AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: Será en los próximos cuatro años en que la Procuraduría General de la República (PGR) ofrezca resultados exitosos, confió su titular Jesús Murillo Karam al director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, durante un encuentro en el que se revisó el informe de la organización sobe los desaparecidos en México.
Al término de la rueda de prensa en la que HRW presentó el informe Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, que documenta 249 casos de desaparición, 149 cometidos por agentes estatales, Vivanco reveló que el exgobernador de Hidalgo explicó que, entre las dificultades que tiene para llevar adelante investigaciones de violaciones a derechos humanos, destaca que la administración anterior dejó una PGR “desmantelada”.
“El procurador nos dijo que él recibía una institución que no contaba con los recursos, que tenía muchos cargos congelados, que no tenía realmente el personal adecuado, y que el que tenía estaba muy por debajo de sus niveles; además, que él tenía un plan de trabajo para fortalecer la PGR y que confiaba que de aquí a cuatro años más o menos la institución iba a poder mostrar resultados, que no quería hacer demagogia”, contó Vivanco.
El defensor, quien calificó a Murillo Karam como “aliado de las causas de los derechos humanos”, dio el beneficio de la duda al político priista.
“Si sostiene que la PGR está desmantelada y que no está en condiciones ni a la altura de los desafíos enormes que tiene México en materia de derechos humanos, creo que hay que darle el beneficio de la duda, porque quien lo dice es Murillo Karam y no es cualquier político”, apuntó.
Vivanco acotó que siendo “aliado” de los derechos humanos, el procurador general de la República está obligado a responder a los familiares de miles de víctimas de las desapariciones ocurridas durante el anterior régimen, obligación que debe compartir con el propio presidente Enrique Peña Nieto.
Ponderó como positivo que Murillo Karam se haya pronunciado por no recurrir al arraigo y en promover su modificación constitucional.
Acompañado del responsable de la investigación, Nik Steinberg, Vivanco sostuvo que la prueba de los compromisos del gabinete de Peña Nieto para atender las desapariciones del régimen pasado serán “los signos claros de que este tema ha pasado a ser un tema prioritario en la agenda de derechos humanos” en su gobierno.
Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón ni siquiera en el discurso había una defensa de los derechos humanos y que, por el contrario, se distinguió “hasta diciembre de 2011 en sostener públicamente reuniones con los militares para felicitarlos y decirles ‘aquí había cucarachas y había que limpiarlas’, y que 90% o más de las víctimas eran del crimen organizado que se mataban entre ellos”.
En vísperas de que el gobierno federal difunda el padrón de desaparecidos durante la “guerra contra el narcotráfico”, Vivanco sostuvo que para evitar que en la actual administración persita esta práctica “hay que hacer justicia, hay que combatir la impunidad, esto no puede quedar simplemente en estadísticas o en informes o en conceptos genéricos o abstractos”.
Sin pronunciarse sobre la eventual relación oficial sobre desaparecidos, que sugirió debe cotejarse con la lista de asesinatos, el activista insistió en que esta iniciativa “debe resultar en la investigación, en el castigo y procesamiento ejemplar de soldados y oficiales, tanto del Ejército como de la Marina, con total transparencia, de cara al país y con sentencias que sean proporcionales a las atrocidades que aquí se han cometido por la fuerza pública en una guerra contra el narcotráfico donde todo fue permitido”.
Después de señalar con ironía que con la cifra escandalosa de 27 mil desaparecidos México se pone “a la vanguardia” de otros países de América Latina, que han registrado menos casos durante las dictaduras militares de los setenta y ochenta, Vivanco exculpó de cualquier responsabilidad al actual gobierno de Peña Nieto.
Sin embargo, insistió en que pese a que no tuvo que ver en la política de seguridad que derivó en los catastróficos resultados, Peña Nieto tiene la obligación de investigar los crímenes cometidos durante la llamada “guerra de Calderón”.
“México cuenta con la infraestructura, con los recursos, en esto hay experiencia en el pasado, es cuestión de decidir si es una prioridad o no. ¿Es una prioridad en materia de derechos humanos hacer justicia frente a los desparecidos o las ejecuciones o las torturas?”, preguntó.
Nik Steinberg destacó que en esta tragedia “los verdaderos ministerios públicos son los familiares, las madres y los padres de los desaparecidos”, toda vez que las autoridades judiciales no atienden las denuncias por desaparición y ponen en duda la honorabilidad de las víctimas.
Entre los absurdos que HRW recabó en la investigación de más de un año, añadió Steinberg, destaca que la PGR aplicó pruebas de ADN a las esposas de hombres reportados como desaparecidos para cotejar esa información con los restos de los cuerpos localizados en San Fernando, Tamaulipas.
“Son datos que causan risa, pero también llanto porque no es posible que ocurran situaciones tan absurdas en medio de la tragedia”, deploró.
El equipo de HRW se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, así como con funcionarios de la Marina, además de Murillo Karam.
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