AUTOR: ARMANDO ESTROP.
El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, negó que la nueva Ley de Amparo vaya a afectar a las empresas.
Los grupos empresariales ya no podrán estar por encima de una decisión de gobierno en materia de concesiones
La Cámara de Diputados aprobó ayer una modificación a la Ley de Amparo que impide obtener suspensiones de acto reclamado contra una política o medida gubernamental.
Los casinos también serán incluidos entre los sujetos dispuestos a esta medida.
Al modificar el artículo 129 de ese ordenamiento, empresas como Televisa, TV Azteca o Telmex, tendrán que apegarse a lo que la administración federal decida en su sector. No podrán alegar afectación.
Fueron 434 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. Se reservaron más de 30 artículos que no prosperaron para ser modificados.
Los diputados que están a favor dicen que la finalidad es proteger los bienes del Estado que se concesionan como los energéticos, minas, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, y transporte ferrioviario.
Y quienes están en contra coinciden en que afectaría a campesinos y agricultores, que no podrían ampararse contra concesiones otorgadas en sus terrenos.
Los cambios alertaron desde días antes al Consejo Coordinador Empresarial , que a través de un documento, avisó de las afectaciones que esto traerá a la iniciativa privada.
Acusó a los legisladores de no respetar los acuerdos que habían logrado desde meses antes como parte de la reforma.
Sin embargo, el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, marcó la línea de lo que sucedería.
“Es verdaderamente un hito en la historia garantista de México”.
Fue enfático en su defensa del dictamen y sobre la preocupación de los empresarios.
“No entiendo las preocupaciones. Porque al final de cuentas la ley está hecha para dar garantías. El amparo se preserva para todos aquellos que piensen que sus derechos son violentados. Estoy seguro, he leído y releído lo que es la minuta de Ley de Amparo, y en ella, no encuentro más temas garantistas”.
En este tema los partidos de izquierda votaron divididos. La corriente perredista de Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos, votó a favor.
Y es que esta reforma a la Ley de Amparo ha sido impulsada por el Consejo Rector del Pacto por México.
En diversos artículos, los simpatizantes de AMLO votaron en contra. Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, aseguró que el artículo 129 atenta contra el estado de derecho.
Fue directo al decir que la reforma a ese artículo es para que el estado tenga control sobre los grupos que por sus intereses económicos se oponen a decisiones de los gobiernos.
“Para el Poder Judicial de la Federación, la aplicación de esta disposición no tiene ninguna relevancia, es neutra, pero para los grandes actores con preponderancia y fortaleza económica pueda significar la pérdida o disminución de medios, para obstaculizar o detener, las actuaciones de la autoridad en esa materia.
“La pugna es el control estatal frente a los intereses económicos. Podrían decir ¿y por qué el Movimiento Ciudadano está en esta posición? Porque defendemos el estado de derecho. Podríamos ser las víctimas y podríamos ser los más ofendidos con las televisoras. No lo hacemos por vendetta. Si se habla de estado de derecho, hay que defender el estado de derecho”.
El panista Arturo Salinas defendió la reforma con el argumento de que significa un alto a los delincuentes que no acatan las decisiones del Estado.
“Esta nueva Ley de Amparo les quita a los delincuentes la posibilidad de defenderse contra el Estado, pues no podrán obtener suspensiones cuando vayan contra sus bienes. Esta nueva Ley de Amparo otorga a los ciudadanos el doble de tiempo para presentar sus juicios y defenderse con mayor oportunidad”.
Su compañero de bancada, Mario Sánchez, consideró como un grave atentado aprobar que sectores de la sociedad no tengan acceso al amparo por las decisiones de la administración federal.
“Con este tipo de medidas castigamos el desarrollo nacional. Y se atenta contra principios de debido proceso, como la equidad procesal de las partes, ya que al negar la suspensión por ministerio de ley, se inclina inexorablemente la balanza de la justicia a favor de la autoridad y se impide a los jueces proteger la apariencia de buen derecho que garantiza la Constitución, recientemente reformada”.
El artículo polémico
129. Se considerará entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
1.-Continúe el funcionamiento de centros de vicio, lenocinio o casinos
2.- Continúe la producción o el comercio de narcóticos
3.- Se permita la consumación o continuación de delitos o sus efectos
4.- Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la quiebra de entidades financieras
5.- Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 constitucional.
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