AUTOR: ADAZAHIRA CHÁVEZ.
El sistema autónomo de justicia de los pueblos originarios de Guerrero declara su rechazo frontal al decreto gubernamental que pretende regularlo y llama a la unidad de quienes comparten sus principios.
San Luis Acatlán, Guerrero. En el territorio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) no hay lugar a dudas: “Rechazamos total y absolutamente el decreto del gobernador que pretende reglamentar la Policía Comunitaria”, declaró a nombre del sistema autónomo de justicia Eliseo, comandante de la Costa Chica, mientras decenas de me’pha, ñu savi, tlapanecos, afros y mestizos escuchaban con atención las intervenciones del encuentro en defensa de la justicia autónoma.
El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, presentó a principios de febrero un decreto que pretende regular a los grupos de autodefensa ciudadana de diversos orígenes que surgieron en Guerrero en los últimos meses.
Aunque los integrantes de la CRAC señalan que los funcionarios estatales argumentaron que esa ley no afectaría a la Policía Comunitaria, sino a los otros grupos, “no puede haber una ley para unos sí y otros no”, apunta Gelasio, septuagenario coordinador regional y consejero de la CRAC.
De pasar esa ley, un sistema que tiene 17 años, abarca más de cien comunidades y contempla no sólo las detenciones de presuntos delincuentes, sino la impartición de justicia y reeducación de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades, pasaría a ser auxiliar del Estado y su función se limitaría a entregar a los aprehendidos a los Ministerios Públicos.
Los comunitarios señalan que precisamente uno de los problemas que dio origen a su cuerpo de seguridad fue la ineficiencia y la corrupción del aparato gubernamental responsable de la seguridad y la justicia. Ante el riesgo del decreto, organizaron un encuentro en defensa de sus sistema de justicia que se realizó el 17 de febrero.
Para Gelasio, que fue fundador de la Policía Comunitaria por el impacto que le causó la violación de una vecina de su pueblo, convertirse en auxiliares del Estado demolería la esencia de la Comunitaria: que la policía obedece al pueblo, y no al gobierno. Además, señala los policías de guardia desde la cocina de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, el recibir un sueldo también rompería el carácter de servicio comunitario del trabajo de policía y autoridad autónoma.
El crecimiento de la CRAC
La Policía Comunitaria, nacida en 1995 y denominada tres años después Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, nació para enfrentar los delitos impunes de abigeato (muchas veces a manos de grandes ganaderos), asalto y violación; éste último fue el que hizo saltar la chispa que encendió a la CRAC.
Después de dos años de trabajo a pie por toda la zona para discutir la manera en que se organizaría, la Policía Comunitaria vio la luz. “Le sufrimos mucho para construir lo que tenemos hoy”, recuerda Gelasio. La eficiencia de las investigaciones, la rectitud de las autoridades y el hecho de que “no se cobra un solo peso para obtener justicia”, señala el consejero Armando, hizo que rápidamente creciera la confianza en el sistema de justicia y que cada vez más comunidades solicitaran incorporarse al sistema.
En 2008 se crearon cuatro casas de justicia porque ya no bastaba la de San Luis Acatlán para atender tanta demanda. “Es bien cansado”, relata entre sonrisas Gelasio. “Hay gente todo el día y ya no quieren ir a poner su denuncia al Ministerio Público”, señala el delgado hombre mientras bebe su café en la cocina de la Casa de Justicia, construida por los reos reeducados en el sistema.
Más de cien comunidades integran el sistema de justicia, y las solicitudes de incorporación no paran. El consejero de la zona de Ayutla, Rufino, informa que en tan solo cuatro meses pasaron de ser 23 asambleas a ser 40, “y hay más que están pidiendo”, precisa el joven mixteco. Justo en el 17 aniversario de la comunitaria, su territorio de influencia creció en más de 70 por ciento.
Aunque no están incorporadas a la CRAC, otras regiones crearon durante 2012 sus policías propias y se hermanaron a este sistema de justicia: Huamuxtitlán, Temazcaltzingo y Olinalá se cuentan entre ellas.
