Los expertos han manifestado su preocupación por el creciente número de grupos civiles de autodefensa o la llamada policía comunitaria, surgidos en diferentes partes de México, que se encargan de suministrar la seguridad.
Según Jorge Chabat, experto en seguridad nacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la creación de tales grupos es un síntoma de la incapacidad del Estado para brindar seguridad, y al mismo tiempo advierte del riesgo de que esas agrupaciones se radicalicen o deriven ellas mismas en organizaciones criminales o que puedan servir de policías comunitarias o realizar operaciones paramilitares.
“Hay diversas caras del mismo fenómeno. Una de ellas la constituyen las policías comunitarias, que surgen básicamente en medios rurales y no suelen contar con el apoyo de personas con mucho dinero (...) No pueden hacer detenciones como ciertos grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán, que están mucho menos regulados y se ubican en una zona gris entre lo legal y lo ilegal”, sostuvo Chabat, refiriéndose a las diferentes caras de dichos grupos: por ejemplo, la de los grupos paramilitares como los colombianos que son patrocinados por gente adinerada que busca protegerse, y la de los que deciden hacer “justicia” por su propia mano.
El 6 de enero, los grupos civiles de autodefensa, formados por unos mil campesinos e indígenas hartos del creciente número de secuestros, robos y extorsiones, y de la pasividad de las autoridades locales, se encargaron de garantizar la seguridad de sus comunidades en varios municipios de Costa Chica de Guerrero: encapuchados y con armas, escopetas y machetes, detuvieron a 54 presuntos delincuentes.
A estos grupos se sumaron los de los municipios de San Miguel Totolapan y Pedro Ascencio Alquisiras, y de Cualac, en las montañas de Guerrero, que tendrá el respaldo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
Fredy Gil, alcalde del estado de Santos Reyes Nopala, a unos 250 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca (sureste), anunció el lunes la formación de su propia policía comunitaria, integrada por 500 hombres equipados con armas y machetes, con el objetivo de luchar contra la inseguridad y el crimen en la región.
Las autoridades mexicanas sostienen que los grupos de autodefensa no están facultados para juzgar y sancionar; sin embargo, representantes de las policías comunitarias dicen ampararse en las normas de usos y costumbres por las que se rigen los pueblos indígenas en varios estados de México, así como por el artículo 39 de la Constitución que señala que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo” y en las convenciones internacionales.
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