AUTOR: ARMANDO ESTROP.
Hace un mes eran aliados. Hoy hablan de suspender las agresiones mutuas. Son los dos grupos, ahora antagónicos, de policías comunitarias en Guerrero.
Los grupos de autodefensa de la Costa Chica sufren una pugna de legitimidad que los está dividiendo.
Por un lado se encuentra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y por el otro la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG).
Si bien estuvieron unidos en las primeras semanas que iniciaron sus actividades, los pueblos de autodefensa ahora se reclaman legitimidad y se critican las acciones.
Ayer la CRAC lanzó un comunicado en la Ciudad de México donde asegura que el origen de las policías comunitarias nada tiene que ver con el combate al narcotráfico.
Leído a través de Fernando Valadez, representante del colectivo contra la tortura y la impunidad, se estableció que las diferencias han llegado a tal grado que se requiere de un armisticio.
Por eso se realizará un encuentro entre ambas organizaciones para lograr una serie de acuerdos, entre ellos desconocer la Comisión de Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el decreto para regular la policía comunitaria.
En el comunicado señalan que el origen de la UPOEG fue gestionar carreteras con los gobiernos estatal y federal para conectar a los pueblos de la Costa Chica y no la seguridad de los ciudadanos de la zona.
“Para sorpresa de nuestras comunidades y autoridades comunitarias, a finales del 2012 esta organización ha iniciado labores de seguridad, sobre todo en la región de la Costa Chica, con el discurso de acabar con el narcotráfico en la región, ya que ubican esta problemática como la principal amenaza de la seguridad. Hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento de ese proceso, sino por las noticias de medios nacionales”.
El comunicado asegura que los miembros de la CRAC no han participado en las acciones que se han realizado hasta el momento en la zona.
Sin embargo, en un recorrido que se hizo por la zona a finales de enero y principios de febrero se constató que ambas organizaciones estuvieron trabajando en conjunto en una serie de retenes instalados en la carretera de Tierra Colorada a Ayutla de los Libres y en la comunidad de El Mezón.
“Este hecho nos sorprendió de una manera sumamente desagradable, ya que estaban utilizando los uniformes de nuestra institución comunitaria, haciendo uso de un discurso que nos es completamente ajeno, ya que como CRAC jamás hemos acordado que nuestra labor está encaminada a acabar con el narcotráfico.
“Por el contrario nosotros estamos conscientes que esa es una lucha del gobierno federal y que nuestra labor está en cuidar de nuestras comunidades”.
Critican también que los llamados grupos de autodefensa hagan su trabajo “encapuchados”, lo cual nunca fue avalado por las comunidades.
“Hemos intentado tener prudencia frente a este proceso para evitar enfrentamientos. Sin embargo el 9 de febrero, dirigentes de la UPOEG, acompañados de alrededor de 50 personas de algunas comunidades y algunos estudiantes de la UNISUR, tomaron la casa de justicia de la CRAC en San Luís Acatlán.
“No obstante, el día de ayer (martes), con el aval de 18 comisarios municipales, autoridades agrarias, policías comunitarios y vecinos en general, retomamos pacíficamente nuestras instalaciones”.
Entre los acuerdos que se lograron al recuperar ese espacio comunitario están el parar las órdenes de detención que hay contra comandantes regionales del grupo contrario a la CRAC y convocar a la reunión del 23 de febrero en el poblado de San Luís Acatlán.
“Ambas partes acuerdan no ofenderse, no agredirse ni tomar represalias en contra de los coordinadores y comandantes regionales, así como de la comisión de inconformes que estarán en la Casa de Justicia”.
Lo que comenzó como un movimiento de autodefensa para garantizar seguridad y justicia que las autoridades no podrían brindar se está convirtiendo en un problema. En otros Estados están copiando el sistema que utilizaron los pueblos de la Costa Chica de Guerrero.
El próximo 23 de febrero medirán sus fuerzas. La moneda está en el aire.
Réplicas de policías comunitarios
1. Santos Reyes Nopala, Oaxaca
Hace unos días, el ombudsman estatal emitió una alerta en la que exhorta al alcalde de Santos Reyes Nopala, el priista Fredy Gil Pineda Gopar, de abstenerse “de formar grupos civiles armados con el argumento de hacer frente a la inseguridad”.
2. Urapicho, municipio de Paracho, Michoacán
En octubre del 2012, el gobierno del Estado avaló la creación de una Policía Comunitaria en la comunidad de Urapicho, en el municipio de Paracho, ante el temor de un ataque del crimen organizado y tras haber creado su propio sistema de autodefensa.
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