Respecto al conflicto con la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), señalan que si quieren formar sus propias policías está bien, “pero que no anden hablando a nombre de la Comunitaria; si quieren ser parte, tienen que cumplir el reglamento y los usos y costumbres”, indica un policía de la Costa Chica.
El corazón de la justicia
Policías, comandantes, coordinadores y consejeros coinciden en que la esencia del movimiento es dar justicia según los usos y costumbres “y las necesidades del pueblo”, señala un policía de la Costa Chica en entrevista con Desinformémonos. “Esto nació a la brava porque no había esperanza de justicia”, aclara el consejero.
Gelasio resalta que en el sistema de justicia autónomo no se cobra un solo peso por impartir justicia, “ni siquiera se ponen multas; porque en el otro lado, hay justicia nada más para quien tiene dinero”. En los casos de deudas, se procura que quien prestó recupere su capital, pero no se permite cobrar intereses “para que no haya abuso”, aclara.
El fundador de la Coordinadora señala que los policías y autoridades son propuestos y apoyados por la asamblea principalmente “porque son honorables y no faltan a las asambleas”. Armando señala que todos los cargos son parte del servicio que deben prestar los habitantes del territorio a la comunidad. Se puede ser topil, policía raso, comandante, comisario o coordinador; una vez que se pasa por este último cargo, la persona se vuelve consejera “porque ya aprendió mucho y tiene que enseñar; el servicio nunca se acaba”, aclara Armando.
Los pobladores del territorio agradecen a los policías su trabajo llevándoles agua y alimentos “porque a veces andamos sin tomar ni agua”, indica el policía. “Ellos reconocen que es algo diferente y por eso vamos a defenderlo”, apunta Gelasio.
Un ataque que vuelve
Los comunitarios no olvidan los anteriores intentos por desarticularlos. “Recordamos particularmente el ultimátum de René Juárez”, cuando se libraron las órdenes de aprehensión contra las autoridades “por cumplir el mandato del pueblo”, declararon en el pronunciamiento final del encuentro. También tienen presentes las veces que los desarmaron las fuerzas del Estado, “pero siempre volvimos a comprar las armas”, confía entre risas y humo de leña otro policía comunitario.
Parecía que la historia de agresiones se detendría en 2011, cuando la ley 701 –que también se hizo sin acuerdo de las comunidades, aclaran- reconoció al sistema de justicia. Pero el nuevo decreto “es una regresión total”, define un comandante que se acerca a la entrevista. “Es una chingada basura”, resume Gelasio.
El sentir de los comunitarios se resume en una manta que portaban las autoridades en la marcha: “¡No queremos decreto, ya tenemos nuestro reglamento interno”.
El decreto gubernamental prohíbe expresamente aplicar procesos de reeducación o sanciones, procesar a los detenidos, realizar detenciones fuera de la flagrancia, entre otras medidas que abarcan todas las funciones de la CRAC. Además, amenaza con sanciones si se realizan estas acciones.
Si la iniciativa se llega a aplicar, las consecuencias serían funestas, aseguran las autoridades. “Estaría peor que antes”, señala Gelasio. “Cada quien se defendería como pudiera y esto sería una matazón”, agrega.
Cuatro jóvenes mujeres registran a policías y autoridades que llegan a consensar el pronunciamiento contra el decreto el domingo 17 de febrero en las instalaciones de La Luz de la Montaña, organización de productores cafetaleros.
Eliseo, comandante, señala bajo un techado de lámina que el gobierno está en un gran error al decretar sin tomar en cuenta la voz y las necesidades del pueblo. “Quieren integrarnos a un sistema que ya demostró su fracaso; además, ellos mismos están coludidos con la delincuencia”, indica.
Los policías recuerdan que en 2005 se respondió a las agresiones estatales con una gran marcha. Ahora, señala Gelasio, “la política del gobierno va para echarnos grillas para que la comunitaria se acabe”. Y los pobladores ven un motivo más detrás de las “grillas”.
