La nueva ley de amparo fue aprobada en lo general y particular el martes; hubo diferencias entre legisladores de diferentes partidos, pues unos consideraron que se le daba mayor "discrecionalidad" al gobierno.
Al discutir el artículo 129 en lo particular de la nueva ley de amparo aprobada el martes, se estableció eliminar la etapa del proceso de suspensión, por lo que los particulares o empresas a los que el gobierno les retire su concesión tendrán que esperar que un juicio les dé o no la razón para seguir explotando su respectivo bien público.
El referido artículo establece en su apartado XIII que se considerará que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando “se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. En el artículo 27 constitucional se establecen todos los bienes de la nación.
Con el aval de legisladores del PRI, Panal y una parte del Partido Verde se impedirá que un amplio sector de la iniciativa privada recurra a la suspensión de los actos de la autoridad.
La discusión sobre el artículo 129 fue la más amplia del martes en el pleno de la Cámara de Diputados. El PAN, PRD y PT reservaron las fracciones primera, XI y XIII de ese artículo, sin embargo, la mayoría de legisladores sólo avaló modificar, a propuesta de los panistas, la fracción primera e incluir a las casas de juegos y sorteos (casinos), para evitar que se les conceda la suspensión.
La bancada contra la nueva ley
El diputado Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, abanderó los votos de casi toda su bancada contra la nueva ley de amparo en lo general, mientras que en lo particular criticó que no se hayan realizado foros de discusión con especialistas, antes de dictaminar la minuta que, dijo, afectará a los concesionarios.
En entrevista para Aristegui Noticias, el vicecoordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que las nuevas disposiciones de ley afectarán a los concesionarios.
“En temas fundamentales, como son los derechos de los particulares, el tema de la suspensión provisional, el tema del amparo agrario, el tema de los amparos contra particulares, son graves retrocesos que van a afectar el manejo de muchos particulares para poder realizar sus actividades económicas y comerciales”, aseveró.
“Se le da más poder al Estado, la verdad es una reforma que hace del gobierno un ente cada vez más absorbente, más discrecional, por ejemplo, si a un concesionario crítico se le retira la concesión y se trata de amparar, no le dan la suspensión, se tiene que esperar hasta que se acabe el juicio y eso nos parece totalmente aberrante. Eidentemente hay grupos y poderes fácticos que nosotros no avalamos su actuación, pero tampoco creemos que sea la mejor manera restringiendo sus derechos”, expuso.
Por su parte, en entrevista con los medios, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada priísta (impulsora de esta nueva ley), sostuvo que el único riesgo que ve en la nueva ley de amparo es que no se apruebe, en su regreso al Senado.
El priísta calificó las modificaciones como un “hito (hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto) en la historia garantista” de México.
“Está hecha para dar garantías y el amparo se preserva para todos aquellos que piensen que sus derechos son violados”, expresó.
“No encuentro que se le de un poder excesivo al titular del Ejecutivo federal. Estoy seguro, he leído y releído lo que es la minuta de la Ley de Amparo y en ella no encuentro más que temas garantistas”, atajó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario