AUTOR: JORGE CARRASCO A. Y ANABEL HERNÁNDEZ.
Ya sea que se confirmen o no las fuertes versiones recabadas por Proceso en el sentido de que la explosión en las oficinas centrales de Pemex se debió a un atentado urdido por Los Zetas, lo que queda al descubierto en la tragedia es la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas del país y de la población civil.
La afectación física de las oficinas administrativas de Pemex en la capital del país congregó a los servicios de seguridad e inteligencia del Estado. Al lugar corrieron agentes y elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF), Ejército, Marina y de las agencias de seguridad y justicia del Distrito Federal.
Todos acudieron a recabar información; los militares pusieron en marcha el plan DN III de ayuda a la población civil. También llegaron Peña Nieto, su supersecretario de Gobernación –encargado político y operativo de la seguridad del país–, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Participantes en esos encuentros aseguraron a Proceso que desde los primeros momentos de la destrucción de los tres niveles de la edificio B-2 elementos del Cisen y peritos de la PGR sostuvieron la idea de un atentado.
Los expertos consultados refirieron rastros de explosivo Composite 4 (C4), una potente carga formada por explosivo químico y un aglomerante plástico que es de uso militar y ha sido empleado en varios atentados terroristas.
Mencionaron incluso que algunas cargas no detonaron; de lo contrario, el número de víctimas hubiera sido mayor. Los datos oficiales contabilizaron 33 personas muertas y 101 heridas, algunas de gravedad.
De acuerdo con esa versión, los peritos en explosivos del Ejército y de la Marina recogieron los restos del material y lo llevaron al Campo Militar número 1, donde confirmaron que es C4. Estiman que el explosivo se colocó en pequeñas cantidades en áreas cerradas, como aire acondicionado, cuartos de servicio y botes de intendencia, y que habría sido ingresado en mochilas o portafolios.
Los expertos estadunidenses llegaron al complejo administrativo hacia las 10 de la noche en un vuelo privado. Lo primero que hicieron fue rastrear las llamadas realizadas desde esas oficinas y las efectuadas a éstas.
En especial, se rastreó una llamada desde Veracruz, donde el Ejército ha asegurado varias cargas de explosivo C4, dijeron.
Los peritos estadunidenses también recogieron audios de Pemex, revisaron los autos de la zona y pidieron los videos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues no descartaron la presencia de extranjeros sospechosos.
Más inquietante, esa versión sostiene que en el lugar se habría encontrado información relacionada con Los Zetas, quienes entre otras actividades delictivas se dedican a la “ordeña” de ductos de Pemex para revender el combustible que ellos llaman huachicol.
El supuesto indicio de la presencia del narcotráfico sería un reclamo de ese cártel a Osorio Chong porque la Policía Federal y la DEA realizan operaciones en Veracruz con uniformes y vehículos de Pemex. Personal especializado de la Sedena habría viajado esa misma noche a aquel estado, bastión zeta.
Las fuentes dijeron que el 12 de enero pasado aparecieron mantas en Hidalgo y Zacatecas en contra del secretario de Gobernación: “Osorio Chong no estás respetando el acuerdo con nuestro jefe máximo. No por muerto te valga madre porque nos dejó órdenes precisas”. El mensaje habría aludido a Heriberto Lazcano, El Lazca, ejecutado de manera fortuita por la Marina en octubre último.
Ni el Cisen ni el Ejército ni nadie advirtió de una tragedia como la del jueves. Sea accidente o atentado, es producto de la negligencia del aparato de seguridad del Estado, asegura Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana y consultor académico del Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI), de Londres.
“Trátese de un accidente o, peor aún, de un atentado, la explosión constituye un primer desafío al gobierno de Peña Nieto sobre sus concepciones de seguridad y manejo de riesgos”, asegura.
La cerrazón informativa que ha mostrado su gobierno abona toda clase de hipótesis: Desde que el avejentado equipo de las instalaciones administrativas de Pemex potenció una alta concentración de gas, hasta la de un supuesto atentado que se habría realizado para producir miedo o terror entre la población y poner en evidencia la vulnerabilidad gubernamental justo al inicio de la gestión de Peña Nieto y precisamente en torno de un organismo estratégico del Estado.
Tirado pondera, sin embargo, el hecho de que el edificio principal no haya sido afectado, además de la falta de reivindicación del ataque, como cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) admitió haber provocado ocho explosiones en ductos de Pemex en Guanajuato en julio de 2007, al inicio del gobierno de Felipe Calderón.
“Si bien el gobierno de Peña Nieto respondió con presencia y acciones para la atención inmediata del problema, en el fondo lo que ha hecho es negarse a informar. Una vez que tomó el control de la información desde el momento mismo de la explosión, el cerco y la ausencia de datos ha generado incertidumbre y alimentado todo tipo de explicaciones”, dice el especialista.
Añade que después de los atentados terroristas de septiembre de 2011 en Estados Unidos, en lugares donde se han registrado ataques de ese tipo, como en Madrid en 2004, y Londres en 2005 y 2012, se ha reconocido la naturaleza de los hechos, lo que ha permitido un mejor manejo de control de daños. Lo mismo se ha hecho en Colombia. Aquí, dice Erubiel Tirado, la apuesta gubernamental se ha basado hasta ahora en la experiencia política de los operadores y en el control de la información.
Este es un extracto del reportaje que se publica bajo el título Vulnerabilidad a los accidentes… y los atentados en la edición 1892 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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