El territorio de los comunitarios se declaró libre de minería en 2012. En las fondas se escucha la radio comunitaria “La Voz de la Costa Chica”, que emite spots previniendo a la gente contra el decreto y también contra las mineras. Y por ahí, señalan algunos, puede venir el interés del gobierno en dividir y desarticular a la organización.
Sin embargo, la gente está bien organizada e informada y, aclaran, es difícil que pasen los tres proyectos mineros que abarcan prácticamente toda la zona de La Montaña. La marcha del 17 de febrero en San Luis Acatlán, de centenares de autoridades y policías, es solamente una estación en la nueva resistencia ante el decreto y las mineras, sealan.
“No vamos a permitirlo, vamos a llegar hasta lo último”, aclara Eliseo. “Preferimos morir de frente que vivir arrodillados ante el crimen organizado y el gobierno”, sentencia.
El conflicto
En el encuentro hubo llamados a que la UPOEG, organización que encabezó los recientes levantamientos contra la delincuencia en el municipio de Ayutla de los Libres, a que “no haga más divisiones” en los pueblos, como exclamó Gelasio. Pobladores y autoridades advirtieron sus sospechas sobre los motivos detrás del conflicto, desde ambiciones electorales y monetarias hasta, dijeron, “la necesidad de resguardo ante un sector del narcotráfico”, pero no hubo quién recibiera ese llamado público.
A policías y autoridades les indignó que la UPOEG, “una organización que nació para gestionar recursos”, desarrollara acciones a nombre de la CRAC sin tener comisión o representatividad para ello, señalan. Coinciden en que es legítimo el hartazgo ante la violencia y el crimen, pero “¿por qué se hacen pasar por un nombre que no es?”, se pregunta un policía de la comunidad Capulín Chocolate. “Eso no es sano ni correcto, y además no tienen la misma costumbre, las mismas leyes, las mismas características” que la comunitaria y su reglamento, agrega.
En la plenaria de la reunión se señaló que si bien dos dirigentes de la UPOEG funcionan como parte de los consejeros de la CRAC (cargo al que llega todo coordinador del sistema), “no tenían mandato para ir a organizar levantamientos”, señala el policía de Capulín. “Ojalá se resuelva y puedan adherirse, pero no con sus propios requisitos”, agrega. Además, denunció el consejero de Ayutla, a las autoridades de la CRAC de esa zona, la Unión les giró órdenes de aprehensión.
Y sobre los señalamientos de que la CRAC está manipulada por gente externa, el comandante que se acerca a la entrevista afirma que “son chismes de molino; nosotros hacemos el trabajo según el reglamento y la decisión de los pueblos, no somos pistoleros al servicio de nadie”, exclama indignado.
EL temor de las autoridades es que si los cuerpos de autodefensa no son policías nombrados por asamblea y no funcionan bajo un reglamento comunitario, se vuelvan pistoleros al servicio de caciques o de intereses particulares, indicaron en la plenaria de la reunión.
Por el micrófono pasaron una decena de organizaciones (magisteriales, indígenas, populares) que asistieron al encuentro para manifestar apoyo al sistema de justicia, además de algunos representantes de comunidades que fueron a pedir informes de la forma de incorporarse al sistema de justicia. “Ya no queremos seguir como estamos, vimos cómo funciona la CRAC y eso queremos”, señaló un comunero de Juchitán.
Para el próximo 23 de febrero está programado el cambio de autoridades. Los pobladores y autoridades esperan que se refuerce la unidad de la organización. Se alerta de los rumores de que comunidades no integrantes de la Coordinadora intentarán entrar a la asamblea.
“Yo nunca pensé en ser policía”, indica un costachiquense. “Pero se siente bien porque contribuimos con un granito y proporcionamos seguridad; por eso debemos defender este patrimonio que es el sistema de justicia de las pueblos”, finaliza.
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