AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Torturas y violaciones, detenciones ilegales, centros clandestinos de reclusión… nada nuevo en el sistema mexicano. Y a eso se redujo la parte judicial de la lucha de Felipe Calderón contra el narcotráfico, que lejos de capturar a delincuentes de “alta peligrosidad” no pasó de aprehender y recluir a consumidores o traficantes menores, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas levantada entre reos de algunos penales federales mexicanos.
MÉXICO, D.F.: Los delincuentes de “alta peligrosidad” recluidos en los penales federales en el sexenio de Felipe Calderón resultaron ser en su mayoría traficantes menores o consumidores detenidos en flagrancia y sus capturas no resultaron de la investigación policial, de la que alardeó su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Escasearon las órdenes de aprehensión; se abusó del arraigo; fue común el traslado de los detenidos a cuarteles militares, separos y hasta sitios clandestinos antes de ser presentados ante el Ministerio Público federal; los sentenciados carecieron de una defensa adecuada y ya internados fueron amenazados y maltratados. La tortura no faltó.
En su mayoría los recluidos son jóvenes con escasa educación, provenientes de un contexto violento, y en el caso de las mujeres, muchas están sentenciadas por delitos contra la salud, incluso en una proporción mayor que la de los hombres.
Tal es la realidad que deja ver la primera encuesta aplicada en los centros federales de readaptación social y que evalúa la política penitenciaria del gobierno de Calderón, quien no escatimó recursos para los penales federales como parte de su llamada estrategia contra la delincuencia organizada.
De acuerdo con el libro blanco de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el sexenio pasado se gastaron 35 mil millones de pesos en ese rubro.
La encuesta estuvo a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y se realizó entre junio y julio del año pasado sólo entre la población sentenciada, que representa la mitad de los internos de los penales federales. De ellos, seis de cada 10 purgan penas por delitos contra la salud.
Mientras que 57.6% de los hombres dijo estar pagando condena por esa causa, la cifra se eleva a 80% en el caso de las mujeres: Ocho de cada 10 reclusas en los penales federales fueron sentenciadas por delitos contra la salud.
Pero a diferencia de lo que machacó la propaganda calderonista, la mayoría de los detenidos y sentenciados no eran grandes capos ni parte del liderazgo intermedio de los cárteles de la droga. Más aún, ni siquiera fueron condenados por pertenecer a algún cártel.
De los condenados por delitos contra la salud, cuatro de cada 10 (33.5%) fueron condenados por posesión, narcomenudeo y consumo, mientras que sólo 14.6% fue condenado por delincuencia organizada.
“El alto porcentaje de personas sentenciadas por posesión, venta al menudeo y consumo resulta preocupante pues sugiere una política de drogas enfocada en detener a traficantes de pequeña escala y/o consumidores”, dicen las coordinadoras de la encuesta y autoras del reporte Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Aseguran que ese alto porcentaje implica una enorme carga para el sistema penitenciario federal y significa el uso de recursos que no son utilizados para perseguir y sancionar conductas delictivas de mayor importancia y gravedad social.
Estrategia fallida
La encuesta –aplicada a una muestra representativa de 831 sentenciados en ocho centros federales de readaptación social y fechada en diciembre pasado– indica que mientras 60.2% cumple condena por delitos contra la salud, sólo 14.6% lo hace por delincuencia organizada, lo que demuestra el escaso impacto de la estrategia de Calderón en la estructura de los cárteles de la droga.
Esa cifra está incluso por debajo de los sentenciados por delitos relacionados con armas (24.5%); es igual a los vinculados con robo, fraude y peculado (14.60%); cercana a los que tienen que ver con homicidio doloso y homicidio culposo (12.2%) y sólo supera a quienes purgan penas por secuestro y privación ilegal de la libertad (6.2%).
Incluso de aquel 14.6% condenado por delincuencia organizada sólo una mínima parte dijo ser jefe de organización. El 27.5% aseguró que no tenía funciones de jefe o administración; 14.2% tenía funciones de administración; 13.3% de ayudante, cómplice o colaborador; 10.8% de jefe; 3.3% de dar protección e información; 3.3% de sicario y 1.7% de labores de vigilancia, mientras que 21.5% aseguró que no participaba en la organización delictiva.
También revelador del fracaso de la estrategia calderonista es que los condenados por delincuencia organizada dijeron tener como principales protectores a la Policía Federal (PF), que estuvo a cargo de García Luna.
Del total de sentenciados en los penales federales a cargo del propio García Luna, 10.4% asegura haber tenido la protección de “alguna autoridad”. De éstos, 47.6% señaló a la PF, la corporación que con la desaparición de la SSP propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto pasa a depender de la Secretaría de Gobernación.
Después de la PF, la autoridad más señalada como cómplice fue la policía local, con 22%, seguida por soldados o militares (17.1%), Ministerio Público (12.2%), algún funcionario de Gobernación (11%), alguna persona de seguridad del aeropuerto (2.4%), algún custodio (2.4%) o policía bancario industrial, juez y marino (1.2% cada uno).
