Por: Jorge Carrasco Araizaga
Revelan red de corrupción de Gordillo.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Dos hombres cercanos al presidente Enrique Peña Nieto aparecen en la detención de Elba Esther Gordillo: su consejero jurídico Humberto Castillejos Cervantes, y su operador de persecuciones Alberto Bazbaz Sacal, encargado de la unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda.
Castillejos Cervantes no es ajeno a la historia de la maestra. Su padre, Marcos Castillejos, fue el abogado defensor de la jefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuando fue vinculada al asesinato del profesor Misael Núñez Acosta.
Designada a sí misma como “mando supremo” del SNTE, Gordillo tuvo que declarar en noviembre de 2002 ante la
desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado por el asesinato de Núñez, en 1981.
Acompañada de Marcos Castillejos, Elba Esther tuvo que responder más de cien preguntas del ministerio público especializado por el asesinato, al que fue vinculada por su predecesor Carlos Jonguitud Barrios.
Tras su declaración ministerial, el caso fue cerrado por la fiscalía creada por Vicente Fox, a quien Gordillo ayudó para “sacar al PRI de los Pinos” y se convirtiera en el primer presidente de la República por el PAN.
El ahora consejero jurídico del Ejecutivo Federal compartió despacho con su padre hasta julio de 2008, cuando éste fue asesinado afuera de sus oficinas en la colonia Condesa de la ciudad de México.
Junto con sus hermanas, Castillejos Cervantes se quedó con la firma CLG Abogados (Consultoría, Litigio, Gobierno) en el que también estuvo Alberto Bazbaz Sacal, designado por Peña Nieto titular de Inteligencia Financiera, en enero pasado.
Bazbaz fue procurador de Peña Nieto en el estado de México entre 2008 y 2010, cuando salió de la Procuraduría General de Justicia del estado de México en medio del escándalo por la extraña muerte de una menor.
Ahora fue el encargado de la investigación sobre los movimientos financieros de Gordillo. Según informó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones por dos mil 600 millones de pesos.
La orden de aprehensión en su contra, por el presunto delito de operación con recursos de procedencia ilícita, fue emitida por el juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el reclusorio Oriente, a un costado de la cárcel de mujeres de Santa Marta.
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