AUTOR: PAULINA VILLEGAS.
La extinta SSPF y su extitular recibieron duras críticas durante la presentación del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
No es un secreto que, en materia de derechos humanos, la situación en México es grave. Y tampoco el hecho de unos son más culpables que otros.
La extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por el exsecretario Genaro García Luna, fue una de las dependencias que más violaciones de derechos humanos registró el año pasado.
Y por si fuera poco, además se negó a aceptar ni una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta fue una de las acusaciones más duras y concretas lanzadas ayer por el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, durante la presentación del informe anual de la organización, máximo órgano de vigilancia de los derechos humanos, en un acto al que asistió el presidente Enrique Peña Nieto.
Desde la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la CNDH pintó un panorama negro, pero no desconocido, frente a consejeros nacionales de su organismo, diplomáticos como el embajador estadounidense, Anthony Wayne, y representantes de organismos internacionales.
Muertos inocentes
A manera de resumen, el ombudsman admitió que el año pasado México tuvo que hacer frente a un sinfín de dificultades, debido a los constantes enfrentamientos entre las fuerzas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, que se convirtieron en la principal causa de muerte de personas ajenas a estos sucesos.
De acuerdo con Plascencia, en México hay violaciones graves que se creían erradicadas, “como las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos y degradantes, los cateos y detenciones ilegales y la tortura”.
Además, resaltó la aparición de los llamados grupos de autodefensa que se toman la justicia por su propia mano, y alertó a las autoridades para enfocarlo como una señal.
Más de 50 mil quejas
En concreto, durante 2012, la Comisión recibió 41 mil 662 quejas de las que se derivaron 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno.
Entre las instituciones más señaladas, estaban el Instituto Mexicano de Seguridad Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaria de Seguridad Pública, la CFE y el Instituto Nacional de Migración.
El presidente de la Comisión destacó que de ese casi centenar de recomendaciones, la extinta SSPF no aceptó ninguna. Tampoco lo hizo el Gobierno de Sonora, junto con otros ayuntamientos.
Por ejemplo, la SSPF no aceptó la recomendación sobre la detención arbitraria de dos personas, que acabó con la muerte de una de ellas, en Cuernavaca, Morelos. Ni en el enfrentamiento entre estudiantes y policías que terminó con la muerte de dos jóvenes en Ayotzinapa, Guerrero.
Fue incisivo al señalar que, mientras exista impunidad para los delitos y violaciones cometidos por funcionarios públicos y elementos de los cuerpos de seguridad, ninguna política pública en materia de seguridad dará resultados.
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