AUTOR: ARMANDO ESTROP.
Los funcionarios siguen sin cumplir la ley. A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación revisa el correcto uso del Presupuesto de Egresos, no cesan las irregularidades.
Las revisiones que hace la Auditoría Superior de la Federación desde el 2000, son en realidad la mayoría de las veces, el petate del muerto porque se hacen casi dos años después.
Apenas ayer, por ejemplo, se realizó la entrega de la Cuenta Pública de 2011.
El titular de la Auditoría, Juan Manuel Portal, asistió ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia para entregar el informe y dar cuenta de que las irregularidades persisten.
Señaló que son solo 134 denuncias penales de las mil 111 auditorías que realizaron.
Del universo de revisiones, 611 fueron con enfoque financiero, 287 de desempeño, 141 de inversiones físicas, 54 especiales y 11 forenses.
“Hay aún muchas tareas pendientes para que el régimen democrático de nuestro país cuente con un sistema integral de rendición de cuentas, en el que se establezca claramente que para quien no cumpla su responsabilidad como servidor público, habrá consecuencias. Uno de los impedimentos para lograrlo es la fragmentación que existe a nivel nacional, en áreas como la transparencia, la evaluación, la participación ciudadana y la misma fiscalización”.
El titular de este órgano, que pertenece a la Cámara de Diputados, dijo que, consciente del problema que supone fiscalizar el uso de los recursos públicos, la ASF promovió la iniciativa de que exista un Sistema Nacional de Fiscalización.
Sin embargo, esto no se ha cumplido y la ASF sigue a la espera también de que la reforma constitucional en esta materia sea aprobada en el Senado para que se le otorguen mayores facultades al organismo.
“Si se concreta la reforma constitucional aprobada en la legislatura pasada en esta Cámara y actualmente en curso en el Senado, la ASF seguirá en la ruta para que su labor sea más amplia, ágil y productiva”.
Y es que para muestra, un botón. Uno de los entes siempre auditados y con recomendaciones es el Congreso de la Unión.
Es decir, en su propio órgano interno de control hay irregularidades en la aplicación del gasto de Cámara de Diputados.
Dicho gasto en grupos parlamentarios, que siempre ha sido polémico en el Palacio Legislativo de San Lázaro, volvió a ser tema de la auditoría.
“Se comprobó que existe una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos y registrados en la partida 3991 denominada ‘asignaciones a los grupos parlamentarios’ al no contarse con información que permita verificar su adecuada aplicación. La situación antes descrita se ha presentado de manera similar en la Cámara de Senadores”.
Durante la pasada legislatura, fueron muchos los escándalos que desató la empresa de servicios de limpieza de la Cámara baja por las precarias condiciones en que tenían a sus empleados.
El tema fue llevado por al Partido del Trabajo a tribuna. En el informe de la ASF, se da cuenta de que la empresa cuestionada, efectivamente actuó en forma irregular. Y a pesar de que fue hace ya casi dos años hasta ahora se está poniendo en evidencia públicamente.
Y mientras el proyecto de ley para fortalecer las facultades del ente de gobierno que revisa el correcto gasto, las irregularidades siguen y siguen, siempre con pocos responsables y menos consecuencias jurídicas.
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