AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
El escándalo de pagos a la paraestatal es parte de un proceso que ha llevado a Jaime Mario Willars a terminar como consultor privado sin cuenta bancaria, según dice el propio exfuncionario.
Las sanciones que llevaron a que el exdirector de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, enfrentara un juicio de más de una década no fueron por el proyecto de Cadereyta, asegura el ex funcionario en entrevista con Reporte Indigo.
“Rechazo la imputación de que yo haya sido sancionado en 2007, mucho menos que haya estado vinculado a sobornos”, expresa.
Willars considera que el escándalo actual es un capítulo más en una década de litigios que lo han llevado a trabajar como consultor privado y a estar impedido de tener cuentas bancarias.
La multa de mil 390 millones de pesos que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) y luego le fue revocada en 2012 gracias a un dictamen judicial no fue por el caso Cadereyta, sino por el proyecto de la planta MTBE que nunca fue construida e iba a crear un oxigenante que sustituiría el plomo de la gasolina.
Reitera: “Nunca he sido sancionado por asuntos relativos a los proyectos de reconfiguración de las refinerías.
“El objetivo (del expediente 17/2002 y su acumulado 52/2002 que llevaron a su sanción) fue realizar una investigación relacionada con la terminación del contrato de suministro de MTBE que debía llevar a cabo la empresa Productos Ecológicos S.A. de C.V. (PROESA)”, explica.
Ese contrato se rescindió porque las obras no se llevaron a cabo. Para hacerlo, Pemex aceptó el acuerdo de pagar 127 millones de dólares a la empresa que había ganado la licitación.
La inhabilitación que inicialmente se le impuso por 20 años y luego disminuyó a 10 fue por este supuesto arreglo no beneficioso a la paraestatal al que habrían llegado con PROESA. Su litigio en contra de la autoridad que lo despidió inició en 2002 y fue resuelto el 13 de septiembre del 2012.
El resultado: la multa fue eliminada, tanto para Willars Andrade como para Luis Ricardo Bouchot Guerrero, quien dirigía el área jurídica de Pemex Refinación y había sido condenado a las mismas sanciones que su jefe.
Sostiene que ya la SFP está enterada de esa resolución judicial y por tanto su nombre no debería aparecer en la página de funcionarios con sanción económica. De acuerdo con un oficio del 23 de enero, la SFP mediante su directora de responsabilidades, Rocío Torres Rivera, comunicó a Pemex Refinación que ese órgano había acatado la sentencia que exime a Willars Andrade de pagar la multa millonaria.
La sanción aducía sobre “una supervisión inadecuada por la reclamación improcedente de la fianza y la posterior recisión del contrato llevada a cabo por el abogado Cuauhtémoc Arce en 1999”, detalla.
Sin embargo, el exfuncionario amplía que Arce nunca fue sancionado. En cambio, “la administración de Pemex que estuvo al frente en el período 2001-2006 lo ascendió a nivel gerente para posteriormente jubilarlo. Tampoco fueron sancionados sus dos jefes inmediatos, ni el subdirector encargado del área”.
Entre los argumentos que el exfuncionario presentó al Tribunal Colegiado que falló a su favor, insistía en que había cinco niveles jerárquicos entre él y la persona que había firmado la rescisión del contrato con PROESA.
Se preguntaba por qué la autoridad no remitió sanciones sobre los mandos medios que tuvieron que ver en el proceso.
Sanciones por Cadereyta
Los funcionarios que recibieron sanciones a raíz de una investigación por el caso Cadereyta fueron Luis Ricardo Bouchot, Eduardo Vergara y Máximo Téllez, aunque Willars afirma que tampoco derivaron de acusaciones por soborno.
El expediente administrativo R-032/2003 y sus acumulados R-146/2003 y R-002/2004 se abrieron por la firma de dos convenios para pagos no reembolsables entre Pemex Refinación y el consorcio Conproca.
La documentación del proceso con que se licitó la obra, cuya copia mostró a este diario, coincide con lo dicho por el empresario Jaime Camil Garza en cuanto a que la propuesta de Conproca fue menor en mil 200 millones de dólares a la del segundo lugar.
En noviembre de 1997 se firmó un segundo contrato por trabajos complementarios, de 80 millones de dólares.
Pero quedaban otros gastos conocidos como no recuperables derivados de los retrasos del proyecto.
El exfuncionario explica que Pemex reconoció 180 de las reclamaciones de Conproca por los gastos adicionales, pero dijo al consorcio que no las pagaría hasta hacer una auditoría más detallada.
“El 16 de abril de 2001 yo salgo de Pemex y cuatro días después se firmó el finiquito del 99 por ciento de la obra terminada”, dice Willars Andrade.
Pemex firmó tres acuerdos con el consorcio para evaluar y pagar los gastos adicionales, pero solo uno de ellos se concretó.
El depósito de una fianza de 98 millones de dólares que Pemex había solicitado a Conproca era parte de esos convenios.
El exfuncionario corroboró los dichos de Jaime Camil Garza en cuanto a que en el verano de 2001 la paraestatal cobró esa fianza antes de acudir a un perito externo que estaba incluido en las cláusulas del contrato.
“Las autoridades superiores de Pemex decidieron no dar tiempo a que el perito independiente hiciera su trabajo y determinara lo procedente, de tal forma que se hicieron efectivas las fianzas, con sus respectivos intereses”, relata.
Este cobro fue el origen del arbitraje solicitado por Conproca ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París por el cual la paraestatal fue condenada a reponer esa fianza más los intereses de 10 años y el pago de los abogados durante todo ese tiempo.
La cifra del pago al que fue condenada Pemex ronda los 500 millones de pesos, monto similar por el que ahora la petrolera está demandando al consorcio en Nueva York, amparada en una investigación interna por sobornos.
Willars Andrade afirma que nunca supo de la existencia de tal investigación y tampoco fue llamado a declarar por la paraestatal, la PGR ni otra autoridad.
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