De acuerdo con los sentenciados en los penales federales, sólo en 31.7% de esos casos de protección la autoridad fue detenida, lo que indica que siete de cada 10 funcionarios implicados quedaron en la impunidad.
Las sentencias por tipo de droga también indican que el tráfico de mariguana fue la principal actividad afectada y no el negocio de la cocaína y mucho menos el de las drogas sintéticas: 58.7% fue condenado por delitos relacionados con la mariguana, 27.3% con la cocaína, 11.1% con metanfetaminas, 8.3% con heroína, 3.4% con piedra o crack y 2% con pastas o chochos.
La encuesta revela también que la mitad de los sentenciados (51%) fue detenida en flagrancia, sin que mediara alguna investigación policial. “Un elevado número de detenidos en flagrancia suele indicar la ausencia de investigación del delito y la consecuente captura de delincuentes menores”, explican las investigadoras.
El 37.1% de los encuestados dijo que fue detenido por la PF o la Agencia Federal de Investigación (ahora Policía Federal Ministerial), 25.9% por el Ejército, 12.5% por la policía municipal, 11.6% por la policía estatal, 1.6% por la Marina y 18.4% por otra autoridad, como la Policía Judicial, algún agente del Ministerio Público, aduanal o de migración.
Sobre la falta de investigación y los abusos de autoridad están los altos porcentajes relativos a las violaciones de los derechos al momento de la detención. El 91.7% de los sentenciados asegura que nunca le mostraron la orden de aprehensión, en 85% de los casos, los captores no se identificaron y en 70% no informaron a qué corporación pertenecían.
En 49% de los casos los amenazaron con levantar cargos falsos, en 54% hubo otro tipo de amenazas, en 64% humillaciones, en 57% los golpearon y en 77% no escucharon lo que los detenidos tenían que decir.
Los métodos de siempre
Sobre los golpes y agresiones, 68.1% dijo haber sido agredido con objetos, 83.2% a puñetazos, a 64.9% les vendaron los ojos, 61.7% sufrió lesiones por aplastamiento y 55.7% mencionó sofocación o asfixia.
En el caso de violencia sexual, casi una tercer parte de las sentenciadas que recibió golpes al momento de ser detenidas, 27.8% afirma que fue víctima de violencia sexual.
Más de la mitad de quienes purgan condena en los centros federales (53.7%) fueron llevados a un lugar distinto del Ministerio Público después de su detención, en clara violación al artículo 20 de la Constitución.
En 47.6% de esos casos fueron llevados a un cuartel militar o policiaco, una agencia estatal, separos municipales o a la PF. El 12.2% aseguró que fue llevado a una casa clandestina, a un lugar para golpearlo, a un corralón, una casa abandonada, una bodega, un lote baldío o sótano. El 5.4% dijo que lo “anduvieron paseando” o lo llevaron a una carretera o camino; en 4.5% de los casos los llevaron al doctor a un hospital y en 3.9% a una casa de seguridad o alguna oficina secreta.
Incluso en 2.5% de los casos los llevaron directamente a un centro federal de readaptación social o un penal y sólo uno de cada 10 fue presentado ante el Ministerio Público federal o estatal.
También sólo la mitad de los sentenciados fue interrogada por el Ministerio Público; la otra mitad por militares, policías federales o alguna otra autoridad diferente a la encargada de investigar los delitos. La mayoría fue interrogada más de una vez; incluso una cuarta parte aseguró haber sido interrogada más de cinco veces.
Ya en el Ministerio Público a 64.4% no le permitieron hacer una llamada telefónica, a 42% no le dijeron que tenía derecho a un abogado y en 66% de los casos no les dijeron que tenía derecho a no declarar. Más aun, a una tercera parte no se le explicó por qué estaba ahí.
Otra tercera parte asegura que recibió amenazas o fue víctima de uso de la fuerza para obligarla a cambiar su primera declaración ministerial. El 30.5% dijo haberse declarado culpable porque lo torturaron o golpearon, 24.5% porque lo amenazaron, 4.7% porque el agente del Ministerio Público le dijo que era lo mejor y 4.4% porque amenazaron a su familia.
Las investigadoras también encontraron que el arraigo fue una práctica extendida en el gobierno de Calderón.
“Los datos de la encuesta apuntan a que el arraigo no es actualmente usado como una figura extraordinaria. Si tomamos en cuenta que el 14.6% de los sentenciados lo está por delincuencia organizada, poco más de la mitad de las personas sentenciadas que fueron arraigadas corresponden a la delincuencia organizada”, señalan.
Eso significa que sólo con el arraigo el anterior gobierno pudo lograr la mitad de las condenas por delincuencia organizada, pero en 16% de los casos el arraigo duró más de los 80 días establecidos por la Constitución.
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