar a “territorio comunitario”.
Atiende un hombre rubio de ojos azules que cubre su cara con un paliacate. Usa una arracada de plata en la oreja izquierda. Recita un reglamento enfocado a controlar el material que se obtenga en ese área autónoma.
Todo lo grabado deberá ser entregado a la salida para generar una “memoria histórica”. Copia del reglamento con sello del comisariado ejidal se entrega a manera de firma-compromiso. Si no se cumple, te vas.
A un kilómetro de esa primera valla está el escenario que montaron para el evento. Un acucioso jefe de prensa que cuida con discreción los rizos de su cabello repite el reglamento. Amenaza.
Para la comida hay una larga fila. Otra, despreciada en comparación, es para obtener silla en el espectáculo. Para entonces el calor alcanza los 33 grados centígrados.
Dos enormes mantas en impresión digital son la recepción.
“Un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”, presume la más colorida.
Oradores hablan al micrófono. Mario Campos Hernández, es un sacerdote local que fustiga a las autoridades de los tres niveles. Su discurso es de campaña electoral.
No se registran fallas de sonido. La prensa está, como en los peores eventos, en un minúsculo lugar y vigilada. Edecanes con causa guían a la prensa a ese diminuto y caluroso espacio. Las clásicas quejas de reporteros y fotógrafos son inútiles en territorio comunitario, aquí manda la capucha. Hasta para comprar agua se requiere de la noble escolta.
Si hablan los de la UPEG, nadie graba. Se bajan los lentes de las cámaras o serán retiradas. Ya podrán hacerlo cuando salgan los presentados dice el maestro de ceremonias.
De los más de 50 detenidos, sólo cuatro eran mujeres. No es un problema de género, sino que hasta ahora así han sido las detenciones.
El motivo
Desde hace un par de años, toda la zona de la Costa Chica ha sido aterrada por la presencia del narcotráfico. Los Pelones fueron un grupo delictivo –denominado así por su corte de pelo– que hicieron de las suyas durante gran parte del sexenio de Felipe Calderón.
Las autoridades federales, estatales y municipales optaron por obviar su presencia. De ahí se inició el cobro de piso, la extorsión, el secuestro y la conversión de cantinas pueblerinas en centros de operación de mafiosos locales.
Rencillas entre ellos fueron provocando su decadencia, pero dejaron tras de sí una pléyade de empleados que vieron terreno fértil en una sociedad acostumbrada a la buena convivencia.
Fueron ellos los que iniciaron la ola de delitos que la policía local no quiso detener. Cada diciembre, los sitios de taxis tenían que pagar mil pesos por protección. Y según estimaciones de los choferes de este servicio esa cuota representaba una buena entrada ya que hay más de 800 taxis en el municipio.
Otro de los negocios fructíferos fue cobrar piso en el mercado municipal. Todo esto fue generando un clima de inconformidad.
El ex alcalde priista, Armando García Rendón, se fue de la región tres meses antes de terminar su gobierno. Ni siquiera estuvo en el tradicional Grito de Independencia.
Hasta la fecha no hay nadie que sepa de él ni de su familia. A lo que sí hace referencia la gente es a los terrenos, locales y un edificio que supuestamente son de su propiedad.
Al platicar con quienes caminan por las calles de Ayutla se entiende que hay un hartazgo por la inseguridad. Desconfían de su vecinos, de los policías.
Es más la desilusión que el miedo.
Dice el refrán que en pueblo chico, infierno grande, como en Fuenteovejuna.
Entre los parroquianos de la cantina La Pasadita, hay quienes temen que el actual movimiento de la policía comunitaria termine siendo una estrategia de las bandas del narcotráfico para evitar ser investigadas, y así volver en unos meses a tomar el control del cobro de piso y de la extorsión.
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